29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Adorni en diputados, pasándose el trago amargo con agua. Imagen: LPO/Juan Casas.
El informe llegó tarde, abultado y, sobre todo, vacío de respuestas sustanciales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió a la Cámara de Diputados un documento de casi dos mil páginas que, lejos de aclarar las sospechas sobre su patrimonio, profundizó la opacidad. Formalismos, remisiones cruzadas y el recurso a la “confidencialidad” fueron la estrategia elegida para esquivar las preguntas más incómodas.
El timing no fue inocente. Tras semanas de reclamos, el informe llegó a las 8 de la mañana del mismo día de su exposición, dejando a la oposición con apenas un par de horas para revisar 2151 respuestas. Una maniobra que, en los hechos, vació de contenido el control parlamentario y anticipó un clima de máxima tensión en el recinto.
El núcleo del conflicto gira en torno a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el funcionario. Sin embargo, ante las consultas sobre omisiones en sus declaraciones juradas, Adorni optó por parapetarse en la normativa vigente. Alegó que los bienes de su esposa, Bettina Angeletti, forman parte de un anexo reservado bajo la órbita de la Oficina Anticorrupción, amparado por la ley. Legal, sí; políticamente insuficiente en un contexto donde lo que se reclama es transparencia, no tecnicismos.
El patrón se repite en otros puntos sensibles. Consultado sobre un viaje en avión privado a Punta del Este presuntamente financiado por su socio y amigo Marcelo Grandío, la respuesta fue tan breve como elusiva: no hay registros de viajes financiados por terceros. Sin detalles, sin contexto, sin explicación sobre posibles conflictos de interés.
La misma lógica se aplicó a las contrataciones en medios públicos. Ante preguntas sobre vínculos entre Grandío y Radio y Televisión Argentina (RTA), Adorni se limitó a afirmar que el empresario no fue contratado. Un tecnicismo que omite un dato clave: los contratos habrían sido canalizados a través de una productora, en un esquema que levanta sospechas sobre triangulación de servicios y beneficios indirectos.
Tampoco hubo claridad respecto a la firma de su esposa. El jefe de Gabinete aseguró que no existen contrataciones con el Estado nacional, pero evitó responder sobre posibles vínculos indirectos con proveedores o empresas que operan con organismos públicos. Otra vez, la letra fría de la respuesta contrasta con el volumen de las sospechas.
Mientras tanto, el frente judicial avanza con números que complican el relato oficial. Según trascendió en medios nacionales, la investigación ya habría detectado movimientos en efectivo por más de 100 mil dólares en menos de un año, además de deudas significativas con vencimientos cercanos. Cifras difíciles de conciliar con los ingresos declarados por el funcionario, que hasta hace pocos meses percibía un salario que no alcanza para explicar ese flujo de dinero.
El resultado es un informe que cumple con la formalidad, pero no con el fondo. En lugar de despejar dudas, las encapsula. En lugar de transparentar, fragmenta la información. Y en lugar de fortalecer el control institucional, lo debilita.
La oposición ya anticipa que no dejará pasar el tema y evalúa endurecer su postura en el recinto. Porque lo que está en juego no es solo la situación patrimonial de un funcionario, sino algo más amplio: la credibilidad de un Gobierno que promete transparencia mientras sus principales figuras responden con evasivas.
