05/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Barrios populares en Salta. Imagen: Pablo Yapura/El Tribuno.
La preocupación crece en los barrios populares de Salta ante la posible modificación de la Ley 27.453, una norma clave que actualmente protege a miles de familias. Referentes sociales advierten que los cambios podrían frenar obras esenciales, cortar el financiamiento y habilitar desalojos en zonas donde viven comunidades enteras desde hace décadas.
En la capital salteña, donde se contabilizan 52 asentamientos, la inquietud es inmediata. A nivel provincial, el número asciende a 354 barrios, lo que implica que más de 120 mil personas podrían verse alcanzadas por las modificaciones en debate.
La ley vigente, sancionada en 2018, establece la integración urbana de los barrios registrados en el RENABAP, suspende desalojos y promueve el acceso a servicios básicos y a la regularización de la propiedad de la tierra. Sin embargo, la posibilidad de cambios en ese marco legal encendió alertas en organizaciones territoriales.
Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku e integrante de la Mesa de Barrios Populares de Salta Capital, advirtió que la reforma podría afectar directamente los procesos de urbanización en marcha. En su barrio, por ejemplo, un proyecto de red cloacal quedó paralizado en medio de la incertidumbre.
Otro de los puntos críticos es la situación de las familias asentadas en terrenos privados. Referentes barriales señalan que una modificación de la ley podría facilitar los desalojos, incluso en casos donde las comunidades llevan décadas ocupando esos espacios. En localidades del interior ya se registraron notificaciones y trámites iniciados por propietarios.
A esto se suma el contexto económico de los habitantes de estos barrios, donde predominan los ingresos informales. Según indicaron desde las organizaciones, esta situación dificulta el acceso a alternativas como el alquiler, lo que profundiza la vulnerabilidad ante posibles cambios legales.
Frente a este escenario, la Mesa de Barrios Populares solicitó la apertura de una mesa de diálogo con autoridades provinciales y municipales para analizar el impacto de la reforma y plantear propuestas.
Mientras el proyecto avanza en el ámbito nacional, la incertidumbre se mantiene en los barrios, donde el eje de la preocupación gira en torno a la continuidad de las obras, la seguridad habitacional y el futuro de miles de familias.
