14/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Prensa.
Un confuso y explosivo operativo en una finca de Salta quedó bajo análisis de la Justicia Federal luego de que 19 personas fueran encontradas en condiciones compatibles con presunta trata laboral, mientras al mismo tiempo aparecían denunciadas por usurpación y tala ilegal.
El procedimiento se realizó en una finca ubicada en Talavera, departamento Anta, luego de una denuncia presentada por supuestos ingresos ilegales y extracción clandestina de madera. Sin embargo, al llegar al lugar, efectivos policiales y organismos provinciales encontraron campamentos precarios, trabajadores durmiendo a la intemperie y menores realizando tareas rurales en condiciones extremas.
La investigación quedó ahora en manos de la fiscalía federal, que intenta determinar si las personas denunciadas eran en realidad víctimas de explotación laboral.
La jefa de la División Trata de Personas de la Policía provincial, Janet Marisol Ale, confirmó que en la finca había cuatro campamentos sin servicios básicos y sin condiciones mínimas de habitabilidad.
Durante el operativo también detectaron a dos menores de edad, de entre 16 y 17 años, trabajando en el predio junto a adultos provenientes de Rivadavia Banda Sur, Joaquín V. González y Taco Pozo.
Según trascendió, la denuncia original fue presentada por un empleado vinculado a la firma titular registral del campo Santa Rosa, ubicado entre El Quebrachal y Talavera. La acusación apuntaba a un supuesto grupo de personas que habría ingresado ilegalmente para extraer madera.
Sin embargo, la escena encontrada por las autoridades abrió otra línea de investigación mucho más grave: posible trata laboral, explotación y reducción a condiciones infrahumanas.
La situación se agravó porque apenas un día antes, en Joaquín V. González, otros nueve trabajadores fueron hallados en circunstancias similares, realizando tareas rurales sin ropa adecuada y viviendo en condiciones precarias.
Fuentes judiciales señalaron que detrás del caso también podría existir una disputa por la propiedad de las tierras, mientras la Justicia intenta definir si los trabajadores eran ocupantes ilegales o víctimas captadas para realizar tareas en condiciones esclavizantes.
El expediente quedó bajo análisis federal y podría derivar en una causa por trata de personas y explotación laboral.
