27/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El Congreso habilitó a Rodrigo Paz a sacar los militares a la calle y crece el temor a una represión masiva. Imagen: Marvin Recinos/AFP.
Bolivia entró en una fase explosiva. En medio de protestas, cortes de rutas, desabastecimiento y muertos, el Congreso le abrió la puerta al presidente Rodrigo Paz para militarizar el conflicto social y avanzar hacia un posible estado de excepción.
La Cámara de Diputados aprobó la anulación de la ley 1341, la norma que desde 2020 limitaba el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. El mensaje político fue brutal: el gobierno ya prepara el terreno legal para sacar soldados a las calles si la crisis sigue escalando.
La sesión parlamentaria duró más de cinco horas y tuvo un dato tan simbólico como alarmante: debió hacerse de manera virtual porque muchos legisladores ni siquiera pudieron llegar a La Paz debido a los bloqueos y protestas que paralizan al país.
El oficialismo asegura que todavía no está decidido el estado de excepción, pero en Bolivia pocos creen ya en los discursos moderados. El propio gobierno admitió que esa herramienta está “sobre la mesa” y que sería aplicada si fracasan las negociaciones.
Detrás de la avanzada legislativa aparece un escenario de creciente desesperación. Desde hace tres semanas, sindicatos campesinos, sectores vinculados al expresidente Evo Morales y organizaciones sociales mantienen protestas masivas exigiendo la renuncia inmediata de Paz, que apenas lleva poco más de seis meses en el poder.
Siguen las protesta en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz. Imagen: Marvin Recinos/AFP.
Las imágenes de rutas cortadas, ciudades aisladas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ya recorren toda América Latina.
El diputado Carlos Alarcón, uno de los impulsores de la reforma, defendió la decisión con un discurso de mano dura extrema. Dijo que la ley derogada protegía a grupos “violentos” y acusó a la normativa de haber “desnaturalizado” el estado de excepción frente al “caos y la anarquía”.
La oposición más crítica, en cambio, denunció que el gobierno está construyendo una maquinaria represiva peligrosa. El legislador Edwin Valda advirtió que eliminar esos límites legales puede desatar “más violencia” y dejar a las protestas sociales completamente indefensas frente al aparato militar.
La tensión crece minuto a minuto. Los bloqueos ya golpean de lleno a regiones clave como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Empiezan a faltar alimentos, combustibles y hasta oxígeno medicinal.
Mientras tanto, la violencia ya dejó muertos. La Fiscalía investiga el fallecimiento de un hombre durante un operativo de despeje de rutas, mientras que las autoridades denuncian que otras cuatro personas —incluido un niño de 12 años— murieron por no poder acceder a atención médica debido a los cortes.
Bolivia quedó atrapada entre un gobierno debilitado, una rebelión social cada vez más agresiva y la sombra de una militarización que amenaza con incendiar todavía más las calles.
