02/06/2026.- Salta al Instante.- Gaby Pachteng.- Foto portada: Agostina a la izquierda, a la derecha Claudio Barrelier. Imagen: Web.
El femicidio de Agostina sigue generando una fuerte conmoción social y política en Córdoba. En medio de las crecientes críticas contra la investigación judicial, la exconcejal, docente y periodista Laura Vilches lanzó durísimas acusaciones contra el fiscal de la causa, el Ministerio de Seguridad provincial y el gobierno nacional, a quienes responsabilizó de haber intentado minimizar el crimen evitando nombrarlo como lo que, según sostuvo, fue desde el primer momento: un femicidio.
Durante una entrevista en el programa Minuto Uno, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre, Vilches relató su participación en la polémica conferencia de prensa brindada por el fiscal que lleva adelante la investigación. Allí, según explicó, decidió interpelarlo públicamente por negarse a utilizar la figura de femicidio pese a los elementos que ya existían en la causa.
Para la dirigente de izquierda, la postura adoptada por la fiscalía no respondió a criterios jurídicos sino a una decisión política vinculada al discurso impulsado desde el gobierno nacional.
“Hubo una clara negativa a nombrar la violencia de género con todas las letras. Lo que vimos fue un intento deliberado de hablar solamente de homicidio cuando había elementos suficientes para reconocer que estábamos frente a un femicidio”, afirmó.
Vilches vinculó esa actitud con lo que considera un alineamiento entre sectores del poder político cordobés y la administración de Javier Milei. Según sostuvo, existe una coincidencia ideológica que busca relativizar o directamente negar la existencia de la violencia de género como problemática específica.
En ese sentido, apuntó directamente contra el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al que acusó de mantener una estrecha sintonía política con la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“Hay una línea política muy clara. El fiscal está alineado con el ministro Quinteros y Quinteros está alineado con Patricia Bullrich y con el gobierno de Milei. Todo eso quedó reflejado en la manera en que intentaron presentar este caso”, señaló.
La periodista también cuestionó el papel desempeñado por el gobernador Martín Llaryora y recordó el respaldo que sectores del peronismo cordobés han brindado a iniciativas impulsadas por el gobierno nacional.
A su entender, la resistencia inicial a incorporar la figura de femicidio fue parte de una estrategia política más amplia destinada a deslegitimar las políticas de género y los avances conquistados por el movimiento de mujeres durante los últimos años.
Sin embargo, Vilches consideró que la presión social terminó modificando el escenario.
“La familia, las organizaciones, los medios y gran parte de la sociedad hicieron una presión enorme. Fue tan escandalosa la conferencia de prensa que terminó dejando expuestas todas las contradicciones de quienes intentaban sostener esa postura”, aseguró.
Pero las críticas más graves estuvieron dirigidas al funcionamiento de la Justicia durante las horas decisivas posteriores a la desaparición de Agostina. Según relató, la familia denunció numerosas irregularidades que habrían dificultado la búsqueda de la joven y retrasado medidas fundamentales para encontrarla.
Uno de los puntos más cuestionados fue la demora para recibir la denuncia de desaparición presentada por la madre de Agostina. “Pasaron más de cuatro horas hasta que le tomaron la denuncia. Para cualquier familia que está atravesando una situación así, esas horas son eternas. Son momentos en los que cada minuto puede marcar una diferencia”, expresó.
Vilches sostuvo que, mientras las autoridades demoraban actuaciones básicas, eran los propios familiares quienes se encontraban movilizando recursos para intentar localizar a la joven.
Según explicó, la familia organizó campañas en redes sociales, distribuyó fotografías, difundió números de contacto y comenzó a recibir información aportada por vecinos y testigos. Entre esos datos apareció el nombre de un remisero que podría haber tenido información relevante sobre los movimientos de Agostina.
Sin embargo, según denunció, la Justicia no actuó con la rapidez que la situación requería.
“La familia llevó inmediatamente ese dato a las autoridades. Era una pista concreta y urgente. Pero recién al día siguiente se tomó en cuenta el testimonio. Eso muestra la falta de reacción que existió desde el comienzo”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron los procedimientos posteriores. Vilches cuestionó la demora en la realización de allanamientos y sostuvo que hubo un manejo deficiente de los lugares vinculados a la investigación.
A su entender, la actuación judicial estuvo muy lejos de la imagen de eficiencia que posteriormente intentó transmitir el fiscal durante su exposición pública.
“Lo que vimos fue una sucesión de errores, omisiones y desprolijidades. Por eso resultó tan indignante escuchar al fiscal felicitarse por el trabajo realizado. Quienes seguíamos el caso sabíamos perfectamente que la realidad era otra”, sostuvo.
La periodista recordó además el momento de tensión que se produjo durante la conferencia de prensa, cuando cuestionó directamente el accionar del funcionario judicial.
Según indicó, la reacción social fue inmediata porque muchas personas percibieron la misma contradicción entre el discurso oficial y lo que realmente había ocurrido durante la investigación.
“Había una indignación generalizada. No solamente entre quienes estábamos presentes. También entre colegas, familiares y personas que seguían el caso desde afuera. Era imposible no advertir el nivel de cinismo que había en algunas afirmaciones”, aseguró.
Otro de los aspectos que generó mayor controversia fue la situación del principal acusado, Barrelier. Vilches sostuvo que el comportamiento del sospechoso revelaría una sensación de impunidad construida durante años gracias a sus vínculos con sectores del poder político local.
“Se manejó como alguien convencido de que estaba protegido. Como alguien que creía que podía volver a salir indemne de una situación extremadamente grave”, afirmó.
La dirigente recordó que Barrelier ya había sido investigado anteriormente por un caso de privación ilegítima de la libertad y cuestionó que aquella causa no hubiera derivado en medidas más contundentes.
Según señaló, la falta de consecuencias judiciales en ese episodio previo podría haber contribuido a reforzar la sensación de impunidad. Pero además puso el foco sobre los contactos políticos del acusado.
En particular mencionó la relación con Ricardo Moreno, actual concejal del Partido Justicialista cordobés y abogado defensor de Barrelier en la causa anterior. “Es indispensable investigar todos esos vínculos. No estamos hablando de relaciones menores. Son conexiones con sectores que tienen peso político y capacidad de influencia”, sostuvo.
Vilches también reclamó que se profundicen las investigaciones sobre posibles relaciones con ámbitos sindicales ligados a las 62 Organizaciones Peronistas.Según afirmó, se trata de estructuras que históricamente han acumulado poder territorial y político dentro de la provincia.
Para la periodista, el caso Agostina no solamente expone las fallas de una investigación judicial, sino que también deja al descubierto mecanismos de protección e impunidad que atraviesan distintos sectores del poder. Por eso respaldó el pedido de jury impulsado contra funcionarios judiciales involucrados en la causa.
Aunque reconoció las dificultades que enfrenta una iniciativa de ese tipo en Córdoba, consideró que resulta indispensable avanzar en el esclarecimiento de todas las responsabilidades. “La relación entre la Justicia y el poder político provincial es extremadamente estrecha. Lo sabemos todos. Pero eso no significa que haya que dejar de denunciarlo”, afirmó.
Mientras tanto, el reclamo de justicia sigue creciendo. La familia de Agostina continúa exigiendo respuestas por las demoras, por las decisiones adoptadas durante la búsqueda y por las actuaciones que consideran inexplicables.
Al mismo tiempo, organizaciones feministas y sectores sociales mantienen la presión para que el caso sea investigado con perspectiva de género y para que se determinen eventuales responsabilidades de funcionarios que pudieron haber actuado con negligencia.
El crimen de Agostina se convirtió así en mucho más que una causa judicial. Se transformó en un símbolo de las tensiones que atraviesan actualmente el debate sobre violencia de género en Argentina y en una prueba para una Justicia que hoy enfrenta serios cuestionamientos por parte de una sociedad que exige respuestas, transparencia y verdad.
