23/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Setenta años después de una de las páginas más oscuras de la historia argentina, la Justicia Federal reconoció la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos durante la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.
En un histórico juicio por la verdad, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, dio por probado que el Estado argentino participó en la planificación, ejecución y encubrimiento del secuestro de 12 personas ocurrido durante la madrugada del 10 de junio de 1956, que terminó con el asesinato de cinco militantes peronistas y la tentativa de homicidio contra otros siete sobrevivientes.
El fallo calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad y declaró la responsabilidad de las máximas autoridades de la dictadura de entonces: los generales Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, además de integrantes de la estructura de inteligencia y de la Policía Bonaerense.
La resolución judicial representa un reconocimiento histórico para las familias de las víctimas, que durante siete décadas reclamaron memoria y verdad sobre una masacre que quedó grabada en la historia argentina a través de la investigación del periodista Rodolfo Walsh en su obra «Operación Masacre».
«Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos», expresó la magistrada al leer la sentencia.
Una noche de terror que marcó la historia argentina
Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 1956, cuando un grupo de personas se reunió en una vivienda ubicada en Florida, partido de Vicente López, para escuchar una pelea de boxeo.
Sin embargo, en medio de la tensión política de la época, algunos de los presentes esperaban también información sobre el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu y Rojas.
La represión llegó cerca de las 23.20. Un operativo policial irrumpió en el domicilio y detuvo a los hombres que estaban allí. Entre ellos estaban Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso, Mario Brión y Juan Carlos Livraga, entre otros.
También fueron detenidos Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Reinaldo Benavídez y Julio Troxler. Uno de los hombres logró escapar durante el operativo.
Según quedó probado en el juicio, los detenidos fueron trasladados a la Unidad Regional de San Martín y permanecieron bajo custodia policial cuando todavía no había sido difundida la ley marcial que luego sería utilizada como argumento para justificar la represión.
La querella sostuvo que la norma llegó después de las detenciones y que fue utilizada como una cobertura para ejecutar una decisión ya tomada.
Horas más tarde, por orden del jefe de la Policía Bonaerense, los detenidos fueron trasladados a un descampado en José León Suárez, donde fueron fusilados.
Cinco de ellos murieron en el lugar: Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión.
Los otros siete sobrevivieron a la masacre. Entre ellos estuvo Juan Carlos Livraga, conocido como «el fusilado que vive», quien recibió varios disparos y logró escapar arrastrándose herido hasta encontrar ayuda.
Responsabilidades señaladas y una condena simbólica
Debido al paso del tiempo, ninguno de los responsables identificados llegó a enfrentar un juicio penal. Todos fallecieron antes de que pudiera avanzar una causa con consecuencias judiciales.
Por ese motivo, el proceso fue un juicio por la verdad: una herramienta destinada a reconstruir los hechos, reconocer responsabilidades estatales y garantizar memoria histórica, aunque sin imponer penas.
La sentencia señaló la responsabilidad de Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, el jefe de la SIDE Juan Constantino Quaranta, el jefe de la Policía Bonaerense Desiderio Fernández Suárez y otros funcionarios vinculados al operativo.
El fallo estableció que, de haber sido juzgados en vida, los responsables podrían haber recibido condenas de prisión perpetua.
Reparación y memoria: las medidas ordenadas por la Justicia
Además del reconocimiento histórico, la jueza ordenó una serie de medidas reparatorias.
Entre ellas se encuentran la publicación de la sentencia en sitios oficiales del Estado nacional y bonaerense, la creación de un espacio de memoria que preserve la historia de lo ocurrido y la incorporación de las víctimas en registros oficiales de violencia institucional.
También dispuso la rehabilitación pública del nombre y honor de quienes fueron asesinados y perseguidos.
La decisión judicial busca reparar, aunque sea parcialmente, décadas de silencio e impunidad que rodearon uno de los episodios más graves de violencia estatal de la Argentina del siglo XX.
La memoria como respuesta frente al olvido
El juicio por los fusilamientos de José León Suárez se suma a otros procesos históricos de reconstrucción de la verdad, como el realizado por la masacre de Napalpí, donde la Justicia reconoció la responsabilidad estatal por el asesinato de integrantes de las comunidades Qom y Moqoit en 1924.
A siete décadas de aquella madrugada de terror, la Justicia finalmente puso nombre y responsabilidad institucional a una tragedia que durante años fue negada.
El fallo no cambia la historia de quienes fueron asesinados ni devuelve la vida a las víctimas, pero deja una definición contundente: el Estado argentino fue responsable de una operación represiva ilegal que terminó con fusilamientos y crímenes que hoy son reconocidos como delitos contra la humanidad.
