23/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Apelan las condenas a manifestantes detenidos durante la protesta contra la Ley Bases y crece la disputa por el protocolo antipiquetes de Bullrich. Represión en el gobierno de Milei y Bullrich. Imagen: Juan Ignacio Roncoroni/EFE.
La pelea por los límites de la protesta social llegó nuevamente a los tribunales. La defensa de cuatro manifestantes condenados por supuestos ataques contra efectivos policiales durante una movilización contra la Ley Bases apelará la sentencia y buscará que la Justicia porteña dicte la absolución.
La audiencia se realizará el próximo 25 de junio ante la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde los abogados de Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra intentarán revertir una condena que consideran injusta y basada en pruebas contradictorias.
El caso es observado con especial atención porque se trata del primer juicio derivado de una protesta en la que fue aplicado el cuestionado Protocolo Antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el gobierno de Javier Milei.
Para la defensa, el expediente se convirtió en un símbolo de la criminalización de la protesta social y sostiene que las pruebas reunidas durante el proceso no demuestran que los acusados hayan arrojado piedras ni protagonizado hechos violentos.
«Está en juego mucho más que la situación individual de cada uno. Está en juego el derecho a la libertad de expresión, a la petición a las autoridades y a la protesta pacífica», afirmó el abogado defensor Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep).
Condenas y cuestionamientos al fallo
Los cuatro manifestantes fueron condenados por el delito de «atentado contra la autoridad» a seis meses de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias.
La sentencia fue dictada por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28 porteño, quien consideró válidos los testimonios de los policías que participaron del operativo.
Según la acusación, los manifestantes habían arrojado piedras y botellas contra efectivos de la Policía Federal durante la movilización realizada el 2 de febrero de 2024 frente al Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley Bases impulsada por el gobierno de Milei.
Sin embargo, la defensa sostiene que las imágenes registradas por distintas cámaras contradicen esa versión y muestran una situación diferente.
Desde Cadep remarcaron que solamente cuatro de las 14 personas detenidas aquel día llegaron a juicio y que, durante el proceso, no se logró acreditar la acusación inicial.
La defensa denuncia contradicciones policiales
Uno de los principales argumentos de la apelación apunta contra las declaraciones de los agentes que intervinieron en las detenciones.
Según los abogados defensores, los testimonios policiales presentaron contradicciones entre sí y no coinciden con los registros audiovisuales del operativo.
«Los cuatro policías dicen cuatro cosas distintas, relatan situaciones absolutamente incompatibles entre sí», sostuvo Alderete.
La defensa asegura que mientras algunos efectivos describieron una escena de violencia generalizada, otros señalaron que solo habían visto a una persona arrojando objetos.
Para los abogados, esa falta de coherencia debería haber impedido una condena.
El caso del músico detenido que encendió la polémica
Uno de los casos que la defensa considera más emblemáticos es el de Carlos Denuble, un músico que fue detenido mientras tocaba una flauta melódica durante la protesta.
Según Alderete, existen registros audiovisuales que muestran al hombre caminando durante varios metros mientras realizaba su actividad artística hasta el momento en que fue reducido por la policía.
«En ningún momento deja de tocar para tirar una piedra», sostuvo el abogado.
La defensa cuestiona que la jueza haya considerado posible que, en un momento no registrado por las cámaras, el músico hubiera arrojado una piedra, pese a que las imágenes previas muestran una conducta pacífica.
«Es como pasar de una persona tranquila tocando una flauta a convertirse en otra persona completamente distinta», señaló Alderete al cuestionar la interpretación judicial.
El debate sobre la protesta social
El juicio reabre una discusión más amplia sobre el derecho a manifestarse y el alcance del protocolo antipiquetes aplicado por el Ministerio de Seguridad.
Para el Gobierno nacional, la medida busca garantizar la circulación y evitar cortes de calles que afecten a terceros.
Para organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, el protocolo representa una herramienta de persecución contra quienes ejercen el derecho constitucional a protestar.
La defensa de los cuatro condenados sostiene que el caso constituye un precedente peligroso porque podría habilitar sanciones contra manifestantes sin pruebas suficientes.
«Si se condena con estos argumentos, se está criminalizando una protesta pacífica», afirmó Alderete.
Una apelación que puede marcar precedente
La Cámara Penal Contravencional y de Faltas deberá ahora revisar los argumentos de la defensa y analizar si las pruebas reunidas alcanzan para sostener las condenas.
Los abogados esperan que el tribunal valore nuevamente los videos y testimonios incorporados al expediente y consideran que, si se aplica estrictamente la prueba producida durante el juicio, corresponde una absolución.
El resultado de la audiencia podría convertirse en un antecedente clave sobre cómo la Justicia porteña interpreta las protestas ocurridas bajo la vigencia del protocolo antipiquetes.
Mientras el Gobierno defiende su política de seguridad, las organizaciones que acompañan a los manifestantes advierten que el conflicto de fondo es otro: dónde termina el control estatal y dónde comienza el derecho ciudadano a reclamar.
