25/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Novelli, Milei y Terrones Godoy, implicados en la criptoestafa $Libra. IA.
El escándalo de la criptomoneda $LIBRA volvió a golpear de lleno a la Casa Rosada. Los damnificados por el derrumbe del token lanzaron una dura ofensiva judicial contra los principales imputados de la causa, entre ellos el presidente Javier Milei, el empresario Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, a quienes señalan como piezas clave de una estructura que, según sostienen, excede ampliamente una simple inversión fallida.
Las querellas pidieron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que rechace de manera contundente el intento de Novelli de expulsar a las víctimas del expediente. Para los denunciantes, la maniobra busca conseguir por la puerta trasera lo que todavía no pudo obtener en los tribunales: una suerte de sobreseimiento anticipado que desactive una investigación cada vez más incómoda para el Gobierno.
«No fue una mala inversión, fue una trampa»
La defensa de Novelli intenta instalar que los inversores perdieron dinero por los riesgos naturales del mercado de criptomonedas. Sin embargo, los querellantes sostienen exactamente lo contrario: afirman que existió una maniobra organizada desde el inicio para captar fondos utilizando información privilegiada, manipular el mercado y vaciar la liquidez apenas ingresó el dinero de miles de personas.
Según los denunciantes, el proyecto fue presentado como una iniciativa destinada a financiar startups y pequeñas empresas argentinas. La promoción incluía la participación pública de Javier Milei, cuya figura presidencial habría sido utilizada como garantía de confianza para atraer inversores.
Pero el supuesto proyecto productivo jamás existió.
Para los damnificados, el verdadero objetivo era generar una apariencia de legitimidad institucional que permitiera inflar artificialmente el valor del token antes de ejecutar una retirada masiva de fondos.
La figura de Milei, en el centro de la polémica
Uno de los puntos más delicados de la causa es el rol atribuido al Presidente.
Los querellantes remarcan que Milei fue quien difundió públicamente el contrato para adquirir el token, otorgándole una validación política sin precedentes. Miles de personas habrían invertido precisamente porque la promoción provenía del máximo mandatario nacional.
La acusación sostiene que la investidura presidencial fue utilizada como herramienta para generar confianza y ocultar los verdaderos riesgos de una operación que ya habría estado diseñada para beneficiar a un reducido grupo de operadores.
Por esa razón, los denunciantes rechazan la teoría de la «autorresponsabilidad» impulsada por las defensas. Argumentan que ningún inversor podía prever que detrás de la promoción existiera una estructura que, según describen, combinaba acceso privilegiado a información, manipulación coordinada y extracción planificada de fondos.
Sospechas de asociación ilícita, coimas y lavado
El expediente ya no gira únicamente alrededor de una presunta estafa.
Las querellas sostienen que existen elementos compatibles con delitos mucho más graves, entre ellos asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Entre los puntos que remarcan aparecen:
- Presuntos pagos millonarios para acceder a funcionarios y a la figura presidencial.
- Operaciones realizadas con información privilegiada segundos antes de la promoción pública del token.
- Manipulación algorítmica mediante bots.
- Utilización de estructuras offshore.
- Movimientos patrimoniales sospechosos posteriores al colapso de la criptomoneda.
- El vaciamiento de una caja de seguridad atribuida a Novelli tras el escándalo.
Para los abogados de las víctimas, estos elementos muestran una operatoria mucho más cercana al crimen financiero organizado que a una simple aventura especulativa.
Millones desaparecidos y miles de perjudicados
Uno de los querellantes asegura haber demostrado que el grupo creador obtuvo al menos 44,5 millones de dólares gracias al uso de información privilegiada ejecutada segundos antes de la publicación del mensaje presidencial.
Posteriormente, el empresario estadounidense Hayden Davis reconoció públicamente haber retenido alrededor de 100 millones de dólares vinculados a la operatoria.
Además, informes especializados estiman que las pérdidas totales provocadas por el colapso de $LIBRA podrían superar los 280 millones de dólares.
La propia investigación judicial menciona que más de 40.000 personas habrían resultado afectadas por la abrupta caída del valor del activo digital.
Una causa que incomoda al Gobierno
Los denunciantes consideran que la ofensiva para expulsarlos del expediente no busca resolver una cuestión procesal, sino frenar una investigación que podría acercarse peligrosamente a las máximas autoridades nacionales.
Mientras tanto, continúan pendientes medidas clave, entre ellas el análisis definitivo de los teléfonos secuestrados, la trazabilidad de los fondos obtenidos durante la operación y la eventual citación a declaración indagatoria de varios de los principales involucrados.
Con cada nueva presentación judicial, el caso $LIBRA deja de parecer una simple polémica financiera para transformarse en uno de los escándalos políticos y económicos más explosivos de la era Milei, con interrogantes que todavía esperan respuesta y una creciente presión para determinar quiénes se beneficiaron realmente de una operación que dejó miles de damnificados y cientos de millones de dólares evaporados.
