07/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Un informe del Comité contra la Tortura revela un sistema penitenciario colapsado en Salta, hacinamiento extremo, denuncias de torturas y graves falencias. Imagen: Facebook.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CPT) presentó su Informe Anual 2025, un documento que expone una radiografía preocupante del sistema penitenciario provincial. El organismo advierte que las cárceles de Salta atraviesan una crisis estructural marcada por el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos, el incremento de las denuncias por torturas y malos tratos, y condiciones de detención que incumplen los estándares internacionales.
Monitoreo tras incendio en Alcaidía General. Imagen: Gentileza
El informe, que corresponde al cierre del primer período de gestión de cuatro años del Comité, sostiene que la sobrepoblación carcelaria constituye el principal factor que desencadena la vulneración de derechos humanos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Una sobrepoblación que supera el 140%
Al 9 de diciembre de 2025, el sistema penitenciario salteño alojaba 3.938 personas privadas de la libertad. Si bien el Servicio Penitenciario informa una capacidad de 2.895 plazas, lo que representa una sobrepoblación del 36,03%, el Comité aclara que esa cifra no refleja la realidad.
Para su evaluación utiliza criterios internacionales de habitabilidad, que contemplan el espacio mínimo por persona, ventilación, iluminación natural y condiciones sanitarias adecuadas. Bajo esos parámetros, la capacidad real del sistema es de apenas 1.621 plazas, por lo que el hacinamiento alcanza un 142,94%. En otras palabras, 2.317 personas permanecen detenidas por encima del cupo considerado aceptable.
El informe es categórico al señalar que el hacinamiento constituye la principal causa de las violaciones a los derechos humanos que se registran en las cárceles salteñas.
Las cárceles más comprometidas
La situación es especialmente grave en algunos establecimientos.
La Alcaidía General N°1 de Capital presenta una sobrepoblación del 232,98%, mientras que la Unidad Carcelaria N°3 de Orán alcanza el 205,03%. Sin embargo, el caso más extremo corresponde a la Alcaidía N°2 de Tartagal, donde el nivel de hacinamiento llega al 900%, una cifra que el organismo considera crítica.
A esto se suma la situación de la Unidad Carcelaria N°9 de Mujeres de Orán, donde ningún espacio destinado al alojamiento cumple con los estándares mínimos internacionales para el descanso de las internas.
Aumenta el encarcelamiento femenino
El documento también detecta un cambio en la composición de la población penitenciaria.
Entre 2022 y 2024, la cantidad de mujeres privadas de la libertad creció un 37,94%, pasando de 194 a 269 internas, mientras que la población masculina disminuyó levemente, con una baja del 1,23%.
Para el Comité, esta tendencia requiere ser analizada con una perspectiva específica que permita comprender las causas del crecimiento del encarcelamiento femenino.
La salud continúa siendo el principal reclamo
Las deficiencias en el acceso a la atención médica volvieron a encabezar las denuncias recibidas por el organismo.
Durante 2025 se registraron 106 actuaciones vinculadas con problemas de salud, principalmente por demoras en la atención médica, falta de medicamentos y dificultades para realizar traslados debido a la escasez de móviles oficiales.
El Comité advierte que estas falencias afectan directamente el derecho a la salud y, en muchos casos, pueden agravar enfermedades o derivar en consecuencias irreversibles.
Más denuncias por violencia institucional
El informe también refleja un incremento en los hechos de violencia dentro de las unidades penitenciarias.
Durante el último año se registraron:
- 43 denuncias por agresiones físicas.
- 29 casos de hostigamiento.
- 25 amenazas.
- 12 sanciones de aislamiento.
- 3 denuncias por agresiones sexuales.
Además, entre 2024 y 2025 fueron presentadas 20 denuncias penales por torturas o malos tratos ante la Fiscalía de Derechos Humanos, lo que representa un incremento del 200% respecto del período anterior.
El Comité cuestiona que, en la mayoría de esos expedientes, no recibió información sobre el estado de las investigaciones, situación que considera preocupante.
La educación sigue siendo una asignatura pendiente
Otro de los aspectos más críticos del informe es el acceso a la educación.
Un relevamiento realizado junto al CONICET determinó que el 73% de las personas privadas de la libertad no participa de ninguna propuesta educativa, ya sea formal o no formal.
Solo el 16% cursa estudios dentro del sistema educativo formal y menos del 1% accede a la universidad.
El diagnóstico también revela que el 37% de la población ingresó a prisión con únicamente la escuela primaria completa, mientras que apenas el 11% había terminado el nivel secundario antes de ser detenido.
Según el Comité, el funcionamiento del sistema educativo en las cárceles depende casi exclusivamente del compromiso de los docentes.
El organismo sostiene que la educación subsiste de manera fragmentada, precarizada y desigual, gracias al esfuerzo de las comunidades educativas y de profesores que incluso aportan materiales de su propio bolsillo.
A ello se suma que las sanciones de aislamiento, que pueden extenderse entre 30 y 100 días, interrumpen automáticamente la trayectoria educativa de los internos, muchas veces sin que los docentes sean informados.
Cinco personas murieron bajo custodia estatal
Durante 2025 el Comité registró cinco muertes de personas privadas de la libertad.
Cuatro de esos fallecimientos ocurrieron durante internaciones hospitalarias, aunque el organismo aclara que ello no disminuye la responsabilidad del Estado, sino que obliga a revisar si existieron demoras o deficiencias en la atención médica previa.
Entre los casos registrados figura un siniestro, un suicidio y un homicidio.
El incendio que terminó con la vida de Ezequiel Avendaño Laime
Uno de los episodios más graves analizados en el informe fue el incendio ocurrido en una celda de la Alcaidía General N°1 de Varones, donde murió Ezequiel Fernando Avendaño Laime.
La celda alojaba 25 personas, cuando su capacidad real era de apenas ocho internos.
El incendio dejó además once personas hospitalizadas por quemaduras e intoxicación con humo, mientras que otros detenidos fueron trasladados a distintos establecimientos.
El Comité sostiene que la tragedia era absolutamente evitable, ya que durante inspecciones anteriores había advertido sobre las condiciones de riesgo existentes en ese mismo sector.
El informe agrega un dato especialmente doloroso: mientras Avendaño Laime permanecía internado en estado crítico, la Justicia ya había ordenado su libertad, resolución que nunca llegó a conocer antes de fallecer.
Tras el incendio, ocho de cada diez internos trasladados denunciaron haber sufrido amenazas y malos tratos durante los operativos de traslado.
Pacientes psiquiátricos bajo un enfoque de seguridad
El informe también pone la lupa sobre el Hospital de Salud Mental «Dr. Miguel Ragone».
Durante una inspección realizada en 2024 se constató que 55 de las 86 personas internadas permanecían bajo custodia penitenciaria.
De ellas, 22 estaban alojadas en el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad, un espacio diseñado para apenas 16 personas.
El Comité sostiene que el dispositivo funciona bajo una lógica más vinculada a la seguridad que a la atención sanitaria y recoge testimonios de personas que aseguran desconocer su situación judicial. Incluso documenta el caso de un paciente que afirmó llevar once años internado sin recibir información sobre su causa.
También se registraron denuncias sobre prácticas de inmovilización y sujeción durante traslados.
Adolescentes alojados bajo una lógica penitenciaria
El documento dedica un apartado especial a los Institutos Especializados de Alojamiento para adolescentes.
La principal conclusión es que estos establecimientos reproducen el mismo modelo de seguridad utilizado en las cárceles de adultos, en lugar de desarrollar un sistema especializado para jóvenes en conflicto con la ley.
En el caso del IEA N°2 de Orán, donde permanecen alojados 14 adolescentes de entre 16 y 17 años, el Comité detectó infraestructura deficiente y personal proveniente del Servicio Penitenciario sin formación específica en derechos de la niñez y adolescencia.
Comisarías también afectadas por el hacinamiento
El Comité recordó que impulsó un hábeas corpus colectivo ante la Corte de Justicia de Salta por las condiciones de alojamiento en distintas comisarías de la provincia.
Como parte de las medidas adoptadas, entre marzo y mayo de 2025 128 personas fueron trasladadas desde dependencias policiales hacia establecimientos penitenciarios, de las cuales 74 cumplían condena y 54 permanecían procesadas.
Sin presupuesto suficiente para controlar el sistema
En las conclusiones, el Comité vuelve a reclamar un presupuesto propio y mayores recursos humanos, al sostener que actualmente no cuenta con la estructura necesaria para desarrollar de manera eficiente las tareas de monitoreo que le asigna la ley.
El organismo considera que el hacinamiento extremo, las falencias sanitarias, la escasa oferta educativa, el incremento de las denuncias por violencia institucional y las muertes registradas bajo custodia conforman un escenario crítico que exige respuestas urgentes por parte del Estado, con el objetivo de garantizar condiciones de detención compatibles con los derechos humanos y evitar que continúen repitiéndose situaciones que, según advierte el propio informe, eran previsibles y prevenibles.
