08/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Esperea frente al ANDIS. Imagen: Mariano Martino.
Más de 227.000 solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad permanecen sin resolución desde la llegada del gobierno de Javier Milei, según datos oficiales difundidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre una situación de «parálisis» en el tratamiento de los expedientes.
La organización informó que, desde el inicio de la actual gestión, solo se resolvieron 10.374 solicitudes, de las cuales 8.633 fueron aprobadas y 1.741 rechazadas, mientras 227.354 expedientes continúan pendientes de una decisión administrativa.
Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública presentado por el CELS ante el Ministerio de Salud para conocer el estado de las solicitudes tramitadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que reemplazó a la ex ANDIS. El requerimiento fue realizado en marzo y la respuesta oficial llegó durante junio.
A partir de esa información, la entidad sostuvo que la diferencia entre la cantidad de expedientes resueltos y los que permanecen sin respuesta refleja una fuerte demora administrativa, que impacta directamente sobre personas con discapacidad que esperan acceder a un ingreso económico esencial.
«Cientos de miles de solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse sin explicación. Se trata de personas con discapacidad que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice su derecho a una pensión», señaló el CELS.
La organización remarcó además que, para muchas familias, la pensión constituye el principal ingreso destinado a cubrir necesidades básicas, por lo que las demoras agravan las condiciones de vulnerabilidad en un contexto de incremento del costo de vida.
Según la información oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad registró 324.303 solicitudes pendientes, aunque de ese total 96.949 expedientes no pudieron avanzar porque los solicitantes no completaron la documentación requerida. De esa manera, 227.354 trámites permanecen a la espera de una resolución.
El informe también indica que el 72% de las solicitudes pendientes fueron iniciadas antes del 31 de diciembre de 2023, mientras que 200.011 expedientes corresponden al período comprendido entre 2020 y 2023.
Durante la gestión actual, entre enero de 2024 y abril de 2026, 90.791 personas iniciaron nuevos trámites para acceder a una pensión por discapacidad, aunque en ese mismo período solo fueron otorgadas 8.633 prestaciones.
El CELS aclaró que el Gobierno informó que un expediente solo puede resolverse cuando reúne toda la documentación exigida y supera los controles realizados por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la Dirección Nacional de Migraciones. No obstante, la organización presentó un nuevo pedido para conocer cuántos expedientes completos se encuentran actualmente en condiciones de recibir una resolución.
La situación se suma a una disminución en la cantidad total de pensiones abonadas. Según datos de la Jefatura de Gabinete citados en la publicación, en diciembre de 2023 se pagaban 1.222.554 Pensiones No Contributivas por Invalidez, mientras que en marzo de 2025 la cifra descendió a 1.187.136, lo que representa una reducción del 2,8%, de acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El artículo también recuerda que en agosto de 2024 la entonces ANDIS inició un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso. Posteriormente, esas auditorías fueron objeto de denuncias por presuntas irregularidades y malos tratos, mientras que el organismo fue disuelto y reemplazado por la actual Secretaría Nacional de Discapacidad.
Además, distintas organizaciones presentaron una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, donde cuestionaron las dificultades para acceder a las pensiones y las falencias detectadas en los procesos de auditoría.
En ese contexto, y tras diversos reclamos de organizaciones, familias y prestadores, fue sancionada la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, el nuevo informe difundido por el CELS sostiene que persisten importantes demoras en la resolución de los expedientes, situación que, según la entidad, continúa afectando el acceso a derechos de miles de personas con discapacidad.
