08/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Milei, un presidente que todo lo vende sin decir a donde van esos fondos. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva modificación del régimen que regula la disposición de bienes del Estado nacional al aprobar cambios que amplían los mecanismos de venta directa e incorporan una mayor participación de empresas privadas en los procesos de subasta.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 111/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, y modifica distintos artículos del Reglamento de Administración y Disposición de Bienes Muebles y Semovientes.
Uno de los cambios más relevantes consiste en elevar hasta los 400 módulos el valor máximo de los bienes que podrán venderse mediante procedimientos simplificados, sin necesidad de recurrir a un remate público tradicional.
Con el valor actual del módulo fijado en 40.000 pesos, el nuevo límite alcanza los 16 millones de pesos, monto a partir del cual el Estado podrá utilizar mecanismos de venta directa en determinadas circunstancias.
La normativa establece que estas operaciones podrán realizarse cuando el bien no supere ese valor o cuando dos llamados consecutivos a subasta pública hayan resultado desiertos o fracasados.
Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es agilizar la disposición de activos estatales y generar una mayor participación de oferentes, con la expectativa de obtener mejores condiciones económicas para el Estado.
Otro de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación de plataformas electrónicas privadas para administrar las subastas de bienes públicos.
La AABE deberá realizar una licitación para seleccionar a las empresas que operarán esos sistemas digitales, las cuales tendrán a su cargo la gestión de las ventas de distintos activos pertenecientes al Estado nacional.
Además, la resolución introduce modificaciones en los procedimientos administrativos al establecer que la Agencia podrá emitir las órdenes de venta mediante comunicaciones oficiales, sin necesidad de dictar un acto administrativo específico para cada operación.
El nuevo esquema busca acelerar los procesos de disposición del patrimonio estatal, reduciendo los tiempos administrativos requeridos para concretar cada venta.
La normativa alcanza a una amplia variedad de bienes públicos, entre ellos maquinaria, vehículos oficiales, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros, piezas de colección y semovientes, es decir, animales pertenecientes al Estado.
En el caso de los semovientes, el reglamento prevé que puedan ser vendidos y, cuando no resulten aptos para el servicio ni para ser adoptados, se contempla incluso su sacrificio como última alternativa.
Con esta resolución, el Gobierno profundiza su política de reducción de la participación estatal en la administración de activos, promoviendo mecanismos que otorgan un mayor protagonismo al sector privado en la comercialización de bienes públicos.
