30/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Cristina en San José 1111. Imagen: Web.
La defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría resolver este año la medida cautelar presentada para revertir su inhabilitación política. El abogado brasileño Rafael Valim sostuvo que la condena en la causa Vialidad presenta «graves irregularidades» y afirmó que existen fundamentos para un fallo favorable.
La estrategia judicial internacional de Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo. Su abogado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el jurista brasileño Rafael Valim, afirmó que existe la posibilidad de que durante el segundo semestre de 2026 el organismo resuelva la medida cautelar presentada por la expresidenta para cuestionar su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según explicó el letrado, el pedido cautelar apunta a que Cristina Kirchner pueda recuperar sus derechos políticos mientras continúa el tratamiento del expediente principal, cuya resolución definitiva podría demorar entre dos y tres años.
Valim aseguró que el equipo jurídico mantiene una expectativa positiva sobre el resultado del proceso y sostuvo que el reclamo demuestra presuntas violaciones a los derechos humanos de la exmandataria.
El abogado también se refirió al alcance de una eventual decisión del organismo internacional. En ese sentido, afirmó que, de prosperar el planteo, el Estado argentino debería cumplir con lo resuelto por el Comité de Derechos Humanos.
Para respaldar esa posición, argumentó que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en Argentina, por lo que consideró que las decisiones derivadas de esos instrumentos poseen carácter vinculante.
Durante la entrevista, Valim cuestionó además la condena dictada en la causa Vialidad. A su entender, el proceso presenta problemas de imparcialidad y errores jurídicos que comprometen la validez del fallo.
Entre sus principales críticas, sostuvo que la responsabilidad atribuida a Cristina Fernández de Kirchner por contratos de obra pública firmados en la provincia de Santa Cruz carece de sustento legal. Según planteó, extender esa responsabilidad a quien ocupaba la Presidencia implicaría aplicar un criterio que podría alcanzar a cualquier jefe de Estado por decisiones administrativas de distintos niveles de gobierno.
Las declaraciones del abogado se producen mientras la defensa de la expresidenta busca que organismos internacionales revisen el proceso judicial que derivó en su condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
