La Justicia federal ordenó el embargo de una serie de propiedades y activos vinculados a Cristina Kirchner, entre ellos el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en el marco de la causa Vialidad.
El monto total de los embargos asciende a $685.000 millones y alcanza distintos bienes ubicados en El Calafate, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los inmuebles incluidos aparecen propiedades ubicadas en Recoleta, Puerto Madero y Constitución, además de terrenos, departamentos, edificaciones, cocheras y parte de un predio perteneciente a uno de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz.
También alcanza a Florencia y Máximo Kirchner
Debido al monto establecido, la resolución también extendió las medidas sobre determinados bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.
En el caso de Florencia, además, se solicitó información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad.
Los embargos fueron impulsados por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes habían solicitado las medidas en mayo.
No habrá un remate inmediato
La resolución no implica que las propiedades vayan a ser rematadas de manera inmediata. Tampoco supone, por sí sola, un decomiso definitivo de los inmuebles.
La medida se encuentra vinculada a la condena dictada en la causa Vialidad y busca garantizar el eventual recupero de fondos que la Justicia considera relacionados con el perjuicio económico atribuido al Estado.
La decisión también alcanza a Lázaro Báez y a otros condenados e imputados de la causa, cuyos bienes quedaron sujetos a medidas patrimoniales.
La defensa de Cristina Kirchner todavía puede apelar la resolución, por lo que el proceso sobre los bienes no queda cerrado con esta decisión.