18/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: El exdiputado nacional Pablo Kosiner. Imagen: Web.
El exdiputado nacional Pablo Kosiner respaldó el proyecto de Mónica Juárez para implementar evaluaciones psicológicas periódicas a funcionarios de los tres poderes de Salta. Consideró que la iniciativa puede extenderse al ámbito nacional, aunque pidió garantizar independencia y transparencia en los controles.
El proyecto para implementar controles psicológicos periódicos a funcionarios públicos de Salta sumó el respaldo del exdiputado nacional Pablo Kosiner, quien consideró que la iniciativa puede convertirse en una herramienta institucional y que su aplicación podría extenderse también al ámbito nacional.
La propuesta fue presentada por la diputada provincial Mónica Juárez y plantea evaluaciones obligatorias al comienzo de la gestión y posteriormente cada dos años para quienes ocupen cargos en los tres poderes del Estado provincial.
Los estudios quedarían a cargo de equipos interdisciplinarios independientes, con el objetivo de evaluar la aptitud de quienes ejercen responsabilidades de alta exigencia.
Kosiner: “No me parece bajo ningún punto de vista malo”
Kosiner consideró que los controles psicotécnicos no son ajenos al ámbito laboral y sostuvo que pueden aplicarse también a quienes tienen responsabilidades políticas.
“A mí no me parece bajo ningún punto de vista malo que haya análisis en cuanto a evaluaciones psicotécnicas periódicas aun para aquellos que tienen la responsabilidad de cargos públicos de alta jerarquía”, afirmó en diálogo con Radio LUP Salta.
Para el exlegislador, el punto central no debería ser si los controles son necesarios, sino cómo se diseñan y quiénes estarán encargados de realizarlos.
La independencia de los profesionales, en el centro del debate
Kosiner planteó reparos sobre el manejo de la información que surja de las evaluaciones.
“Hay que tener mucho cuidado en cómo se conforman los equipos, de quién dependen”, señaló, y advirtió que los informes no deberían basarse en antecedentes de tratamientos psicológicos previos.
La observación apunta a evitar que una evaluación vinculada con la salud mental pueda convertirse en una herramienta de presión política o en un mecanismo utilizado para cuestionar a determinados funcionarios.
Un informe no podría remover automáticamente a un funcionario
Otro de los puntos que Kosiner consideró necesario aclarar es qué consecuencias tendría un eventual resultado negativo de una evaluación.
Según explicó, un informe psicológico no debería generar automáticamente la salida de un funcionario electo.
“El informe puede ser un antecedente, pero la decisión final debe ser de los órganos que establecen la Constitución”, sostuvo.
De esta manera, cualquier eventual consecuencia institucional debería quedar en manos de los mecanismos constitucionales correspondientes y no exclusivamente de los profesionales que realicen las evaluaciones.
La propuesta también podría llegar a Nación
Kosiner consideró que la iniciativa presentada en Salta tiene una dimensión que podría trascender el ámbito provincial.
“El espíritu del proyecto puede ser aplicable a nivel nacional también”, afirmó.
La posibilidad abriría un debate sobre la realización de evaluaciones periódicas para funcionarios de alta jerarquía en el Estado nacional, aunque su implementación requeriría definir previamente aspectos vinculados con las competencias constitucionales, la privacidad y el tratamiento de la información personal.
Capacitación para quienes ya ocupan cargos
El exdiputado también planteó que el fortalecimiento de las instituciones no debería limitarse a controles psicológicos.
En ese sentido, consideró conveniente avanzar en capacitaciones sobre técnica legislativa y políticas públicas para quienes ya se encuentran ejerciendo funciones.
“No me parece mal avanzar sobre capacitaciones de técnica legislativa o políticas públicas cuando uno ya está en el cargo”, sostuvo.
La discusión queda ahora planteada en la Legislatura salteña, donde el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario antes de determinar si las evaluaciones psicológicas para funcionarios se convierten en una nueva exigencia dentro del Estado provincial.
