24/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Javier Milei y Federico Sturzenegger, juntos para aniquilar a los argentinos. Imagen: Web.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei impulsó cientos de desregulaciones en áreas que van desde la salud y los alquileres hasta el trabajo, el transporte y la energía. El propio Ministerio de Desregulación contabiliza 719 normas que modificaron o eliminaron miles de disposiciones.
El mapa de las desregulaciones que cambiaron la vida cotidiana
El Gobierno de Javier Milei convirtió la desregulación en uno de los ejes centrales de su gestión. Bajo la conducción de Federico Sturzenegger, el Ejecutivo avanzó con modificaciones que alcanzaron precios, alquileres, empleo, salud, transporte, energía, mercados financieros y controles sanitarios.
Según datos del propio Ministerio de Desregulación, hasta el momento se dictaron 719 normas de desregulación, que modificaron o eliminaron 2.803 normas y 16.771 artículos.
El alcance de las medidas fue amplio. El Gobierno las presenta como parte de un proceso destinado a reducir regulaciones y facilitar la actividad económica, mientras que sus críticos advierten que algunas de ellas trasladaron costos y riesgos hacia trabajadores, consumidores y usuarios.
Prepagas y medicamentos: menos controles, más presión sobre los usuarios
Uno de los primeros sectores afectados fue el de la medicina prepaga. En febrero de 2024, en el marco de la reglamentación del DNU 70/2023, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de establecer valores máximos para los aumentos de las cuotas.
Las empresas aplicaron fuertes incrementos y el propio Gobierno terminó recurriendo a la Justicia contra las principales compañías por una presunta cartelización del sector.
Durante 2024 también se amplió el listado de medicamentos de venta libre. El cambio implicó que determinados productos quedaran fuera de la cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas y, además, habilitó su comercialización fuera de las farmacias.
El fin de los controles de precios
Otra de las transformaciones centrales fue el abandono de mecanismos de regulación de precios.
El Gobierno eliminó Precios Cuidados y discontinuó en enero de 2024 el programa Cortes Populares, que establecía precios de referencia para determinados cortes de carne.
También derogó mediante el DNU 70/2023 la Ley de Abastecimiento y eliminó la Ley de Góndolas, dos herramientas que permitían intervenir sobre determinadas prácticas comerciales y promover la competencia de pequeñas y medianas empresas.
En el mercado de la yerba mate también hubo cambios relevantes: se eliminó la posibilidad de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fijara un precio mínimo para la hoja verde, una medida cuestionada por productores de menor escala.
Reforma laboral: más flexibilidad para las empresas
El mercado laboral fue otro de los principales terrenos de la desregulación.
Entre las modificaciones impulsadas por el Gobierno aparecen la figura del “colaborador” para trabajadores independientes, el denominado banco de horas para compensar horas extraordinarias y la posibilidad de fraccionar las vacaciones.
También se extendió de tres a seis meses el período de prueba y se eliminaron determinadas multas vinculadas con la contratación de trabajadores no registrados.
A esto se sumaron cambios en el cálculo de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, mecanismos que generaron fuertes cuestionamientos de organizaciones sindicales y sectores de la oposición.
Los trabajadores de plataformas también quedaron alcanzados por un esquema particular, al ser excluidos expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo bajo el nuevo marco laboral.
Micros, aviones y rutas: el transporte también cambió
En octubre de 2024, el Gobierno desreguló el transporte automotor de pasajeros de larga distancia.
La nueva normativa permitió a las empresas establecer con mayor libertad sus recorridos, horarios, precios y modalidades de servicio.
En el sector aerocomercial, la política de “cielos abiertos” flexibilizó las condiciones para el ingreso de nuevos operadores y eliminó determinadas restricciones tarifarias.
Más recientemente, Sturzenegger impulsó cambios sobre el peso máximo que pueden transportar los camiones en rutas nacionales, una medida que generó críticas debido al estado de parte de la infraestructura vial.
Internet, celulares y televisión
El proceso de desregulación también alcanzó a las telecomunicaciones.
En abril de 2024, el Gobierno eliminó la regulación de precios para determinados servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable al dejar de considerarlos servicios públicos esenciales bajo el esquema anterior.
El argumento oficial fue favorecer la competencia y reducir restricciones. Desde sectores críticos se cuestionó que el cambio facilitara aumentos de tarifas con menor intervención estatal.
Alquileres: contratos más flexibles
Uno de los cambios que más impacto tuvo sobre inquilinos y propietarios fue la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023.
La normativa eliminó el plazo mínimo de tres años y dejó en manos de las partes la duración del contrato, la frecuencia de los aumentos y el mecanismo de actualización.
También habilitó que los contratos pudieran pactarse en dólares u otras monedas, modificando sustancialmente las reglas que habían regido el mercado locativo.
Luz, gas y subsidios
El Gobierno también modificó el esquema de subsidios energéticos.
En enero de 2026 eliminó la segmentación que dividía a los usuarios en los niveles N1, N2 y N3 y avanzó hacia un sistema de subsidios focalizados.
El cambio implicó una reducción de los beneficios para distintos sectores y mayores costos en las facturas de luz y gas para numerosos hogares.
En agosto de 2024 también se eliminaron los precios máximos obligatorios para las garrafas de gas, que pasaron a contar con valores de referencia.
A esto se sumó una mayor desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, con modificaciones en el papel de CAMMESA y mayor protagonismo de los contratos directos entre privados.
Controles sanitarios y seguridad bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles de las reformas se relaciona con los organismos encargados de controlar productos, alimentos y estándares técnicos.
En 2025, el Gobierno modificó atribuciones del SENASA para facilitar el ingreso de determinados productos agroquímicos y fitosanitarios mediante autorizaciones de organismos equivalentes de otros países.
También flexibilizó el ingreso de determinados alimentos provenientes de países considerados de alta vigilancia sanitaria, reduciendo controles de la ANMAT en determinados casos.
El proceso alcanzó además al INTI, organismo al que se le retiraron numerosas funciones relacionadas con certificaciones y controles técnicos.
El caso de la carne y el conflicto sanitario
Las consecuencias de algunas decisiones quedaron expuestas con la flexibilización del ingreso de carne con hueso a la Patagonia.
En marzo de 2025, el SENASA modificó las condiciones de ingreso de este producto a una región considerada libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La decisión generó una reacción de Chile, que suspendió temporalmente la importación de esa carne argentina por razones sanitarias. El conflicto se extendió durante varios meses hasta su resolución.
Plazos fijos y mercado cambiario
La desregulación también alcanzó al sistema financiero.
En marzo de 2024, el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo. Desde entonces, la tasa de referencia dejó de funcionar como piso para los bancos comerciales.
En abril de 2025, el Gobierno flexibilizó además el acceso de las personas físicas al mercado oficial de cambios y eliminó el límite mensual de US$200 para la compra de dólares.
También levantó determinadas restricciones cruzadas que afectaban a quienes operaban en los mercados financieros.
Una transformación que atraviesa todos los sectores
Agroindustria, finanzas, comercio exterior, producción, transporte, salud, trabajo, energía e inmobiliario son algunos de los sectores alcanzados por la estrategia oficial.
El Gobierno defiende estas medidas como una forma de eliminar trabas y reducir la intervención estatal. La discusión política, sin embargo, se concentra cada vez más en quién termina pagando los costos de esa flexibilización y qué controles resultan indispensables para proteger a consumidores, trabajadores y usuarios.
Con 719 normas de desregulación contabilizadas por el propio Ejecutivo, el proceso iniciado con Milei modificó buena parte de las reglas que durante años regularon actividades centrales de la economía argentina.
