Como dijo Cristina; ¡Vienen por vos!: Bancos y fintech podrán cobrar créditos desde cuentas sueldo

26/08/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Desde el 1° de septiembre comenzará a funcionar el sistema de Cobro con Transferencia (CCT), que permitirá a bancos y fintech cobrar cuotas de nuevos créditos directamente desde las cuentas de sus clientes. La medida alcanza incluso a las cuentas sueldo, aunque requiere autorización previa del deudor.

En medio del fuerte crecimiento de la morosidad de las familias argentinas, el Banco Central habilitará desde el 1° de septiembre un nuevo mecanismo para que bancos y fintech puedan cobrar las cuotas de determinados créditos directamente desde las cuentas de sus clientes.

La herramienta se denomina Cobro con Transferencia (CCT) y permitirá realizar transferencias a pedido del acreedor. El mecanismo requerirá una autorización previa del titular de la cuenta.

La medida fue anunciada por el BCRA en marzo, cuando ya se registraba un marcado deterioro en el cumplimiento de los créditos de las familias.

También alcanza a las cuentas sueldo

Uno de los puntos que genera mayor atención es que el mecanismo podrá utilizarse sobre cuentas sueldo, siempre que se cumplan las condiciones previstas para el CCT y exista la autorización correspondiente.

El esquema alcanza a nuevos créditos otorgados a partir del 1° de septiembre y busca facilitar el cobro de las cuotas sin necesidad de recurrir inmediatamente a procesos judiciales.

La modalidad recupera parte de la lógica del antiguo Debin (Débito Inmediato), un sistema que permitía realizar débitos con una autorización única.

Ese mecanismo había sido restringido por el Banco Central debido a los problemas y denuncias vinculados con estafas. Ahora vuelve bajo una modalidad diferente y con nuevas condiciones.

¿Cómo funcionará el Cobro con Transferencia?

El CCT permitirá que el acreedor solicite una transferencia desde la cuenta del deudor para cobrar las cuotas correspondientes.

La operación no podrá realizarse simplemente porque exista una deuda: el cliente deberá haber autorizado previamente el mecanismo de cobro.

La normativa establece además determinadas restricciones sobre los fondos alcanzados. Entre ellos, los saldos depositados en cuentas remuneradas y determinados fondos comunes de inversión quedan fuera del mecanismo.

Esto genera una disputa particular entre bancos y fintech por el control del dinero de sus clientes.

La pelea entre bancos y fintech

Uno de los principales efectos de la nueva herramienta está relacionado con la competencia entre las entidades financieras tradicionales y las plataformas digitales.

Las fintech tienen una fuerte presencia en el mercado de préstamos y muchas veces los créditos otorgados por estas empresas terminan depositándose en cuentas bancarias.

En el caso de plataformas como Mercado Pago, una parte importante de los fondos de sus usuarios se encuentra invertida en fondos comunes de inversión, lo que limita el dinero disponible para determinados mecanismos de cobro.

Al mismo tiempo, las cuentas bancarias sí pueden quedar alcanzadas por el CCT. Allí se encuentran también las cuentas sueldo, un segmento al que las fintech no tenían acceso directo para este tipo de operaciones.

La nueva modalidad modifica parcialmente ese escenario y genera resistencia entre entidades bancarias.

La morosidad de las familias, en el centro del problema

La discusión ocurre mientras aumenta el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos.

Según el informe citado en la publicación, la morosidad de las familias alcanzaba el 9,3% del dinero involucrado en créditos en diciembre de 2025, con un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

El problema afecta a millones de personas que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

Desde la perspectiva crítica planteada sobre la medida, el CCT no aborda las causas de ese endeudamiento, sino que facilita a los acreedores el mecanismo para recuperar el dinero prestado.

El debate queda así planteado entre dos necesidades: por un lado, evitar que el sistema de crédito termine en una ola de demandas judiciales; por otro, impedir que las familias endeudadas queden todavía más expuestas frente a bancos y plataformas financieras.