07/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei en Casa Rosada con el CEO de Vicuña, Ron Hochstein y José Morea, Country Director. Imagen: Web.
Hugo Berozzi, exintegrante del Fondo de Garantías de San Juan, cuestionó el acuerdo con Vicuña y calculó cuánto podría resignar la provincia en regalías. Días después fue despedido. El Gobierno de Orrego rechazó sus números y defendió el convenio.
La polémica por el proyecto minero Vicuña sumó un nuevo capítulo en San Juan. El economista Hugo Berozzi, quien trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de la provincia, fue despedido pocos días después de difundir un análisis crítico sobre el acuerdo firmado con la compañía.
Berozzi había estudiado las 57 páginas del acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que posteriormente fue aprobada por la Legislatura provincial por 27 votos contra 9.
Su informe puso el foco en los ingresos que la provincia podría dejar de percibir durante la extensa vida útil prevista para el emprendimiento, estimada en 71 años.
La discusión por los USD 250 millones
Uno de los puntos centrales del análisis fue el aporte de USD 250 millones comprometido por Vicuña para obras de infraestructura.
El Gobierno de Marcelo Orrego sostiene que se trata de un aporte cierto y no reembolsable que comenzará a estar disponible desde 2026 y que es independiente de las regalías mineras.
Según explicó la administración provincial, Vicuña deberá pagar un 3% de regalías sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, a partir del sexto año de producción, se aplicará un aporte adicional del 1,5% acordado con San Juan.
Berozzi, en cambio, interpretó que los USD 250 millones funcionan como un adelanto relacionado con el impacto ambiental y que sustituyen determinadas contribuciones futuras durante los primeros años del proyecto.
Desde el Gobierno provincial rechazaron esa lectura y remarcaron que no corresponde comparar directamente los USD 250 millones anticipados con ingresos futuros que todavía dependen del inicio de la producción.
El cálculo de los USD 491 millones por cada punto de regalías
La discusión adquiere mayor dimensión cuando se analizan las regalías.
Según el informe elaborado por Berozzi, la legislación nacional permite a las provincias cobrar hasta un 5% del valor boca de mina en nuevos proyectos, mientras que el acuerdo de Vicuña establece un esquema del 3%.
El economista calculó que cada punto porcentual adicional de regalías que San Juan no percibiría representaría unos USD 491,2 millones en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%.
El Gobierno de Orrego cuestionó ese cálculo y aseguró que San Juan no resigna el 1,5% durante toda la vida del proyecto. Según la explicación oficial, ese aporte queda reemplazado durante los primeros cinco años por los USD 250 millones anticipados y comienza a cobrarse desde el sexto año.
El Ejecutivo provincial también utilizó como antecedente el caso de Pascua-Lama, donde se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas condicionadas al avance de la obra. Al paralizarse la construcción, los desembolsos también se interrumpieron y, según la provincia, terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones.
Vicuña, la gran apuesta minera de Milei
En el centro de la disputa está Vicuña Corp, sociedad conformada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
La iniciativa contempla una inversión inicial estimada en USD 9.700 millones y es presentada como uno de los mayores proyectos de cobre de la Argentina.
Para el Gobierno nacional, Vicuña constituye además una de las principales apuestas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Pero el proyecto comenzó a generar cuestionamientos que van más allá de las regalías.
La pelea por la electricidad
Otro foco de controversia está relacionado con la infraestructura eléctrica.
Vicuña necesita unos 260 MW para la primera etapa de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo.
Según cálculos de Cammesa citados en el informe, esa prioridad representa aproximadamente el 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA.
El esquema también contempla la futura línea Rodeo-Chaparro y la estación transformadora Chaparro, con un horizonte previsto de 25 años.
El punto que genera cuestionamientos es que la línea Nueva San Juan-Rodeo fue construida con financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos.
La discusión, entonces, excede a una empresa minera: plantea qué ocurre cuando una infraestructura financiada durante años con recursos públicos queda mayoritariamente comprometida para abastecer a un proyecto privado.
Otros emprendimientos mineros, entre ellos Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán, plantearon objeciones sobre distintos aspectos del esquema.
Una ciudad modular importada desde China
La polémica también llegó al campamento Batidero.
Vicuña adjudicó la construcción a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA. El proyecto contempla una estructura modular importada desde China para disponer inicialmente de unas 2.500 camas.
Los fabricantes argentinos que participaron de la licitación sostuvieron que fabricar los módulos en el país podría haber generado entre 400 y 500 empleos directos.
La diferencia económica fue uno de los factores determinantes. Según la información difundida, la propuesta china habría rondado los USD 52 millones, frente a unos USD 70 millones de la alternativa local.
Para la empresa, la diferencia representa un ahorro. Para los proveedores argentinos, en cambio, implica analizar cuánto trabajo, salarios, impuestos y actividad económica podrían haber quedado dentro del país.
El Gobierno provincial aclaró que esos entre 400 y 500 puestos corresponden a una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación y no a empleos existentes que hayan sido eliminados.
La administración de Orrego también sostuvo que Vicuña actualmente genera más de 2.500 empleos directos e indirectos, con un 95% de trabajadores argentinos y 83% sanjuaninos. Además, indicó que cerca del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan.
El RIGI enfrenta el desafío de mostrar inversiones reales
El caso Vicuña vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del RIGI.
Hasta ahora, el régimen acumula 22 proyectos aprobados, con inversiones anunciadas por USD 47.073 millones. Además, existen 18 iniciativas en evaluación y una rechazada.
Sin embargo, los activos computables de los proyectos ya autorizados alcanzan unos USD 30.799 millones, mientras que los compromisos de inversión para los primeros dos años suman USD 11.807 millones.
La diferencia entre los anuncios y los desembolsos concretos aparece así como uno de los principales interrogantes sobre el régimen.
La minería genera dólares, pero también aumenta las importaciones
El debate no desconoce el peso creciente de la minería en la economía argentina.
Durante los primeros siete meses de 2026, las exportaciones minerales alcanzaron los USD 5.340 millones, frente a los USD 3.200 millones registrados en el mismo período de 2025.
El superávit comercial minero también creció con fuerza: pasó de USD 3.088 millones a USD 5.227 millones, una suba del 69,2%.
Pero, al mismo tiempo, los proyectos vinculados al RIGI incrementaron sus importaciones.
Hasta julio habían importado bienes por aproximadamente USD 171 millones. Sólo durante agosto ingresaron otros USD 140 millones, una cifra que superó ampliamente el récord mensual anterior.
En paralelo, el Gobierno simplificó recientemente los procedimientos para importar determinados equipos vinculados a proyectos mineros y amplió las posibilidades de utilización de maquinaria usada o reacondicionada.
El caso Vicuña concentra así varias de las discusiones que atraviesan al modelo minero argentino: regalías, infraestructura pública, energía, empleo local, importaciones, proveedores nacionales y beneficios fiscales.
La pregunta que queda abierta es cuánto de la enorme inversión anunciada terminará transformándose en desarrollo económico dentro de las provincias y cuánto de los beneficios quedará concentrado en las empresas que explotan los recursos.
