08/09/2026.- Por Flor de la V.- Foto portada: Sin Crédito.
Durante años se nos dijo que venían a terminar con la casta. Que se acababan los privilegios, los acuerdos entre poderosos y esa Argentina donde algunos parecían tener siempre una puerta de salida.
Esta semana ocurrió algo que merece, como mínimo, que nos hagamos preguntas. El 27 de agosto, el Senado aprobó el pliego de la designación de Pablo Bertuzzi como juez de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. El 2 de septiembre, el presidente Javier Milei formalizó su nombramiento. El 3 juró. Y el 4, en su primer día con la nueva conformación del tribunal, Bertuzzi y Mariano Llorens tomaron una decisión importante en una de las causas más incómodas para el presidente: $LIBRA. Confirmaron que cinco inversores que denuncian haber sido damnificados no podrán continuar como querellantes.
No sobreseyeron a Milei, ya que la causa continúa y decir otra cosa sería faltar a la verdad, pero lo que ocurrió tampoco es menor. Apartar a los querellantes significa excluir del expediente a quienes pretendían impulsar la investigación como parte acusadora. La propia cobertura judicial señaló que la decisión deja el expediente dependiendo fundamentalmente del impulso de la fiscalía.
Y esto no termina acá: horas después llegó otro fallo.
La misma sala 1, nuevamente con las firmas de Bertuzzi y Llorens, confirmó el archivo de la investigación por el gigantesco préstamo de 57.100 dólares que el gobierno de Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Allí habían sido investigados, entre otros, Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. ¿Les suenan estos nombres? Los camaristas consideraron que se trató de una decisión de política económica y que no se había acreditado la existencia de delitos.
Y entonces aparece una palabra que este Gobierno convirtió casi en una bandera: casta.
¿Quién es la casta? ¿El jubilado que reclama por sus medicamentos? ¿El trabajador que no llega a fin de mes? ¿El periodista que pregunta? ¿El Congreso cuando pone límites al ejecutivo? ¿O la verdadera casta es aquella que, gobierne quien gobierne, parece encontrar siempre algún mecanismo para que las grandes decisiones del poder terminen sin responsables?
No estoy diciendo que estos jueces hayan cometido un delito, ni que exista un pacto secreto. No tengo pruebas para afirmarlo. Y justamente, como estamos hablando de justicia, las acusaciones también necesitan pruebas. Pero la democracia no exige solamente jueces independientes: requiere, además, de instituciones capaces de generar confianza.
Y cuesta pedir confianza a una sociedad cuando un juez termina de ser confirmado, jura y prácticamente de inmediato interviene en una causa que afecta al presidente de la Nación que acaba de formalizar su nombramiento. Mucho más cuando, horas después, ese mismo tribunal cierra otra investigación que alcanzaba a figuras centrales del poder económico y político. La cercanía temporal no prueba connivencia, pero obliga a mirar. Y sobre todo obliga a preguntar.
La justicia debería ser rigurosa tanto con el motochorro como con quien administra miles de millones de dólares. Con el que no quiere pagar la cuota alimentaria y con el funcionario que firma decisiones capaces de endeudar a generaciones. De lo contrario, la palabra igualdad queda escrita solamente para tribunales.
Milei llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política. Por eso, la vara para su gobierno debería ser todavía más alta. No alcanza con gritar “casta”
Hay que demostrar que cuando la justicia toca al poder, este no encuentra una puerta giratoria. Porque tal vez la casta nunca desapareció. Tal vez simplemente cambió de nombres, de discurso y de despacho.
Y si la justicia es implacable con los de abajo, pero indulgente con los de arriba, entonces no estamos frente al fin de los privilegios. Estamos frente a algo mucho más peligroso: la justicia de la casta.
