10/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La Legislatura aprobó una nueva prórroga de la emergencia por violencia de género. Mientras aumentan las denuncias y se registraron siete femicidios en los primeros ocho meses de 2026, áreas clave de la estructura estatal continúan sin autoridades designadas.
La emergencia pública en materia social por violencia de género lleva ya 12 años vigente en Salta. La Legislatura provincial aprobó la sexta prórroga de la Ley 7.857, que extenderá por otros dos años una herramienta creada originalmente en 2014 como una medida excepcional.
La nueva extensión ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de las denuncias y la persistencia de los femicidios. Durante 2025 se registraron 28.314 denuncias ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género, casi un 93% más que las 14.695 contabilizadas en 2016, mientras que en el primer semestre de 2026 ya se habían registrado 13.905.
Pero las cifras oficiales no reflejan la totalidad de las situaciones de violencia. El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) advierte que menos de la mitad de quienes atraviesan una situación de violencia llega a realizar una denuncia.
El Gobierno defiende la continuidad de la emergencia
La subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, respaldó la decisión de la Legislatura y destacó la necesidad de mantener los recursos destinados a prevención, asistencia y protección.
“Esta emergencia no solo es una declaración, es contar con herramientas y recursos concretos para prevenir, asistir y proteger a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia”, sostuvo la funcionaria.
Desde el Gobierno provincial también remarcan la necesidad de sostener los dispositivos existentes y fortalecer la presencia territorial de las políticas de género.
Sin embargo, la nueva prórroga deja expuesta una contradicción: mientras el Estado vuelve a extender una emergencia que lleva más de una década, algunos de los cargos responsables de implementar esas políticas continúan vacantes.
Una dirección clave sigue sin titular
A fines de agosto, el Gobierno provincial designó a Miriam Elizabeth Guzmán como directora general de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad.
La designación permitió cubrir uno de los puestos que permanecían pendientes, pero no completó la estructura. La Dirección General de Políticas contra la Violencia por Razones de Género continúa sin titular.
Se trata de una de las áreas centrales para desarrollar políticas de prevención, asistencia y protección frente a situaciones de violencia.
En la nómina oficial de autoridades sí aparece Álvaro Vanetta, quien permanece al frente de la Dirección de Gestión de Políticas contra la Violencia de Género.
Las vacantes se produjeron después de la renuncia de funcionarias. Sectores vinculados al movimiento de mujeres atribuyeron esas salidas a diferencias políticas y de enfoque con la conducción de la Subsecretaría, aunque esa interpretación corresponde a esos sectores y no constituye una explicación oficial sobre las renuncias.
Otro cargo pendiente desde hace más de seis años
La situación también alcanza al Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
La representante correspondiente a las organizaciones sociales todavía no fue incorporada formalmente, pese a que Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, obtuvo el primer lugar en el concurso realizado en diciembre de 2019 para ocupar ese lugar.
Desde entonces, su designación permanece pendiente.
Organizaciones feministas reclaman que Cari pueda asumir la representación y sostienen que resta concretar la decisión administrativa correspondiente.
El dato adquiere relevancia porque la participación de organizaciones sociales forma parte de la estructura legal del OVcM, organismo creado en 2014 y puesto en funcionamiento en 2015.
El Observatorio cumplió 10 años en 2025 y se convirtió en una fuente central de estadísticas, monitoreo e investigación sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres en Salta.
También permanecen pendientes otros concursos vinculados con la integración del organismo, entre ellos el correspondiente a la representación de la Cámara de Diputados.
Las denuncias falsas representan menos del 1%
El debate sobre la emergencia también puso en discusión el argumento de las supuestas denuncias falsas.
Según un informe de Ciudadana Comunicación, durante 2025 las denuncias consideradas falsas representaron el 0,64% del total registrado en Salta: fueron 150 casos sobre 23.564 denuncias.
En 2024, en tanto, se contabilizaron 113 casos sobre 22.359 denuncias, equivalentes al 0,51%.
Un relevamiento nacional del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, realizado sobre más de 8,2 millones de investigaciones en 17 jurisdicciones, ubicó las falsas denuncias en el 0,09%.
El mismo estudio señala que el 86% de esos casos estuvo relacionado con conflictos patrimoniales, laborales o vecinales, mientras que el 8% correspondió a situaciones vinculadas con violencia de género o intrafamiliar.
Muchas víctimas nunca llegan a denunciar
Los datos sobre denuncias también deben interpretarse considerando el nivel de subregistro.
La Encuesta de Prevalencia de la Iniciativa Spotlight indicó que el 77% de las mujeres que atravesaron violencia de pareja nunca denunció.
El OVcM, por su parte, sostiene que menos de la mitad de las personas que atraviesan situaciones de violencia recurre al sistema formal de denuncias.
Por eso, el aumento de los registros administrativos no necesariamente significa que el universo de situaciones de violencia haya aumentado en la misma proporción: también puede reflejar una mayor llegada de las víctimas a los organismos estatales.
Siete femicidios en ocho meses
Mientras la emergencia vuelve a extenderse, la violencia extrema continúa dejando víctimas en la provincia.
De acuerdo con los registros del OVcM, durante los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron siete femicidios. El número ya había igualado en los primeros siete meses el total registrado durante todo 2025.
Otra medición, realizada por el Observatorio Popular Feminista Ñawi, de la Fundación GEMA, contabilizó nueve muertes por razones de género, utilizando una metodología que incluye femicidios vinculados y transfemicidio social.
Las diferencias entre ambas cifras responden a los criterios utilizados por cada organismo para clasificar los casos.
El desafío: una respuesta estatal que acompañe todo el proceso
Ante este escenario, el OVcM planteó a los legisladores provinciales que uno de los principales problemas continúa siendo la fragmentación de las respuestas estatales.
El organismo propuso avanzar hacia un Sistema Provincial de Acompañamiento Territorial, destinado a realizar un seguimiento de cada situación más allá de la denuncia inicial.
La propuesta apunta a evitar que una víctima quede librada a distintos organismos sin una articulación suficiente entre ellos.
La sexta prórroga de la emergencia vuelve así a instalar una pregunta que excede la duración de la ley: después de 12 años, ¿qué tan preparada está la estructura estatal para hacer efectiva esa emergencia?
La continuidad de una declaración de emergencia puede garantizar herramientas y recursos, pero su eficacia también depende de que las áreas responsables estén completas, tengan capacidad operativa y puedan sostener políticas de prevención y asistencia en el territorio.
