22/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El debate por el Presupuesto 2027 volvió a poner en el centro de la escena la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Luis González, referente de Padres TEA, advirtió que los cambios planteados para las prestaciones y las pensiones podrían aumentar las dificultades que ya atraviesan numerosas familias para sostener tratamientos y servicios esenciales.
González cuestionó especialmente las modificaciones previstas para el sistema de prestaciones básicas y sostuvo que una eventual pérdida de referencias comunes en los valores podría generar diferencias entre las coberturas que reconocen las distintas obras sociales.
“Si se llega a dar, sería lamentable porque muchas familias se quedarían sin prestaciones”, afirmó.
La discusión por el nomenclador
Uno de los principales puntos señalados por el referente de Padres TEA es el nomenclador de prestaciones básicas de discapacidad, que establece los aranceles de servicios como rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, apoyos y transporte.
Actualmente, el Gobierno nacional mantiene un mecanismo de actualización periódica. De hecho, el 18 de septiembre de 2026 se oficializó un incremento del 1,70% para los aranceles correspondientes a ese mes, calculado sobre la variación del IPC. La actualización alcanzó a las distintas categorías de prestaciones, incluido el transporte.
El planteo de González apunta a los cambios que podrían implementarse a partir del Presupuesto 2027.
Según explicó, si los valores dejaran de funcionar como una referencia común, las obras sociales podrían reconocer montos diferentes y las familias quedarían expuestas a tener que afrontar eventuales diferencias.
Para graficar el escenario, mencionó el transporte para personas con discapacidad y señaló que actualmente el valor supera los $900 por kilómetro.
“La obra social va a venir a un papá y le va a decir: ‘Yo por el transporte te desconozco 200 pesos’. Y el papá va a tener que pagar la diferencia de 700 pesos por kilómetro”, planteó.
La preocupación por las pensiones
Otro de los puntos que genera incertidumbre es el régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
La normativa vigente establece una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla compatibilidad con determinados vínculos laborales, con un límite de ingresos establecido legalmente.
El proyecto presupuestario para 2027 propone modificaciones sobre este esquema, entre ellas cambios en las condiciones de compatibilidad con el empleo formal.
Para González, una modificación de estas características podría generar dificultades para personas con discapacidad que buscan incorporarse al mercado laboral sin perder inmediatamente la protección social.
“El Gobierno está relegando a las personas con discapacidad a estar encerradas en su casa”, sostuvo el referente.
Su planteo es que las políticas públicas deberían favorecer precisamente el proceso contrario: mayor autonomía, independencia y posibilidades de inserción laboral.
Familias que ya no pueden sostener los tratamientos
González también describió situaciones que, según relató, ya están atravesando algunas familias.
“Se van perdiendo familias a través de este año porque perdieron la obra social, porque muchos pierden el trabajo y por ende la obra social”, afirmó.
El referente de Padres TEA aseguró que algunas familias directamente tuvieron que dejar de sostener tratamientos porque los ingresos disponibles no alcanzan para cubrir los costos.
La situación resulta especialmente sensible en tratamientos que requieren continuidad y que involucran profesionales, transporte, terapias, instituciones educativas o centros especializados.
La renuncia de Vilches y la auditoría
El reclamo del sector se produce además en medio de la salida de Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. Según informó el propio Gobierno, Vilches había expuesto días antes ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados sobre las políticas implementadas por la Secretaría.
A esto se sumó la difusión de una auditoría que detectó un desfasaje de más de $158.000 millones en registros internos vinculados con la ex Agencia Nacional de Discapacidad. La información fue reportada por distintos medios y es objeto de análisis e investigación.
Para González, que estas irregularidades aparezcan en medio de las dificultades que atraviesan las familias genera todavía mayor preocupación.
“Te quedás con plata de los sectores más vulnerables, más indefensos”, cuestionó.
Un debate que todavía está abierto
La discusión sobre discapacidad forma parte del tratamiento del Presupuesto 2027, que todavía debe atravesar el debate legislativo. Por eso, los cambios planteados en el proyecto no deben confundirse con modificaciones que ya hayan entrado plenamente en vigencia.
Mientras el Congreso analiza la iniciativa, las organizaciones y familias del sector siguen reclamando previsibilidad en los aranceles, continuidad de las prestaciones y reglas que permitan compatibilizar la protección social con la inclusión laboral.
González resumió la preocupación desde la experiencia cotidiana de las familias: “Desafortunadamente, a veces la discapacidad no te importa hasta que te toca”.
