25/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La UDEC investiga presuntas irregularidades en la Unidad Educativa N° 7160 de Salta. La denuncia sostiene que hubo más de 300 designaciones y cuestiona el funcionamiento administrativo de la institución.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) investiga presuntas irregularidades vinculadas con más de 300 nombramientos realizados en la Unidad Educativa N° 7160 de Salta, un establecimiento cuya existencia y funcionamiento actual son objeto de una denuncia penal.
La investigación está a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó información al Ministerio de Educación para determinar cómo fue creada la institución, cuál es su estructura vigente y qué destino tuvieron los recursos públicos vinculados con sus cargos.
La denuncia fue presentada el 12 de agosto por la docente Celia Alancay, quien apuntó contra la ministra de Educación, Cristina Fiore, y el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker. La presentación plantea posibles delitos vinculados con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Una escuela cuestionada
Según la denuncia, la Unidad Educativa 7160 no tendría actualmente edificio propio ni matrícula de alumnos, tampoco aparecería en el nomenclador de establecimientos educativos ni contaría con una estructura orgánica aprobada en las condiciones cuestionadas por la presentación.
Alancay sostiene además que se habrían efectuado más de 300 designaciones, algunas de ellas a personas que no serían docentes. La denunciante también planteó que determinados nombramientos podrían involucrar a personas con vínculos familiares con integrantes de la estructura política, aunque estos extremos forman parte de la investigación y deberán ser acreditados.
Otro de los puntos señalados es el procedimiento utilizado para las designaciones. La denuncia cuestiona que los cargos no habrían seguido el mecanismo de evaluación y ordenamiento correspondiente a través de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
La presentación también sostiene que, pese a la situación de la institución, se continuarían liquidando haberes con fondos del Tesoro provincial.
Qué investiga la Fiscalía
El 20 de agosto, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Educación documentación para establecer si la Unidad Educativa N° 7160 existe actualmente y cuál es su funcionamiento.
Entre los requerimientos figura el instrumento administrativo mediante el cual fue creada, además de información sobre su estructura, los cargos existentes y la asignación de recursos.
Las medidas buscan reconstruir cómo funcionó la institución a lo largo del tiempo y determinar si existieron irregularidades en las designaciones denunciadas y en el manejo de fondos públicos.
Mientras avanza la investigación judicial, el Ministerio de Educación también inició un relevamiento interno de las personas que figuraban designadas en la Unidad Educativa 7160.
La explicación del Ministerio de Educación
Frente a los cuestionamientos, la cartera educativa sostuvo que durante la última década varias unidades educativas fueron quedando sin matrícula como consecuencia de la baja natalidad o de las migraciones internas, aunque sus trabajadores continuaron administrativamente vinculados a esas estructuras.
El Ministerio explicó que, cuando una institución deja de tener alumnos, los cargos docentes y no docentes no desaparecen automáticamente. Según la explicación oficial, esos recursos humanos pueden ser reorganizados y redistribuidos hacia establecimientos que requieren personal.
Educación también señaló que las unidades creadas mediante decretos mantienen su identificación administrativa porque los agentes públicos continúan vinculados a esas estructuras hasta que se produce su reorganización.
El origen de la Unidad Educativa 7160
La documentación oficial citada en la investigación señala que la Unidad Educativa 7160 fue creada en 2004, dentro del sistema de regímenes especiales.
Su creación se dispuso mediante el Decreto 795/2004, que autorizó el funcionamiento de una Escuela de Educación Especial a partir de marzo de ese año.
La medida respondió al crecimiento de la matrícula de la Unidad Educativa N° 7042 “Rosa V. Pelletier”, que brindaba atención educativa a niños, niñas y jóvenes judicializados y a mujeres alojadas en establecimientos penitenciarios.
En su primera etapa, la normativa estableció que la nueva unidad funcionaría en las instalaciones del Penal de Mujeres de Villa Las Rosas y contempló 22 cargos dentro de su Planta Orgánica Funcional.
Posteriormente, otro decreto estableció que la institución funcionara en dependencias de la Comisaría del Menor N° 17, ubicada en barrio Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta.
Cómo se educa actualmente a los jóvenes judicializados
De acuerdo con información aportada por la Defensoría General de la provincia, actualmente los chicos judicializados reciben educación mediante el Sistema Virtual de Formación a Distancia N° 9002.
El seguimiento de sus trayectorias educativas está a cargo del Núcleo Educativo N° 7178. Actualmente, según la información citada, cinco chicos se encuentran inscriptos en el sistema virtual.
La investigación judicial deberá determinar ahora si las designaciones denunciadas se ajustaron a la normativa vigente y cuál es la situación administrativa real de la Unidad Educativa N° 7160.
Una denuncia que ahora deberá probarse
La denuncia de Alancay plantea interrogantes sobre más de 300 designaciones, el funcionamiento actual de la institución y el destino de los fondos destinados al pago de haberes.
Sin embargo, se trata de hechos bajo investigación y las personas señaladas conservan las garantías correspondientes mientras no exista una resolución judicial que determine responsabilidades.
La Fiscalía continúa reuniendo documentación para establecer si existieron irregularidades administrativas o delitos contra la administración pública.
Con información de Salta/12 para Página/12.
