03/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Caputo en Francia. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei lanzó el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad mediante un aporte de US$350.000 al Tesoro o un título público de US$800.000. La iniciativa profundiza un cambio impulsado por el Ejecutivo en el régimen de ciudadanía y ya genera cuestionamientos políticos y jurídicos.
El Gobierno de Javier Milei puso precio a una de las vías para acceder a la ciudadanía argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en París el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitirá a extranjeros iniciar el proceso mediante un aporte de US$350.000 al Tesoro Nacional.
La segunda alternativa contempla la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para este programa. Según anunció el Ejecutivo, el sistema estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El esquema también contempla a los familiares del inversor. El cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 cada uno.
Para los menores de 18 años, el aporte establecido es de US$25.000. De esta manera, una familia compuesta por un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podría acceder al programa con un desembolso total de US$500.000.
Una nueva vía para obtener la ciudadanía
La iniciativa no surgió desde cero. En 2025, el Gobierno modificó la Ley de Ciudadanía mediante el DNU 366 y creó una nueva categoría para extranjeros que acrediten haber realizado una “inversión relevante” en Argentina.
La reforma estableció que esa vía puede utilizarse sin importar el tiempo de residencia del extranjero en el país. Hasta entonces, la vía general de naturalización exigía, entre otros requisitos, acreditar dos años de residencia continua y legal.
El mismo decreto creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, encargada de diseñar, gestionar y controlar estos programas.
Con el anuncio realizado ahora en París, el Gobierno estableció por primera vez los montos concretos que deberán aportar quienes quieran utilizar esta nueva modalidad.
Caputo vinculó la iniciativa con empresarios tecnológicos
Durante la presentación, Caputo explicó que el proyecto comenzó a tomar forma a partir de conversaciones mantenidas con empresarios de la industria tecnológica durante viajes oficiales.
El ministro recordó particularmente un viaje a Sun Valley, donde la delegación argentina mantuvo encuentros con referentes del sector. Según explicó, allí surgió el interés por contar con una vía de ciudadanía vinculada a inversiones.
La revelación generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que consideran que el nuevo mecanismo podría beneficiar especialmente a grandes inversores internacionales.
El diputado Agustín Rossi anunció un proyecto para impedir la ciudadanía por inversión. También cuestionaron la iniciativa dirigentes como Myriam Bregman y la exdirectora de Migraciones Florencia Carignano, quienes pusieron el foco en la diferencia entre los requisitos establecidos para los inversores y los exigidos a quienes buscan naturalizarse por la vía tradicional.
El debate sobre las tierras y los inversores extranjeros
El anuncio también reavivó la discusión sobre la posibilidad de que grandes inversores extranjeros adquieran activos y propiedades en Argentina.
El tema tomó especial relevancia después de los cambios impulsados por el Gobierno sobre el régimen de tierras rurales. El DNU 70/2023 había derogado la Ley de Tierras Rurales, que establecía límites a la titularidad extranjera, aunque la situación jurídica de esas restricciones atravesó posteriormente medidas judiciales.
Por eso, obtener la ciudadanía mediante inversión no equivale por sí mismo a recibir autorización automática para comprar cualquier cantidad o tipo de tierra. La adquisición de inmuebles y tierras rurales continúa dependiendo del régimen jurídico que corresponda en cada caso.
El debate, sin embargo, quedó instalado: el Gobierno busca atraer capital extranjero mediante un mecanismo que permite acceder a la ciudadanía sin cumplir previamente el requisito general de residencia.
Cómo será evaluado cada solicitante
El programa no establece una ciudadanía automática por el simple hecho de realizar el aporte. Las solicitudes deberán atravesar un proceso de evaluación antes de que la Dirección Nacional de Migraciones resuelva cada caso.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá analizar la inversión y solicitar información a distintos organismos estatales. Entre ellos figuran la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la SIDE, además de otras dependencias que puedan resultar necesarias.
El objetivo declarado es verificar el origen de los fondos y determinar si el otorgamiento de la ciudadanía representa algún riesgo para la seguridad o los intereses nacionales.
Una vez reunida la información, la Agencia elaborará un informe recomendando aprobar o rechazar la solicitud. La decisión final quedará en manos de Migraciones, que deberá emitir una resolución fundada.
Una medida que abre un fuerte debate político
El Gobierno sostiene que el programa busca atraer inversiones, generar empleo y profundizar la integración internacional de Argentina.
Sus críticos, en cambio, cuestionan que la ciudadanía pueda quedar vinculada a la capacidad económica del solicitante y advierten sobre las diferencias que podría generar frente a los extranjeros que deben cumplir el régimen tradicional de naturalización.
Así, el anuncio de Caputo no solo introduce un nuevo mecanismo para obtener la ciudadanía argentina. También abre una discusión de fondo sobre inversión extranjera, nacionalidad, residencia, seguridad financiera y el acceso de grandes capitales a activos dentro del país.
