06/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha. Imagen: Web.
Trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y excombatientes de Malvinas se movilizan contra la Corte Suprema luego de que una decisión del máximo tribunal dejara operativo el artículo del DNU 70/23 que eliminó los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La concentración está prevista para este martes a las 16 frente al Palacio de Tribunales y tendrá además un segundo capítulo el 15 de octubre, cuando está previsto que la Cámara de Diputados sesione para intentar rechazar y dejar sin efecto el decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El conflicto vuelve a poner en el centro de la discusión una de las medidas más cuestionadas del DNU 70/2023: la derogación de la Ley de Tierras y el levantamiento de las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
El DNU que abrió la puerta a la extranjerización
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad y la cantidad de tierras que podía adquirir cada titular.
El DNU 70/2023 derogó esa normativa.
La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo que eliminaba la Ley de Tierras. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa decisión el 29 de septiembre.
El máximo tribunal aclaró posteriormente que no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Según su explicación, resolvió que el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no existía una controversia judicial que habilitara el tratamiento del planteo.
Pero el efecto concreto de la decisión fue otro: el artículo que elimina los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros quedó nuevamente operativo.
Empresarios contra el “mega decreto”
Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) cuestionaron duramente el alcance del DNU y sostuvieron que no se trata solamente de una discusión sobre la propiedad de la tierra.
Los empresarios señalaron que el decreto también desmanteló normas vinculadas con el Compre Nacional, los proveedores locales, las exportaciones, la Ley de Góndolas, el fomento a la producción y el consumo y la Defensa de la Competencia.
Para APYME, el DNU constituye un “plan de destrucción masiva” contra el entramado productivo local.
La movilización, por lo tanto, reúne reclamos que exceden la cuestión territorial y apuntan directamente contra el esquema de desregulación impulsado por el Gobierno de Milei.
ATE se suma y apunta contra la Corte
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió realizar un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo desde las 12 en ministerios, organismos públicos y empresas estatales para participar de la movilización.
Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó el fallo y sostuvo que afecta la división de poderes, al considerar que la Corte pasó por encima de decisiones adoptadas por el Congreso.
El gremio vinculó además la defensa de las tierras con la soberanía nacional y el riesgo de extranjerización del territorio.
ATE ya había declarado el estado de alerta y movilización después de conocerse la decisión judicial y reclamó una respuesta conjunta del movimiento sindical.
Las CTA preparan la pelea del 15 de octubre
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores son algunas de las principales organizaciones sindicales que convocan a la movilización bajo una consigna contundente:
“La patria no se vende. La soberanía tampoco”.
Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, cuestionó además que los excombatientes del CECIM hayan sido considerados sin legitimidad para llevar adelante la demanda judicial.
Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, planteó que la protesta debe trasladarse al Congreso el 15 de octubre, cuando la oposición buscará avanzar con el rechazo del DNU 70/2023.
Excombatientes: “No pueden negar nuestra legitimidad”
El CECIM La Plata, organización que inició la demanda judicial contra la derogación de la Ley de Tierras, ocupa un lugar central en la movilización.
Para los excombatientes, la decisión judicial implica desconocer su legitimidad para recurrir a la Justicia en defensa de una cuestión que consideran directamente relacionada con la soberanía territorial.
Hugo Robert, vicepresidente del CECIM, cuestionó que, 44 años después de la guerra de Malvinas, se les niegue legitimidad para defender judicialmente aquello por lo que fueron enviados a combatir.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM, sostuvo que no permitirán que avance lo que calificó como un “plan sistemático de entrega” y confirmó la participación de la organización en la movilización.
Tierra, agua y soberanía: el conflicto que crece
La protesta también suma a organizaciones sociales, territoriales, ambientales y de derechos humanos.
En distintas provincias se organizaron concentraciones contra el fallo. En Entre Ríos, por ejemplo, organizaciones sociales, políticas y socioambientales convocaron bajo la consigna: “La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja”.
El planteo busca llevar la discusión más allá de la propiedad privada. Para las organizaciones convocantes, la derogación de la Ley de Tierras también involucra cuestiones estratégicas como la soberanía territorial, los recursos naturales, el agua, las zonas de frontera y la soberanía alimentaria.
La movilización de este martes será, así, apenas el primer capítulo de una disputa que promete trasladarse al Congreso el 15 de octubre, con el DNU 70/23 nuevamente en el centro de la tormenta política.
