13/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El régimen de incentivos a las grandes inversiones impulsado por el gobierno de Javier Milei podría reducir la recaudación nacional en USD 2.624 millones anuales, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Salta está entre las provincias alcanzadas por los beneficios fiscales otorgados a grandes proyectos mineros y energéticos. El costo de las exenciones vuelve a poner en discusión cuánto resigna el Estado para atraer inversiones que, en varios casos, ya estaban en marcha o habían sido planificadas antes de la aprobación del régimen.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), actualizado a septiembre de 2026, calculó que el país podría dejar de percibir USD 2.624 millones por año como consecuencia de los beneficios fiscales incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La estimación contempla distintas concesiones tributarias a empresas de los sectores de energía y minería, dos actividades con fuerte presencia en el norte argentino.
Uno de los principales componentes de esa pérdida corresponde a los derechos de exportación que el Estado dejaría de cobrar. Según el estudio, en el escenario base esa renuncia fiscal alcanzaría los USD 1.021 millones anuales. El argumento de una mayor actividad exportadora convive así con una reducción de los ingresos que el fisco habría obtenido si las ventas externas no contaran con las exenciones del régimen.
El informe también cuestiona que todos los proyectos beneficiados puedan presentarse como inversiones nuevas generadas exclusivamente por el RIGI. Más de la mitad de las iniciativas autorizadas ya habían sido anunciadas, contaban con estudios avanzados, registraban desembolsos o respondían a decisiones estratégicas anteriores a la ley. Esto no significa que todas se hubieran concretado en las mismas condiciones sin el incentivo, pero sí pone en duda que los beneficios fiscales sean el único factor detrás de las inversiones.
Los proyectos mineros de Salta alcanzados por el régimen
La provincia de Salta aparece entre los territorios involucrados por la expansión de las inversiones mineras y energéticas que accedieron al RIGI. Entre los proyectos mencionados en el análisis se encuentra Diablillos, de la empresa AbraSilver, una iniciativa de plata y otros metales ubicada en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca.
El proyecto registró una inversión inicial de USD 481,7 millones y contempla alcanzar los USD 764 millones, según los datos difundidos. Su inclusión en el régimen forma parte de un esquema que ofrece ventajas tributarias a grandes emprendimientos, con el objetivo declarado de promover inversiones de largo plazo.
Otro caso es Sal de Oro, de la compañía surcoreana Posco, que se extiende entre Salta y Catamarca y está orientado a la producción de carbonato de litio grado batería a partir de salmuera del Salar del Hombre Muerto. La empresa inauguró recientemente una segunda planta vinculada con esa producción.
También figura Rincón, de la multinacional Rio Tinto, un proyecto de litio que contempla una inversión estimada en USD 2.700 millones y que obtuvo la aprobación para ingresar al RIGI. Estas iniciativas refuerzan el peso de la minería en la agenda económica provincial, aunque el impacto de los beneficios fiscales sobre la recaudación abre interrogantes sobre el balance entre las inversiones privadas y los recursos públicos que se resignan.
La rebaja de Ganancias amplía el costo fiscal
El impacto estimado no se limita a las retenciones. El estudio de CEPA también contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias prevista para las empresas adheridas al régimen: la alícuota del RIGI es del 25%, frente al 35% tomado como referencia para la comparación.
Esa diferencia de diez puntos porcentuales representaría una renuncia recaudatoria de USD 763 millones anuales en el escenario base. Si se suman ese componente y los menores ingresos por derechos de exportación, el costo estimado de ambos conceptos llega a USD 1.784 millones por año.
El análisis advierte, además, que una eventual ampliación de los beneficios mediante el denominado “SuperRIGI” elevaría el costo fiscal si la alícuota de Ganancias bajara del 25% al 15%.
El debate de fondo es cuánto recauda realmente el Estado frente a los incentivos que concede a las grandes empresas. Para Salta, donde avanzan proyectos de litio y otros minerales estratégicos, la discusión no se agota en el volumen de inversión anunciado: también involucra los impuestos que dejarían de ingresar y los recursos públicos disponibles para atender las necesidades de la provincia.
