27/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Derrame de petróleo. Imagen: Martín Katz/Greenpeace.
La Justicia de Orán intimó a YPF y President Petroleum a presentar en 10 días hábiles un plan para cerrar definitivamente el pozo petrolero Loma de Olmedo X-10. La preocupación crece ante el riesgo de que las lluvias arrastren sustancias contaminantes hacia terrenos agrícolas y ganaderos.
La contaminación provocada por el pozo petrolero abandonado Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián, Pichanal, quedó bajo una nueva medida judicial urgente. La Justicia de Orán intimó a YPF y President Petroleum a presentar en 10 días hábiles un plan técnico para el cierre definitivo del pozo, además de establecer medidas para contener el daño ambiental.
La decisión se tomó a partir de un pedido de la fiscal de Pichanal, María Sofía Fuentes, respaldado por pericias y constataciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). La intervención busca evitar que la contaminación existente se agrave, especialmente ante la proximidad de la temporada de mayores precipitaciones.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar a una medida cautelar ambiental urgente, preventiva y provisoria. Los informes advierten sobre la continuidad de la afectación ambiental, las emanaciones de gases y la presencia de sustancias depositadas en la superficie cercana al pozo.
El riesgo de que las lluvias extiendan la contaminación
Una de las principales preocupaciones es que las precipitaciones favorezcan el desplazamiento de las sustancias contaminantes hacia terrenos vecinos. Los informes advierten sobre el riesgo para propiedades destinadas a actividades agrícolas y ganaderas, en un escenario marcado por la proximidad del fenómeno climático denominado “Super Niño”.
La fiscalía pidió que las empresas vinculadas con la concesión y explotación del pozo presenten un Plan Técnico de Cierre y Abandono, elaborado por profesionales competentes. El objetivo es garantizar un cierre seguro y definitivo e impedir que continúen las emanaciones de gases hacia el exterior.
La resolución judicial fue notificada el 23 de octubre de 2026 y amplía las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía ante la persistencia de los riesgos ambientales.
Más petroleras podrían afrontar responsabilidades
La intimación también alcanza a otras compañías que integraron la cadena de concesión del pozo. Entre ellas se encuentran EPP Petróleo SA, Tripetrol Petroleum SA, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José SRL, que aún debían ser notificadas.
La Justicia consideró que las empresas involucradas podrían tener responsabilidad objetiva y solidaria por los costos del cierre del pozo y la recomposición del suelo afectado. También señaló que contar con autorizaciones administrativas para desarrollar actividades hidrocarburíferas no elimina las obligaciones establecidas por la legislación ambiental.
La medida se fundamenta en los principios de prevención y precaución de la Ley General del Ambiente 25.675 y en el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante la Ley 27.566. El juez aclaró que la resolución no determina de manera definitiva la responsabilidad de las empresas, sino que busca neutralizar el riesgo mientras continúa el proceso judicial.
El incumplimiento de las intimaciones podría derivar en consecuencias por desobediencia judicial, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal.
Barreras, monitoreo y aislamiento del área afectada
El plan de remediación deberá contemplar medidas coordinadas entre las empresas involucradas y las secretarías de Ambiente y de Minería y Energía de Salta, a través de sus organismos técnicos competentes.
Entre las acciones ordenadas figuran la delimitación y el aislamiento preventivo del área afectada, la instalación de barreras de contención y la identificación de posibles cursos de escorrentía. También se deberá monitorear los terrenos agrícolas y ganaderos cercanos e implementar protocolos de actuación inmediata ante las lluvias.
El plan tendrá que establecer procedimientos para recuperar, extraer y disponer de manera segura las sustancias que pudieran desplazarse. Además, deberá precisar las medidas concretas, los responsables de ejecutarlas, los plazos y los mecanismos de seguimiento.
La urgencia está puesta en evitar que la contaminación avance hacia terrenos vecinos y establecer las acciones necesarias para el cierre seguro del pozo petrolero abandonado.
