02/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Prensa.
Tras declarar la emergencia agropecuaria en Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, el Gobierno de Gustavo Sáenz espera el reconocimiento nacional para gestionar beneficios. La Provincia admite que no espera subsidios y los productores reclaman prórrogas impositivas y financieras para sostener la próxima cosecha.
Las heladas tardías que afectaron a los Valles Calchaquíes dejaron a los productores vitivinícolas y frutihortícolas frente a un escenario de pérdidas e incertidumbre. Luego de declarar la emergencia agropecuaria en cuatro departamentos, el Gobierno de Gustavo Sáenz envió el decreto a la Nación para conseguir el reconocimiento nacional y acceder a los beneficios previstos por la legislación federal.
Sin embargo, desde la propia administración provincial reconocen que las posibilidades de recibir asistencia económica directa son bajas. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, anticipó que no esperan subsidios del Gobierno de Javier Milei, aunque aseguró que buscarán otras alternativas para aliviar la situación del sector.
La emergencia quedó formalizada mediante el decreto provincial 705, firmado el 26 de octubre y publicado en el Boletín Oficial el jueves 29. Comprende a productores vitivinícolas y frutihortícolas de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi, afectados durante la campaña productiva que se extiende desde el 12 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028.
“Seguramente, fondos de asistencia, subsidios, no va a haber”, reconoció Dorigato. De todos modos, sostuvo que la Provincia continuará las gestiones con Nación para intentar conseguir beneficios adicionales.
Qué beneficios contempla la emergencia agropecuaria
Por ahora, las herramientas previstas en el régimen provincial incluyen diferimientos de vencimientos impositivos y otros beneficios contemplados en la normativa de emergencia. El reconocimiento nacional permitiría abrir una nueva instancia de asistencia, aunque todavía no hay precisiones sobre su alcance.
La declaración no implica que todos los productores accedan automáticamente a los beneficios. Quienes hayan sufrido daños superiores al 50% de sus cultivos deberán presentar una declaración jurada dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación del decreto.
El trámite se realiza a través del sitio del Ministerio de Producción y Minería de Salta. Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario verificará los daños y emitirá las certificaciones correspondientes.
Según explicó Dorigato, el relevamiento preliminar realizado junto con el SENASA y el INTA permitió identificar una afectación importante, aunque todavía no se conoce la dimensión definitiva de las pérdidas.
El impacto sobre los rendimientos y la capacidad de recuperación de las plantas se podrá determinar con mayor precisión durante la cosecha.
Las heladas tardías llegaron después de un invierno benigno que adelantó la brotación. La combinación de ese fenómeno con temperaturas bajas sostenidas durante varias horas dañó los brotes y puso en riesgo la producción.
La evaluación deberá establecer no solo las pérdidas inmediatas, sino también si las plantas consiguen recuperarse y si la cantidad de frutos permitirá cubrir los costos de cosecha.
Productores reclaman prórrogas impositivas y financieras
Entre los productores, la principal preocupación es cómo sostener la actividad durante los próximos meses sin ingresos suficientes para afrontar las obligaciones económicas.
Miguel Ángel Lovaglio, productor vitivinícola de Cafayate, valoró la rapidez con la que la Provincia respondió al pedido de declarar la emergencia, pero advirtió que la medida debe traducirse en beneficios concretos.
“Lo que pedimos es que nos den un respiro, porque, sin cosecha, realmente el año que viene no sé cómo vamos a trabajar para la próxima”, manifestó.
En su establecimiento, el relevamiento preliminar registró daños cercanos al 90%. El productor describió el impacto económico y emocional de perder una campaña después de haber invertido durante todo el año en salarios, combustible y otros costos de producción.
Lovaglio coincidió en que no existen expectativas de recibir subsidios nacionales, pero insistió en la necesidad de aliviar las obligaciones fiscales y financieras.
Entre los principales reclamos se encuentran:
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Prorrogar las deudas con ARCA.
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Extender los vencimientos de obligaciones con Rentas de la Provincia.
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Ampliar los plazos de los créditos del Banco Nación utilizados para financiar la cosecha anterior.
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Reducir la presión de las cargas impositivas y financieras para sostener la actividad.
“Queremos aliviarnos con las cargas impositivas y con los créditos para poder hacer frente a esto”, resumió.
Tres años de malos resultados y preocupación por el empleo
El productor también cuestionó la orientación de las políticas nacionales y consideró que el Gobierno de Javier Milei prioriza a las grandes empresas, mientras las pequeñas y medianas unidades productivas de las economías regionales quedan desprotegidas.
En ese contexto, llevó el reclamo a una reunión realizada el viernes con representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y legisladores nacionales.
La emergencia por las heladas se suma a las dificultades que atraviesa la vitivinicultura de los Valles Calchaquíes. Según Lovaglio, el sector acumula tres años de malos resultados y algunas empresas ya redujeron sus planteles de trabajadores.
La situación también amenaza los ingresos de las familias que dependen de la cosecha, debido a que se trata de una actividad intensiva en mano de obra.
“Esperemos que sea realmente efectivo y que no quede solamente en declaraciones y en papeles, sino que realmente se ayude a los productores”, reclamó.
Mientras Salta espera una respuesta de la administración nacional, el sector necesita medidas que permitan afrontar las deudas, sostener los puestos de trabajo y financiar una nueva campaña productiva.
