21/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Reunión. Imagen: Prensa.
La entidad defendió la sustentabilidad del régimen previsional y propuso un plazo extraordinario de 30 días para que los afiliados regularicen su situación. También advirtió sobre las consecuencias que podría tener la eliminación de la normativa para quienes realizaron sus aportes.
La Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta solicitó a la Cámara de Diputados que mantenga vigente la Ley N.º 8444 y no avance con el proyecto que propone su derogación. Frente a los conflictos generados durante la implementación del régimen, presentó una alternativa: un mecanismo excepcional para que los afiliados puedan regularizar sus obligaciones y continuar dentro del sistema previsional.
En su presentación, la institución sostuvo que el sistema es financieramente viable y respaldó esa afirmación con estudios actuariales elaborados por profesionales independientes y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Según los datos difundidos por la Caja, el régimen cuenta actualmente con 1.106 afiliados activos. De ese total, 471 realizaron aportes y 235 estaban completamente al día hasta octubre de 2026.
Además, 21 afiliados habían comenzado a aportar, pero suspendieron los pagos ante la incertidumbre generada por el tratamiento del proyecto de derogación en la Cámara de Senadores.
La entidad informó también que 344 afiliados tienen bajas, licencias o suspensiones debidamente documentadas, contempladas por la legislación. Entre las situaciones mencionadas se encuentran el cese del ejercicio profesional, el cumplimiento de un régimen laboral de 40 horas semanales y la dedicación exclusiva a la docencia.
Aportes y jubilaciones: la comparación que presentó la Caja
Uno de los puntos planteados por la institución estuvo relacionado con los cuestionamientos al costo de los aportes. Para responder a esas críticas, presentó una comparación con el régimen nacional de monotributo.
De acuerdo con las cifras incluidas en el documento, el aporte promedio del sistema nacional es de $88.147,94 y la jubilación promedio alcanza los $444.158,46. En la Caja Interprofesional, en cambio, el aporte promedio asciende a $92.829, mientras que la jubilación ordinaria promedio llega a $714.000.
Con estos números, la institución rechazó los argumentos que consideran excesivos los aportes exigidos por el régimen provincial.
También atribuyó la falta de una mayor adhesión a la ausencia de acompañamiento de algunos colegios profesionales y a la incertidumbre provocada por los sucesivos proyectos de derogación.
La propuesta: un período extraordinario para regularizar las deudas
Como alternativa al conflicto, la Caja propuso un régimen excepcional de regularización, con un período extraordinario de 30 días, para que los afiliados puedan adherir y ponerse al día.
La propuesta establece que quienes suscriban el convenio comiencen a realizar sus aportes desde el mes de la firma. A cambio, la institución se comprometería a no exigir ni promover durante cinco años el cobro administrativo, extrajudicial o judicial de las obligaciones acumuladas entre febrero de 2025 y la fecha de suscripción del acuerdo.
Una vez finalizado ese período, quedaría definido el universo de afiliados que integrarán el sistema. Quienes decidan permanecer conservarán la continuidad de su afiliación desde el inicio del funcionamiento del régimen.
La entidad explicó que busca ofrecer una salida a los profesionales que acumularon deudas por dudas, desconocimiento o información equivocada. Además, manifestó su disposición a establecer planes de pago sin recargos adicionales.
La advertencia por una posible derogación de la Ley 8444
La Caja también expuso su preocupación por las consecuencias que podría generar la aprobación del proyecto de derogación en los términos actuales.
Según su planteo, la eliminación de la ley podría perjudicar a los profesionales que cumplieron con sus obligaciones y beneficiar a quienes decidieron no realizar los aportes.
Por ese motivo, solicitó que, si la Legislatura resuelve avanzar con la derogación, el proyecto sea modificado sustancialmente e incorpore un mecanismo para liquidar los pasivos y distribuir los fondos, con prioridad para quienes realizaron contribuciones al sistema.
La institución advirtió que una eventual devolución de fondos sin reglas claras podría generar perjuicios para los afiliados que cumplieron con la normativa, mientras que quienes no aportaron podrían quedar sin consecuencias.
Además, cuestionó la consistencia de los datos utilizados para fundamentar la iniciativa y señaló que, según su conocimiento, no se solicitaron informes institucionales a la propia Caja para contrastar la información antes de impulsar el proyecto.
La Caja busca sumar a otros colegios profesionales
En el tramo final de su presentación, la institución recordó que la legislación vigente permite incorporar a profesionales de otros colegios que actualmente no cuentan con un régimen previsional propio.
En ese sentido, informó que mantiene conversaciones con autoridades de distintas entidades profesionales para analizar posibles incorporaciones y ampliar la base de afiliados.
La Caja sostuvo que el debate sobre la Ley 8444 no debe limitarse a una discusión administrativa o económica, sino que debe contemplar la protección previsional de los profesionales y sus familias. Entre las prestaciones mencionó las jubilaciones, la cobertura ante situaciones de incapacidad y las pensiones para los derechohabientes.
Con esta presentación, la entidad reiteró ante los diputados su pedido de mantener vigente la Ley 8444 y considerar el régimen extraordinario de regularización como una alternativa para resolver los conflictos existentes sin desarticular el sistema previsional.
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