23/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Avioneta. Imagen:: Contexto Tucumán.
El Gobierno de Javier Milei incorporó al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional un régimen para actuar frente a aeronaves que ingresen irregularmente al espacio aéreo argentino. En Salta, la iniciativa encuentra respaldo entre quienes reclaman mayor control sobre los vuelos clandestinos, mientras que sectores judiciales cuestionan el uso de la fuerza letal sin una intervención judicial previa.
El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de discusión con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado al Congreso el 17 de septiembre, que incorpora herramientas para intervenir ante aeronaves que ingresen de manera irregular al espacio aéreo argentino. Entre ellas aparece un régimen de intercepción que volvió a poner en el centro del debate la posibilidad de utilizar la fuerza contra vuelos considerados una amenaza.
La discusión tiene un impacto particular en Salta y la frontera norte, donde funcionarios vienen reclamando desde hace semanas mayores recursos para detectar e interceptar vuelos clandestinos presuntamente vinculados al narcotráfico. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y la diputada nacional Eliana Bruno habían presentado previamente una propuesta ante los ministerios de Seguridad y Defensa para establecer reglas específicas de intercepción aérea.
La iniciativa oficial establece un procedimiento de advertencias e intervención frente a aeronaves que ingresen irregularmente. Según el texto difundido sobre el proyecto, la decisión final sobre las medidas a adoptar queda en manos de la Presidencia de la Nación o de la autoridad que el Poder Ejecutivo designe.
Para Zigarán, contar con un marco legal específico permitiría mejorar la capacidad de respuesta frente a los vuelos clandestinos que ingresan por la extensa frontera norte. El funcionario había sostenido que la región presenta condiciones geográficas que dificultan el control y reclamó combinar la eventual legislación con más radares e infraestructura operativa.
El debate por el uso de la fuerza
La discusión, sin embargo, no se limita a la eficacia del control aéreo. El fiscal federal Carlos Amad expresó su rechazo a la denominada ley de derribo y cuestionó las consecuencias que podría tener un mecanismo que permita utilizar fuerza letal contra una aeronave.
Amad planteó que una medida de ese tipo podría entrar en tensión con las garantías constitucionales y sostuvo que, en determinados supuestos, implicaría provocar una muerte sin un juicio previo. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco del debate abierto por el proyecto nacional.
El fiscal también diferenció situaciones extraordinarias en las que el Estado establece restricciones especiales al espacio aéreo por razones de seguridad. Como ejemplo mencionó acontecimientos de máxima protección, como reuniones internacionales o la eventual llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.
El problema de los vuelos clandestinos en Salta
Uno de los principales argumentos de quienes impulsan mayores facultades de intercepción es que detectar una aeronave no necesariamente permite impedir el aterrizaje o la descarga de una carga ilegal.
En la frontera norte, la distancia entre los puntos de detección y las zonas donde pueden aterrizar aeronaves representa uno de los principales desafíos operativos. Según lo planteado por funcionarios que reclaman mayores controles, una aeronave puede permanecer pocos minutos en tierra y volver a despegar antes de que las fuerzas desplegadas en la zona logren llegar.
Por eso, además de la discusión sobre una eventual ley de derribo, aparece otro reclamo: reducir los tiempos de respuesta mediante más infraestructura, radares y presencia operativa en la frontera.
Los antecedentes de la radarización
El debate tampoco es nuevo. En 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se implementó el denominado Escudo Norte, un esquema destinado a reforzar la vigilancia de las fronteras mediante radares y despliegue de fuerzas.
El sistema tuvo sucesivas prórrogas hasta finales de 2015. Posteriormente, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue relanzado en 2016 bajo el nombre de Operativo Fronteras.
Antes de esos dispositivos existía además el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), creado mediante el Decreto 1407/2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. El actual proyecto del Gobierno no utiliza ese nombre, pero plantea un esquema basado en la integración de radares civiles y militares dentro del Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional.
El proyecto contempla que el sistema pueda detectar aeronaves y otros vectores mediante radares primarios y secundarios, además de otras tecnologías de vigilancia. También asigna al Comando Conjunto Aeroespacial responsabilidades sobre la operación de radares militares en el territorio nacional.
Así, el debate que llega al Congreso combina dos cuestiones diferentes: cómo detectar y frenar los vuelos clandestinos que ingresan al país y hasta dónde puede llegar el Estado en el uso de la fuerza para impedirlos.
En Salta, la discusión adquiere especial relevancia por la frontera con Bolivia y por los reclamos de autoridades locales para fortalecer la vigilancia aérea. El tratamiento legislativo deberá determinar ahora qué facultades tendrá el Estado y bajo qué condiciones podrán utilizarse frente a una aeronave considerada irregular o una amenaza.
