23/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Imagen: Pablo Lecaros.
El Gobierno designó a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras la salida de Alejandro Vilches, en medio de una fuerte crisis en el sector. La renovación de autoridades coincide con el reclamo para extender hasta 2027 la Emergencia en Discapacidad y con nuevas movilizaciones contra los cambios previstos en el Presupuesto.
El Gobierno de Javier Milei designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario Nacional de Discapacidad, apenas horas después de la salida de Alejandro Vilches. El cambio se produce en un momento de fuerte tensión con organizaciones, prestadores y trabajadores del sector, que reclaman la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La designación fue oficializada el 22 de septiembre por el Ministerio de Salud, que destacó la experiencia de Di Liscia tanto en el sector privado como en la gestión pública. Entre 2017 y 2019 fue presidente del IOMA y anteriormente ocupó cargos en el Gobierno porteño.
Su llegada ocurre además en medio del impacto político y judicial de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Cámara Federal confirmó esta semana el procesamiento del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto con otros 18 imputados, en una investigación por presuntas coimas vinculadas con compras de medicamentos.
Una salida en medio de una crisis
Vilches había llegado al área después del desplazamiento de Spagnuolo y dejó su cargo alegando motivos personales. La salida se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la gestión de ANDIS y por una auditoría que, según la información publicada y recogida en el material de origen, detectó un desfasaje de $158.000 millones.
La designación de Di Liscia busca ahora abrir una nueva etapa en la conducción del organismo. Según informó oficialmente el Gobierno, entre sus prioridades estarán mejorar el acceso a las prestaciones, fortalecer los mecanismos de gestión y control y continuar con las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral.
Pero el recambio no desactivó el conflicto. Por el contrario, organizaciones vinculadas a la discapacidad mantienen la presión sobre el Gobierno por el financiamiento de las prestaciones y por el futuro de la legislación vigente.
El reclamo por la Emergencia llega al Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de una prórroga por un año.
En el Congreso ya fue dispuesto el tratamiento de una extensión hasta el 31 de diciembre de 2027. La Cámara de Diputados estableció que las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda trabajaran sobre el tema durante septiembre.
El debate se desarrolla mientras organizaciones del sector cuestionan distintos aspectos del Presupuesto 2027 y reclaman que se mantengan las herramientas de financiamiento y actualización de las prestaciones.
Uno de los puntos de discusión es el Nomenclador Nacional, que establece valores de referencia para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. También existe preocupación por las modificaciones vinculadas con las pensiones y con la compatibilidad entre estas prestaciones y el trabajo registrado, según plantearon organizaciones citadas en el material original.
Movilización y presión sobre el Gobierno
Para este miércoles 23 de septiembre fueron convocadas movilizaciones en distintos puntos del país. El reclamo central es que el Congreso avance con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y que se garantice el cumplimiento efectivo de la legislación vigente.
La presión también creció dentro del Congreso. El oficialismo presentó un nuevo proyecto que, según distintas versiones, busca acercar posiciones con los bloques que reclaman mantener parte de las disposiciones de la emergencia. Las diferencias incluyen cuestiones relacionadas con el nomenclador, las pensiones, el concepto de invalidez laboral y los mecanismos de actualización.
El nuevo secretario asumirá, así, en un escenario atravesado por una investigación judicial sobre la gestión anterior, un fuerte reclamo del sector y una disputa legislativa por el Presupuesto 2027.
Mientras la Justicia continúa avanzando sobre la causa ANDIS, el Congreso deberá resolver si la emergencia se extiende durante 2027 y bajo qué condiciones. El resultado de ese debate tendrá impacto directo sobre el esquema de prestaciones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad.
