20/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Protesta en el puente internacional de Salvador Mazza. Imagen: Redes Sociales.
Los municipios salteños de Salvador Mazza y Aguas Blancas presentaron un amparo judicial para frenar las restricciones de ARCA a la venta de productos argentinos hacia Bolivia. La medida establece un límite de 150 dólares diarios por persona y ya provocó protestas en el puente internacional, preocupación entre los comerciantes y advertencias por el impacto sobre el empleo y la recaudación.
Los municipios salteños de Salvador Mazza y Aguas Blancas recurrieron a la Justicia Federal para frenar la resolución 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que impone nuevas restricciones al comercio fronterizo con Bolivia. Las autoridades locales advierten que la normativa amenaza la actividad económica, pone en riesgo fuentes de trabajo y profundiza la crisis social en una región donde numerosas familias dependen del intercambio comercial.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, presentaron una acción de amparo acompañada de un pedido de medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo. El objetivo es conseguir que la Justicia suspenda la aplicación de las disposiciones mientras se analiza su legalidad.
El recurso, elaborado por el abogado Adrián Albornoz, quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta, a cargo de Diego Anzorreguy, según la información disponible.
La resolución comenzó a regir el 10 de octubre y establece un límite de 150 dólares diarios por persona para la compra de productos argentinos destinados al mercado boliviano. También restringe el acondicionamiento de alimentos, como la harina, en presentaciones de 10 kilogramos o más, y busca impedir el paso de granos.
Para los municipios, estas condiciones pueden provocar un daño severo al comercio formal, reducir los ingresos públicos y agravar la conflictividad social en localidades que ya enfrentan dificultades económicas.
Cortes en el puente internacional y protestas en la frontera
Los efectos de la medida comenzaron a sentirse con fuerza este lunes en el puente internacional de Salvador Mazza, en el sector boliviano de San José de Pocitos, donde las cooperativas de bagayeros bloquearon el paso en rechazo a las nuevas restricciones.
Ante el conflicto, funcionarios de la Región Autónoma del Gran Chaco se comprometieron a informar sobre la situación a la Presidencia de Bolivia y a gestionar ante las autoridades argentinas una flexibilización de la normativa.
Según explicó Zigarán, se acordó que durante quince días los bagayeros pudieran cruzar con sus carritos cargados de mercadería hasta tres veces por día, con productos por un valor máximo equivalente a 150 dólares por cruce, frente a las seis veces que tenían permitidas antes de la entrada en vigencia de la resolución.
El malestar también se extendió a Jujuy. En La Quiaca, frente a la ciudad boliviana de Villazón, se anunció una protesta para este jueves con el reclamo de que se flexibilicen las restricciones.
Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, advirtió que la situación pone en peligro el trabajo indirecto del que dependen unas 3.500 familias de esa zona fronteriza.
Menos ventas, menos recaudación y riesgo para el empleo
Los municipios sostienen que las restricciones no solo perjudican a los comerciantes y trabajadores informales, sino que también afectan los ingresos de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Zigarán explicó que, cuando ingresaban camiones a Salvador Mazza, la Nación recaudaba $1.700.000 por cada vehículo, mientras que la Provincia y el municipio recibían $340.000 cada uno, según sus declaraciones. El interventor afirmó que había jornadas en las que llegaban a ingresar 100 camiones.
Con las nuevas limitaciones, los comerciantes fronterizos reducen sus operaciones con Bolivia y también disminuyen sus compras a proveedores argentinos, entre ellos los molinos que abastecen de harina al mercado.
De esta manera, la caída de la actividad comercial repercute en toda la cadena económica y reduce la recaudación de los tres niveles del Estado. Además, funcionarios provinciales advirtieron que el puesto de control de Salvador Mazza, inaugurado recientemente, podría llegar a funcionar apenas al 10% de su capacidad.
Los municipios advierten sobre el impacto social
En el amparo, las autoridades de Salvador Mazza y Aguas Blancas plantean que el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) se desarrolló durante décadas bajo una política de tolerancia y regulación estatal, vinculada con las condiciones laborales y económicas del norte salteño.
La presentación señala que la mecanización de la zafra azucarera y la privatización de YPF transformaron la estructura económica de la región, reduciendo oportunidades laborales y favoreciendo el surgimiento de actividades de subsistencia vinculadas al intercambio de mercaderías en la frontera.
En ese contexto, el trabajo de los llamados bagayeros o bolseros se consolidó como una fuente de ingresos para numerosas familias. El escrito también recuerda que en 2017 el Gobierno nacional había firmado acuerdos destinados a regular y registrar el ingreso diario de mercaderías por persona.
Por eso, los municipios cuestionan que el Estado modifique de manera abrupta una práctica que, según argumentan, toleró y reguló durante más de cuatro décadas como respuesta a la falta de empleo formal.
El documento advierte que el escenario económico actual agrava el impacto de la medida, en un contexto en el que comerciantes, productores y pequeñas y medianas empresas ya enfrentan dificultades para sostener sus actividades.
El amparo cuestiona la criminalización de los trabajadores fronterizos
Otro de los argumentos centrales de la presentación judicial es que el límite de 150 dólares diarios puede derivar en una criminalización anticipada de trabajadores que desarrollan actividades informales como medio de subsistencia.
Los municipios sostienen que la aplicación de la resolución paralizó buena parte del movimiento comercial y alertan sobre las consecuencias que podría tener una caída prolongada de las ventas en las economías locales.
Además, consideran que la reducción del comercio compromete la autonomía financiera de las comunas, al disminuir los recursos que ingresan a sus arcas. También argumentan que, como autoridades locales, tienen la responsabilidad de preservar la paz social y evitar que la pérdida de empleos profundice el conflicto.
La disputa ahora quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar el pedido para suspender la resolución de ARCA. Mientras tanto, las restricciones mantienen en alerta a comerciantes, trabajadores y autoridades de las localidades fronterizas, donde el intercambio de mercaderías representa una fuente fundamental de ingresos para miles de personas.
