20/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El régimen de retiro voluntario impulsado para trabajadores de la Administración Pública Nacional generó fuertes cuestionamientos por parte de Esteban Oscar Cabrini, abogado laboralista y dirigente de ATE Salta. Durante una entrevista en el programa Efecto Dominó, de Radio LUP, recomendó a los empleados no aceptar la propuesta y alertó sobre las consecuencias de quedarse sin un ingreso estable.
Cabrini sostuvo que la posibilidad de recibir dinero a cambio de dejar el Estado puede resultar atractiva en un primer momento, pero no garantiza una nueva fuente de trabajo. En un escenario de dificultades económicas, endeudamiento familiar y cierre de empresas, advirtió que reinsertarse en el mercado laboral puede convertirse en un desafío.
“Es una extorsión legal”
El dirigente comparó la iniciativa con los programas de reducción del Estado y retiros aplicados durante la década de 1990. Según explicó, hubo trabajadores que utilizaron el dinero recibido para cubrir necesidades inmediatas y luego se encontraron sin empleo y con pocas posibilidades de conseguir otro.
“¿Qué hacés con esa plata?”, planteó Cabrini al poner en duda que la suma ofrecida alcance para iniciar un emprendimiento capaz de sostener económicamente a una familia.
Para el abogado, el problema es que el trabajador puede perder su puesto sin tener garantizada una alternativa laboral. También señaló que la situación económica actual, marcada por las deudas y el cierre de negocios, dificulta la posibilidad de generar nuevos ingresos.
El impacto en los organismos nacionales de Salta
Cabrini aclaró que el régimen está dirigido a empleados de la Administración Pública Nacional, por lo que no alcanza directamente a los trabajadores provinciales ni municipales. Sin embargo, advirtió que sus efectos pueden sentirse en Salta a través de las dependencias nacionales que funcionan en la provincia, como la ANSES.
En ese sentido, afirmó que unos 30 trabajadores de la ANSES ya se habrían acogido a retiros anteriores y sus puestos no fueron cubiertos. Para el dirigente, la reducción de personal puede repercutir en la atención que reciben los ciudadanos.
También alertó sobre la posibilidad de que quienes rechacen el retiro voluntario queden expuestos a otros mecanismos de reorganización estatal, como la disponibilidad. No obstante, aclaró que las consecuencias dependen de los procedimientos y las normas aplicables a cada situación.
El abogado, además, cuestionó la legalidad de algunos aspectos de la política oficial y consideró que son inconstitucionales. Esa afirmación corresponde a su interpretación jurídica y no a una declaración de inconstitucionalidad emitida por la Justicia.
“Ni loco aceptaría”
Al explicar su posición, Cabrini insistió en que los trabajadores deben evaluar cuidadosamente las consecuencias antes de tomar una decisión. A su entender, cobrar una suma por dejar el Estado no compensa necesariamente la pérdida de un salario estable, sobre todo cuando no existe una garantía de conseguir otro empleo.
“Ni loco aceptaría”, afirmó al resumir su recomendación. También describió la propuesta como un “espejito de colores” y advirtió que quienes adhieran podrían terminar sin trabajo, sin una alternativa asegurada y con dificultades para afrontar sus gastos cotidianos.
