22/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Diego Spagnuolo y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, involucrados en el caso de corrupción en ANDIS y aún libres. Imagen: Web.
La fiscalía solicitó que 43 personas sean citadas a declaración indagatoria por una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los investigadores señalan a la droguería Suizo Argentina, que habría concentrado casi el 30% de las adjudicaciones del organismo, con medicamentos que registraron sobreprecios superiores al 4.000%. La causa también incluye presuntos pagos al exdirector Diego Spagnuolo y contrataciones millonarias a un aportante de La Libertad Avanza.
La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo: los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez Ariel Lijo que convoque a 43 personas a declaración indagatoria. El dictamen, de 305 páginas, apunta a directivos de la droguería Suizo Argentina S.A., funcionarios y otros empresarios por una supuesta estructura que habría manipulado las compras de medicamentos de alto costo.
Según los investigadores, la empresa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker habría adquirido un papel central en las decisiones de la agencia durante el período comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025. La fiscalía sostiene que la firma habría controlado procesos de contratación, accedido anticipadamente a información sobre las ofertas y condicionado tanto los precios como los pagos a proveedores.
El volumen económico bajo sospecha alcanza cifras millonarias. De acuerdo con el dictamen, Suizo Argentina recibió adjudicaciones por $137.118 millones, equivalentes al 29,54% del total adjudicado por la ANDIS durante el período investigado. Los fiscales consideran que ese esquema habría perjudicado al Estado y afectado directamente a personas con discapacidad y pacientes que dependen de medicamentos e insumos especializados.
Medicamentos con sobreprecios superiores al 4.000%
Uno de los episodios detallados por la fiscalía involucra a Eurit, un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. Según la investigación, Suizo Argentina habría adquirido cada unidad por $92.000, pero luego la vendió a la ANDIS por valores de entre $3,87 millones y $4,06 millones.
Los investigadores calcularon que el incremento llegó al 4.106,95% respecto del costo de adquisición. La agencia compró 66 unidades por un total de aproximadamente $264,7 millones, según el dictamen.
La fiscalía sostiene que el precio no habría respondido a condiciones objetivas del mercado, sino a una maniobra para obtener ganancias extraordinarias. También afirma que las contrataciones se habrían organizado para evitar ofertas competitivas que pudieran impedir las adjudicaciones a precios elevados.
Los fiscales describieron un sistema de presunta cartelización en el que Suizo Argentina habría conocido las cotizaciones de otras empresas antes del cierre de las compulsas. Además, señalaron que Génesis S.A. habría sido utilizada como intermediaria para elevar los valores de venta al Estado.
Los hermanos Kovalivker, en el centro de la investigación
El dictamen apunta a Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, y a su hermano Emmanuel, vicepresidente de la firma. Los fiscales los vinculan con una presunta asociación ilícita que habría coordinado sus acciones con funcionarios de la ANDIS y representantes de otras empresas proveedoras.
La investigación también incluye a Daniel Garbellini, director del área de Incluir Salud, a quien los fiscales atribuyen un papel relevante en la autorización de pagos y en el manejo de información interna. Otro de los señalados es Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS durante el macrismo, a quien la fiscalía describe como un operador de los intereses de la droguería dentro del organismo.
Entre los directivos empresariales mencionados aparecen Diego Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez. Según el dictamen, habrían participado en distintas instancias de las compras, la coordinación de ventas y la fijación de precios.
El expediente también señala que Suizo Argentina habría pagado a Miguel Ángel Calvete, otro de los acusados en la causa, más de US$54.000 durante 2024, sin que los investigadores encontraran registros de actividad comercial legal que justificaran esos desembolsos.
Investigan un viaje a Israel de Diego Spagnuolo
La fiscalía incorporó nuevos elementos sobre presuntos beneficios recibidos por Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y amigo del presidente Javier Milei. De acuerdo con el dictamen, Calvete habría gestionado y pagado un viaje del exfuncionario a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.
La documentación analizada incluiría pagos de pasajes, alojamiento y servicios de asistencia al viajero. Los fiscales sostienen que esas gestiones podrían haber funcionado como una forma de retribución por favores políticos.
La causa ya había cobrado notoriedad pública tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describía un presunto sistema de coimas. La fiscalía los tomó como disparador de la investigación, aunque el artículo fuente aclara que los audios no fueron utilizados como prueba dentro del expediente. La defensa del exfuncionario busca la nulidad de las actuaciones al cuestionar la legalidad de esas grabaciones.
Un aportante de La Libertad Avanza recibió contratos millonarios
Otro punto del dictamen involucra a Patricio Rama, vinculado con Atchabahian y procesado en la causa. Según los registros electorales citados por los fiscales, Rama aportó $200.000 a La Libertad Avanza el 22 de septiembre de 2023, durante la campaña presidencial.
Menos de nueve meses después, empresas vinculadas a Rama comenzaron a recibir adjudicaciones de la ANDIS. En particular, New Farma S.A. obtuvo contratos por más de $3.238 millones relacionados con la provisión de implantes auditivos, audífonos y productos asociados.
La fiscalía también identificó vínculos con el denominado Grupo Museo, un chat del que participaban personas señaladas en la investigación y desde el cual, según los investigadores, se habría coordinado el ingreso de integrantes del grupo a la agencia durante el gobierno de Milei.
Qué puede pasar ahora con los 43 acusados
El pedido alcanza a 43 personas: siete ya procesadas cuya indagatoria se busca ampliar y otras 36 que serían convocadas por primera vez a esa instancia. La decisión de aceptar o rechazar las citaciones queda ahora en manos del juez Ariel Lijo.
La investigación, conocida como caso ANDIS o Coimagate, registra hasta el momento 85 personas físicas y 40 jurídicas vinculadas a las maniobras investigadas, además de 44 procesamientos, según los datos consignados en la publicación original.
Personas con discapacidad, entre las principales afectadas
Los fiscales advirtieron que las presuntas maniobras habrían impactado sobre una población especialmente vulnerable: personas con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas, adultos mayores en situación de pobreza y pacientes con enfermedades crónicas.
El área bajo investigación es el Programa Federal Incluir Salud, que centraliza la compra de medicamentos e insumos de alto costo para personas que, en muchos casos, no podrían acceder a ellos por otras vías.
La hipótesis fiscal sostiene que la urgencia de esas necesidades habría sido aprovechada para concretar contrataciones con precios elevados y controles insuficientes. Mientras la agencia debía garantizar el acceso a tratamientos esenciales, los investigadores sospechan que parte de su estructura habría quedado al servicio de intereses privados.
Las acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso: los pedidos de indagatoria no equivalen a una condena, y la responsabilidad penal de cada involucrado deberá determinarse en el proceso.
