22/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Puente internacional de Aguas Blancas. Imagen: Redes Sociales.
El Gobierno nacional postergará por 120 días las restricciones que habían desatado el malestar en Aguas Blancas y Salvador Mazza. La medida permitirá volver a comercializar granos y mercadería en envases de diez kilos o más, pero se mantiene el límite diario de US$150 por persona. Comerciantes y autoridades reclaman una solución definitiva antes de febrero.
La Nación decidió suspender por 120 días la aplicación de las restricciones al comercio vecinal fronterizo que habían generado preocupación entre comerciantes y vecinos de Salta. La medida alcanza a localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde las nuevas reglas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habían provocado una fuerte caída de la actividad comercial.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció la decisión, que será oficializada con la publicación de la Resolución General 5914/2026 en el Boletín Oficial. La disposición posterga la entrada en vigencia de los cambios establecidos por la Resolución 5910/2026, que comenzaron a aplicarse el 10 de octubre.
Sin embargo, el alivio será parcial: continuará vigente el límite de US$150 diarios por persona para el egreso de mercadería argentina. Por eso, comerciantes y autoridades fronterizas advirtieron que la suspensión es apenas una tregua y reclamaron cambios de fondo.
Qué restricciones quedan suspendidas
La nueva resolución deja en suspenso dos de las principales prohibiciones que habían generado rechazo en las zonas fronterizas:
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La salida de granos argentinos, como maíz, soja y trigo, y sus derivados.
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La venta al extranjero de mercadería en envases de diez kilos o más.
La limitación de US$150 por persona por día, en cambio, seguirá en pie. La normativa original también restringía el traslado de combustibles en bidones y otros recipientes, una medida que, según autoridades locales, podía afectar el abastecimiento en Bolivia.
ARCA justificó la postergación por razones operativas y socioeconómicas propias de las zonas de frontera. El organismo señaló que el plazo permitirá realizar las adaptaciones necesarias para implementar las nuevas disposiciones sin perjudicar las costumbres comerciales ni obstaculizar las operaciones locales.
Los comerciantes piden una solución antes de febrero
Aunque la suspensión fue recibida como un alivio, los sectores afectados advirtieron que postergar las restricciones no equivale a resolver el problema. El plazo de 120 días, que se extendería hasta febrero, debería servir para acordar un régimen que contemple la realidad económica de las localidades fronterizas.
Pablo Cobos, comerciante de Aguas Blancas e integrante de la Cámara de Comercio local, cuestionó la contradicción entre limitar las compras de ciudadanos bolivianos y, al mismo tiempo, buscar ampliar las exportaciones argentinas.
“Queremos más comercio, más producción argentina, más empleo formal y menos contrabando”, sostuvo. Entre las alternativas, propuso avanzar hacia un régimen especial de comercio fronterizo por ley, que permita registrar las operaciones, garantizar controles y ofrecer condiciones formales a las familias que dependen de esta actividad.
Desde Salvador Mazza, el comerciante Manuel Pieve también valoró la suspensión, especialmente ante la cercanía de fin de año y las dificultades económicas que atraviesan Argentina y Bolivia. Consideró que la aplicación de las restricciones fue abrupta y sin suficiente diálogo con quienes trabajan en la frontera.
Pieve aclaró que el sector no se opone a los controles, sino que busca desarrollar su actividad dentro de un marco legal. También señaló que, durante los días posteriores a la entrada en vigencia de las medidas, el movimiento comercial estuvo prácticamente paralizado.
Proponen una comisión binacional para destrabar el conflicto
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, destacó las gestiones de Sáenz para conseguir la postergación, aunque remarcó que el plazo no resuelve la situación de manera definitiva.
El funcionario propuso conformar una comisión binacional que permita alcanzar un acuerdo entre ambos países y pidió que se consulte a los habitantes de las localidades fronterizas, quienes conocen de primera mano la dinámica comercial de la zona.
Zigarán también advirtió sobre el posible impacto de las restricciones en Bolivia, en particular por las limitaciones al traslado de combustibles en recipientes.
Mientras tanto, el Gobierno provincial y los sectores comerciales tendrán cuatro meses para discutir alternativas con las autoridades nacionales. El desafío será convertir esta pausa en una regulación consensuada, que permita sostener el comercio legal, proteger el empleo y evitar que las nuevas restricciones paralicen la economía de la frontera.
