18/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Foro político Libertad para el Futuro en la Legislatura porteña. Imagen: Prensa LLA.
El Gobierno de Javier Milei formalizó la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional que promueve una agenda conservadora sobre familia y derechos reproductivos. La decisión se conoció mientras organizaciones ultraconservadoras avanzan con actividades junto a sectores de La Libertad Avanza y el PRO.
Argentina dio un nuevo giro en materia de política internacional y se incorporó al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa impulsada por gobiernos conservadores que busca fortalecer posiciones contrarias a la ampliación del acceso al aborto.
La adhesión fue formalizada el 10 de agosto por el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El Gobierno nacional difundió públicamente la decisión varios días después, luego de que la información comenzara a circular en medios estadounidenses.
El Consenso de Ginebra es un instrumento no vinculante, por lo que la incorporación no obliga a sus integrantes a actuar de manera coordinada en organismos internacionales. Sin embargo, la adhesión representa un acercamiento político a una agenda internacional que cuestiona la consideración del aborto como un derecho.
Una red internacional que busca cambiar el debate
La decisión del Gobierno se produjo en paralelo al crecimiento de las actividades en Argentina de la Political Network for Values (PNFV), una plataforma internacional ultraconservadora que promueve políticas vinculadas con la defensa de la familia tradicional y posiciones contrarias al aborto y a determinadas políticas de igualdad.
La organización desembarcó con fuerza en Buenos Aires durante julio, donde realizó actividades junto a dirigentes y sectores vinculados a La Libertad Avanza y el PRO.
Uno de los principales encuentros se desarrolló el 23 de julio en la Legislatura porteña, bajo el lema “Libertad para el futuro”, con una agenda centrada en natalidad, infancia y familia.
La actividad fue impulsada por legisladores oficialistas como Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz, además de dirigentes y funcionarios vinculados al Gobierno de la Ciudad.
Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano porteño, el pastor Gabriel Mraida y Cinthya Hotton.
El aborto, en el centro de la disputa
La discusión sobre el aborto aparece como uno de los principales objetivos de esta agenda. Desde sectores vinculados a la red internacional ya plantearon abiertamente la posibilidad de modificar el marco legal vigente en Argentina.
La senadora Carmen Álvarez Rivero reconoció después del encuentro que existen proyectos destinados a revisar políticas aprobadas durante las últimas décadas y mencionó explícitamente la posibilidad de avanzar sobre la legislación que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la propia legisladora admitió que una eventual derogación no dependería únicamente del Congreso. Para que una modificación de ese alcance prospere, sostuvo, debería existir también un cambio en la opinión pública.
Ese punto es central para los sectores que promueven la denominada “batalla cultural”: el objetivo no sería solamente modificar leyes, sino también transformar los consensos sociales que las sostienen.
El Gobierno de Milei y la “batalla cultural”
La llegada de la PNFV a Buenos Aires coincidió con otras actividades impulsadas por organizaciones cercanas al espacio libertario.
Durante esa misma semana se realizaron coloquios y capacitaciones dirigidas a jóvenes, con participación de la Fundación Faro, vinculada a Agustín Laje, en espacios como el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.
La PNFV fue creada por Jaime Mayor Oreja, exdirigente del Partido Popular de España, y actualmente está dirigida por Lola Velarde, referente vinculada al espacio conservador español.
La organización sostiene que no busca intervenir directamente en la política interna de los países, sino generar condiciones para que sus valores tengan mayor influencia en la sociedad.
En Argentina, esa estrategia encuentra aliados dentro de sectores de La Libertad Avanza y el PRO que buscan disputar consensos construidos alrededor de los derechos sexuales, la igualdad de género y las políticas reproductivas.
¿La sociedad argentina cambió de posición?
El avance de estas organizaciones se enfrenta, sin embargo, con un dato relevante: distintos estudios de opinión muestran que una parte importante de la sociedad argentina mantiene posiciones favorables a políticas de igualdad y derechos sexuales.
Un estudio de Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, señala que alrededor de 7 de cada 10 argentinos respaldan el matrimonio igualitario. Además, más de siete de cada diez consideran que todavía es necesario avanzar en materia de igualdad de género.
El relevamiento sostiene que, en estos temas, la sociedad argentina mantiene posiciones mayoritariamente progresistas y relativamente estables.
Otro estudio, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) sobre género y derechos sexuales y reproductivos, también muestra niveles elevados de respaldo a determinadas políticas públicas.
El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados supera el 80% de apoyo, mientras que casi la mitad de las personas consultadas afirmó conocer a alguien que abortó.
El mismo estudio registró además un fuerte respaldo a la intervención estatal frente a la violencia de género: el 49% consideró que el Estado debería invertir mucho dinero para asistir a las víctimas.
Una disputa que recién comienza
La incorporación de Argentina al Consenso de Ginebra y el desembarco de redes internacionales conservadoras abren un nuevo capítulo de la disputa cultural que impulsa el Gobierno de Milei.
Por ahora, la adhesión internacional no modifica por sí misma la legislación argentina sobre el aborto, pero marca una posición política del Ejecutivo en un escenario donde distintos sectores buscan revisar derechos y políticas públicas conquistadas durante las últimas décadas.
El desafío para quienes promueven esos cambios será conseguir algo más que acuerdos dentro del Congreso: deberán lograr que una parte significativa de la sociedad acompañe una eventual modificación del actual esquema de derechos.
