22/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Rodrigo Solá, representante de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Imagen: Captura de Video.
El representante de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, advirtió sobre la crisis del sistema penitenciario argentino, el hacinamiento y las falencias en la atención de la salud mental. En una entrevista con Mabel Corrales, en el programa Mi Gran Noche, también cuestionó las dificultades para lograr la reinserción social, alertó sobre la situación de las personas alojadas en comisarías de Salta y explicó los riesgos que observa en la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.
El sistema penitenciario argentino atraviesa una crisis marcada por la sobrepoblación, las dificultades para garantizar derechos y las falencias en la reinserción social. Así lo advirtió Rodrigo Solá, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, durante una entrevista en el programa Mi Gran Noche, conducido por Mabel Corrales.
El especialista analizó la situación de las cárceles y comisarías en distintas provincias, cuestionó la falta de respuestas sanitarias para las personas con consumos problemáticos y planteó la necesidad de revisar las políticas criminales. También se refirió a la situación de Salta, la estigmatización de quienes recuperan la libertad y las implicancias de la nueva normativa penal juvenil.
Salta supera la media nacional de sobrepoblación en comisarías
Solá señaló que existe una crisis nacional tanto en el sistema penitenciario como en la atención de la salud mental. Según explicó, numerosos problemas que requieren un abordaje sanitario terminan ingresando al sistema penal por falta de respuestas adecuadas desde las políticas de salud.
Mencionó especialmente los consumos problemáticos, que pueden estar vinculados con situaciones que derivan en intervenciones judiciales y posteriores detenciones. Sin embargo, advirtió que los servicios penitenciarios no siempre cuentan con las herramientas ni las condiciones necesarias para atender esas problemáticas.
En cuanto a las cifras, indicó que la tasa nacional de encarcelamiento se ubica en 258 personas cada 100.000 habitantes, mientras que en Salta alcanza las 267 personas cada 100.000 habitantes.
El representante del Comité destacó que la población penitenciaria salteña se mantiene relativamente estable desde hace cuatro años, lo que permitiría planificar políticas públicas sin enfrentar un crecimiento acelerado de personas detenidas.
No obstante, manifestó preocupación por la cantidad de personas alojadas de manera permanente en comisarías. Según explicó, la sobrepoblación en las dependencias policiales de Salta supera el doble de la media nacional.
Recordó que se impulsó una acción judicial para abordar esta situación y que se realizaron ampliaciones en Tartagal, aunque remarcó que el problema continúa siendo crítico.
La reinserción social se complica con cárceles sobrepobladas
Uno de los principales desafíos del sistema penitenciario es preparar a las personas privadas de libertad para regresar a la sociedad. Solá explicó que esa tarea requiere garantizar el acceso a la educación, la salud y el trabajo, además de acompañar los procesos individuales de recuperación de autonomía.
Sin embargo, señaló que la sobrepoblación dificulta la atención personalizada. Los profesionales deben responder a numerosos requerimientos judiciales y no siempre pueden desarrollar los tratamientos individualizados necesarios para cada persona detenida.
A esto se suma la falta de acompañamiento cuando recuperan la libertad, una etapa en la que muchas personas enfrentan dificultades económicas, familiares y laborales.
Como ejemplo de una alternativa positiva, Solá mencionó una experiencia impulsada desde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde se acompaña a personas que estuvieron privadas de libertad y a sus familiares en la formación de cooperativas de trabajo.
Uno de esos grupos, integrado por mujeres que estuvieron detenidas y familiares, comenzó a ofrecer servicios de catering y consiguió su primer contrato con la propia universidad.
Para Solá, estas iniciativas permiten abrir oportunidades concretas de inserción laboral y contribuyen a reducir las posibilidades de reincidencia. También planteó que la sociedad debe generar espacios para que quienes recuperan la libertad puedan reconstruir sus proyectos de vida.
La estigmatización y las diferencias en la persecución penal
Durante la entrevista, Solá coincidió con la preocupación por el trato desigual que pueden recibir distintos sectores sociales dentro del sistema penal.
Sostuvo que existen estudios criminológicos y estadísticas que muestran diferencias en la persecución de determinados delitos. Según explicó, algunos hechos quedan impunes o reciben respuestas alternativas a la prisión, mientras que otros colectivos enfrentan una mayor exposición al encarcelamiento.
El especialista advirtió que la estigmatización no afecta solamente a quienes estuvieron privados de libertad, sino que también puede estar relacionada con la condición socioeconómica, la pertenencia a colectivos de la diversidad y factores étnicos.
A su entender, se trata de patrones estructurales que deben revisarse, ya que condicionan las oportunidades de las personas para acceder a una reinserción efectiva.
En ese marco, sostuvo que el objetivo no debe limitarse a evitar nuevos delitos, sino también a garantizar condiciones que permitan reconstruir vínculos sociales y acceder a oportunidades laborales.
Las advertencias sobre el nuevo régimen penal juvenil
Otro de los puntos abordados fue la nueva normativa penal juvenil. Solá manifestó preocupación por sus alcances y cuestionó aspectos que consideró desprolijos.
Según explicó, además de establecer la edad de imputabilidad en 14 años, la normativa amplió el conjunto de hechos que pueden ser perseguidos penalmente. Antes, de acuerdo con su descripción, la posibilidad de perseguir penalmente a adolescentes de entre 16 y 18 años estaba restringida a los delitos más graves.
El representante del Comité advirtió que conductas como las amenazas podrían ingresar en el ámbito penal si encuadran en las figuras previstas por el Código Penal.
También señaló que el organismo está recorriendo distintas provincias para analizar cómo se implementa el nuevo régimen y conocer las preocupaciones de autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Sin embargo, aclaró que la privación de libertad debería ser la última alternativa. Explicó que los jueces disponen de otras herramientas, como medidas socioeducativas, terapéuticas y de acompañamiento, que pueden resultar más adecuadas según cada situación.
Solá indicó que, al menos en Salta, no se estaba registrando la explosión de casos que inicialmente se temía, aunque sostuvo que será necesario observar la evolución de la normativa y evitar consecuencias contrarias a los objetivos de prevención.
Las cárceles federales y provinciales presentan diferencias
Solá también advirtió sobre las desigualdades en las condiciones de detención entre las cárceles federales y las provinciales.
Según su experiencia en visitas a unidades penitenciarias y comisarías, los establecimientos federales presentan, en general, menores niveles de sobrepoblación, mejores condiciones y mayores posibilidades de acceso a derechos.
Aclaró que esto no significa que deban empeorar las condiciones federales, sino que esos estándares deberían funcionar como un piso mínimo para todos los sistemas penitenciarios del país.
Además, recordó que existen provincias que no cuentan con un servicio penitenciario propio y alojan a personas detenidas en comisarías, lo que plantea dificultades adicionales para garantizar condiciones adecuadas.
El personal policial y penitenciario también necesita protección
El representante del Comité remarcó que las evaluaciones sobre los lugares de encierro deben contemplar tanto los derechos de las personas detenidas como las condiciones laborales de quienes tienen a su cargo la custodia.
Entre las medidas que consideró necesarias mencionó la capacitación, el equipamiento, los protocolos claros, los salarios adecuados, una dotación suficiente de personal y el acompañamiento psicológico.
También advirtió que los turnos rotativos y las exigencias laborales pueden dificultar el acceso a la formación y afectar la salud de los trabajadores.
Como ejemplo de la gravedad de la situación, recordó que en Salta se registraron durante los últimos años casos de personal policial y penitenciario que murió por suicidio o tuvo intentos de suicidio.
Para Solá, estos hechos deben funcionar como señales de alerta para desarrollar políticas públicas que contemplen la salud mental y las condiciones laborales de los agentes.
El Comité busca soluciones mediante recomendaciones y acciones judiciales
Solá explicó que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura trabaja mediante monitoreos territoriales, recomendaciones, propuestas de políticas públicas y acciones judiciales cuando las circunstancias lo requieren.
El objetivo, afirmó, es mantener un diálogo constructivo con los Estados y encontrar soluciones a problemas estructurales. Cuando se detectan situaciones urgentes o posibles hechos de tortura, el organismo puede realizar las denuncias correspondientes. En otros casos, recurre a herramientas como el hábeas corpus y las acciones de amparo.
Como ejemplo, mencionó una intervención en Corrientes relacionada con personas alojadas durante años en una cárcel destinada a medidas de seguridad por cuestiones de salud mental.
Tras una acción judicial conjunta con el mecanismo local y una audiencia convocada por un juez, comenzó el traslado de personas que llevaban hasta 25 años en esa situación hacia dispositivos especializados de salud mental.
El objetivo es reconvertir el establecimiento en un espacio sanitario bajo la órbita del Ministerio de Salud, en lugar de mantener allí a personas que requieren atención específica.
La entrevista dejó en evidencia que el hacinamiento, la salud mental, la reinserción y las condiciones laborales del personal forman parte de una problemática estructural que requiere respuestas sostenidas. Para Solá, mejorar el sistema exige fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar derechos y construir alternativas que permitan reducir la reincidencia sin profundizar la exclusión social.
