23/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El senador salteño y dirigente tabacalero Enrique Cornejo llevó a organismos nacionales un reclamo por presuntas diferencias entre el precio declarado por algunas empresas y el valor real de los cigarrillos en los kioscos. El sector estima que la maniobra podría provocar pérdidas de hasta US$700 millones anuales para el Tesoro y reducir los recursos destinados al Fondo Especial del Tabaco.
Una fuerte denuncia sobre el precio de los cigarrillos llegó nuevamente a los organismos nacionales. Productores tabacaleros de Salta, Jujuy y Misiones cuestionaron una presunta subdeclaración de los valores de venta por parte de algunas empresas y advirtieron que la diferencia entre el precio informado y el que paga el consumidor podría generar pérdidas millonarias para el Estado.
El reclamo fue llevado a Buenos Aires por el senador provincial salteño Enrique Cornejo, junto con representantes de las cámaras tabacaleras de Jujuy y Misiones. Los dirigentes mantuvieron reuniones con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Agricultura y el área de Acción Social.
Según explicó Cornejo, el sector presentó ante ARCA comprobantes de compras realizadas en distintos puntos del país para demostrar las diferencias detectadas. El dirigente sostiene que algunas compañías declararían ante el organismo un precio final inferior al que efectivamente se cobra en los comercios.
La brecha entre el precio declarado y el del kiosco
Cornejo puso como ejemplo el caso de Tabacalera Sarandí. Según afirmó, existirían cigarrillos declarados a $800 que llegarían al consumidor por un valor superior al doble.
Para el dirigente tabacalero, esa diferencia no representa solamente un problema comercial. Sostiene que también impacta sobre la recaudación tributaria y sobre los fondos destinados al sector productor.
La acusación corresponde al planteo realizado por Cornejo y los representantes tabacaleros, y no implica que las empresas señaladas hayan sido condenadas por evasión o por una maniobra de subdeclaración.
El código QR que propone el sector
Como alternativa para controlar los precios, los productores propusieron incorporar un código QR en cada paquete de cigarrillos.
La idea es que el consumidor pueda escanearlo y conocer el precio declarado oficialmente por el fabricante. De acuerdo con Cornejo, esto permitiría comparar ese valor con el precio efectivamente cobrado en el kiosco y convertir al comprador en un mecanismo adicional de control.
El dirigente considera que, de implementarse, la herramienta también permitiría detectar rápidamente las diferencias entre el valor declarado por el fabricante y el precio de venta al público.
Las empresas que quedaron bajo la lupa
Cornejo afirmó que el planteo no apunta de la misma manera contra todas las compañías del mercado. Según sus declaraciones, Philip Morris International y British American Tobacco (BAT) presentarían un comportamiento diferente en materia de declaraciones y pago de impuestos.
En cambio, señaló a cuatro contribuyentes por presuntas subdeclaraciones y mencionó entre ellos a Sarandí, Espert y Cigarrillos y Tabaco, empresa jujeña que fabrica la marca CJ.
El sector calcula que la diferencia entre los precios declarados y los valores efectivos de comercialización podría representar alrededor de US$700 millones por año para el Tesoro nacional.
Según explicó Cornejo, esa estimación fue elaborada a partir de un estudio de la consultora CBP, vinculada al exministro de Producción Dante Sica.
El reclamo también golpea al Fondo Especial del Tabaco
La discusión tiene una consecuencia directa para los productores porque también involucra al Fondo Especial del Tabaco (FET).
Cornejo sostuvo que los recursos destinados al fondo están vinculados al precio final de venta de los cigarrillos. Por eso, según su explicación, una eventual subdeclaración también reduciría el dinero que finalmente llega a los productores.
El senador afirmó además que dos empresas mantendrían deudas con el FET y que desde el área de Agricultura se analiza avanzar judicialmente para intentar recuperar esos recursos.
El planteo no termina allí. Los representantes del sector también advirtieron sobre el impacto que la presunta subdeclaración tendría sobre el Fondo de Asistencia Social, para el cual estimaron una pérdida cercana a US$70 millones anuales.
Salta busca que Nación intervenga
El reclamo presentado ante ARCA incluye tanto la denuncia sobre las diferencias de precios como la propuesta de incorporar mecanismos de control sobre los paquetes.
Los representantes tabacaleros esperan ahora una respuesta del organismo recaudador. También plantearon la situación ante funcionarios nacionales vinculados con Agricultura y Acción Social.
Para Cornejo, la discusión excede al sector tabacalero: pone en juego la recaudación nacional, los recursos destinados a los productores y el funcionamiento de toda la cadena comercial del cigarrillo.
La denuncia vuelve a instalar así una fuerte disputa entre las empresas tabacaleras, los productores y el Estado por el precio real de los cigarrillos y el dinero que debería ingresar al sistema tributario y al Fondo Especial del Tabaco.
Con información de Salta/12 para Página/12
