19/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La tensión entre el PAMI y los prestadores de salud de todo el país escaló a un nuevo nivel y amenaza con profundizar una crisis que golpea directamente a millones de jubilados argentinos. Mientras clínicas y sanatorios denuncian atrasos en los pagos, pérdida de rentabilidad y un fuerte deterioro de sus ingresos, el Gobierno nacional salió a rechazar las acusaciones y aseguró que no mantiene deudas con los prestadores. Sin embargo, la realidad en las provincias parece contar otra historia.
En los últimos días, instituciones médicas de distintos puntos del país comenzaron a suspender la asignación de nuevos turnos para afiliados de PAMI, una medida que encendió todas las alarmas en un sector que ya venía acumulando reclamos por demoras en autorizaciones, cobertura de medicamentos y acceso a tratamientos esenciales.
Desde las entidades prestadoras sostienen que la situación se volvió insostenible. Aseguran que sin una actualización urgente de los valores que reciben por las prestaciones y sin la regularización de los pagos pendientes, muchas clínicas ya no pueden afrontar gastos básicos como la compra de insumos médicos, el pago de salarios o los honorarios de profesionales.
Frente a este escenario, el Gobierno intentó llevar tranquilidad. Desde el organismo que conduce Esteban Leguízamo afirmaron que PAMI no registra deuda acumulada con clínicas y sanatorios a nivel nacional y que el cronograma de pagos continúa desarrollándose con normalidad. Además, confirmaron aumentos arancelarios del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio.
Pero las cámaras empresarias consideran que esos incrementos están muy lejos de resolver el problema.
La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) respondió con dureza y confirmó la suspensión de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades. Según denuncian, los aumentos ofrecidos por el organismo ni siquiera alcanzan para acompañar la inflación y mucho menos para recuperar el retraso acumulado durante los últimos años.
Los números que exhiben los prestadores son contundentes. Alejandro Rodi, gerente general de la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social, aseguró que existe un atraso significativo tanto en los pagos como en los valores reconocidos por las prestaciones.
Según explicó, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, tomando como referencia la inflación y las paritarias del sector, existe un retraso superior al 102% en el valor de las prestaciones médicas. Además, denunció que el organismo realiza descuentos sobre las facturaciones que en algunos casos alcanzan el 30%, agravando aún más la situación financiera de clínicas y sanatorios.
Mientras la discusión económica se desarrolla entre funcionarios y prestadores, quienes sufren las consecuencias son los afiliados.
En distintas provincias comenzaron a multiplicarse los reclamos por dificultades para acceder a tratamientos, estudios médicos y medicamentos. La situación preocupa especialmente porque afecta a una población particularmente vulnerable que depende de la atención médica permanente para sostener su calidad de vida.
En Chubut, la Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento de consultas vinculadas a demoras en autorizaciones, cobertura de medicamentos, prótesis y materiales necesarios para intervenciones quirúrgicas.
Muchos jubilados tienen cirugías aprobadas, pero no logran acceder a los insumos indispensables para concretarlas. Los reclamos incluyen tratamientos oncológicos, derivaciones médicas y provisión de medicamentos esenciales.
El panorama también genera preocupación en Santa Cruz, donde concejales impulsaron iniciativas para visibilizar las dificultades que enfrentan los afiliados. Allí denuncian que numerosos adultos mayores deben esperar meses para obtener turnos médicos o acceder a medicamentos fundamentales para continuar con sus tratamientos.
La situación se repite en San Juan, donde la noticia de la suspensión de nuevos turnos sorprendió a decenas de jubilados que llegaron a los centros de salud sin conocer las restricciones impuestas por los prestadores.
Las escenas reflejan el nivel de angustia que atraviesan miles de afiliados. Personas mayores que necesitan estudios urgentes, controles médicos o tratamientos específicos se encuentran ahora con nuevas barreras en un sistema que parece cada vez más tensionado.
Mientras el Gobierno insiste en que los pagos están al día y las cámaras empresarias denuncian atrasos históricos, la crisis sigue creciendo y amenaza con impactar de lleno en la atención sanitaria de millones de jubilados.
En el centro de la disputa aparecen los mismos de siempre: hombres y mujeres que trabajaron toda su vida y que hoy observan con preocupación cómo la pelea entre el Estado y los prestadores termina poniendo en riesgo el acceso a una atención médica que consideran esencial para su bienestar y su salud.
