27/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Represión a trabajadores de la Salud. Imagen: Archivo TA.
Trece años después de la irrupción violenta de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, la escena vuelve como un espejo incómodo del presente. Aquella represión ordenada por Mauricio Macri no fue un exceso aislado: fue el anticipo de un modelo que hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, retoma impulso con otra forma de violencia, más silenciosa pero igual de efectiva: el vaciamiento y la privatización de la salud mental.
El 26 de abril de 2013 quedó grabado como una postal brutal. Gases, balas de goma y pacientes en medio de un operativo desmedido que buscaba despejar el terreno para avanzar con un negocio inmobiliario. Mientras la policía reprimía, una topadora demolía el Taller 19, un espacio clave de rehabilitación donde internos y externados desarrollaban tareas de carpintería y herrería. No era solo un edificio: era parte del proceso terapéutico de cientos de personas.
La escena, que hoy se recuerda en jornadas de protesta y festivales organizados por trabajadores, pacientes y organizaciones sociales, no quedó en el pasado. Es, según quienes sostienen la lucha en el Borda, el punto de partida de una lógica que nunca se detuvo. “No olvidamos ni nos resignamos ante la impunidad”, advierten desde el Frente de Artistas del hospital, que vuelve a exigir justicia y condenas para los responsables políticos de aquella represión.
Alberto Sava, fundador del colectivo, revive ese día con crudeza: policías disparando dentro del hospital, vecinos y legisladores reprimidos, y una demolición que avanzaba a espaldas de cualquier criterio sanitario. Todo para abrir paso a un proyecto que buscaba convertir tierras públicas en negocio privado.
Hoy, el paralelismo es directo. El actual gobierno impulsa cambios sobre la Ley Nacional de Salud Mental que, según denuncian trabajadores del sector, apuntan a desarmar un sistema que prioriza la atención pública y comunitaria. La sospecha es clara: detrás del discurso de reforma se esconde la intención de abrir el negocio a manos privadas.
El ajuste ya se siente. Menos recursos, más presión sobre los servicios y un deterioro progresivo de las condiciones de atención. Lo que antes se intentó imponer con represión, ahora avanza con recortes y reformas. Distintas formas, mismo objetivo.
La historia del Taller 19 es una herida abierta. Su demolición, ordenada sin respaldo judicial firme y en violación de medidas cautelares, no solo destruyó un espacio físico: interrumpió tratamientos, expulsó pacientes de procesos terapéuticos y expuso a trabajadores y usuarios a materiales peligrosos como el asbesto. Un episodio que sintetiza el desprecio por la salud pública cuando se la subordina a intereses económicos.
Hoy, a más de una década, el conflicto vuelve a tomar cuerpo. Trabajadores nucleados en ATE Capital, pacientes y organizaciones sociales advierten que el sistema de salud mental está otra vez en riesgo. Y que lo que está en juego no es solo una ley o un presupuesto, sino el sentido mismo de la salud como derecho.
Del Borda a la actualidad, la línea es más recta de lo que incomoda admitir. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero la disputa sigue siendo la misma: entre un modelo que concibe la salud como política pública y otro que la reduce a negocio. Y en esa tensión, los pacientes vuelven a quedar en el medio.
