22/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Axel Kicillof. Imagen: Web.
El conflicto por los fondos previsionales entre la provincia de Buenos Aires y la Nación sumó un nuevo capítulo en la Corte Suprema de Justicia, con Axel Kicillof sentado frente a los representantes del gobierno de Javier Milei para reclamar una deuda que, según los cálculos bonaerenses, asciende a 2,3 billones de pesos. En ese escenario, el dato político no pasó desapercibido: la administración nacional se comprometió a presentar una propuesta concreta de pago en la próxima audiencia, fijada para el 10 de junio.
El gobernador llegó al máximo tribunal acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Del otro lado, funcionarios de la ANSES representaron al Estado nacional en una audiencia que marca el segundo encuentro convocado por la Corte en el marco de un reclamo iniciado en abril de 2024, cuando la gestión libertaria decidió cortar las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales.
La disputa no se limita a Buenos Aires. El recorte afectó a trece provincias con sistemas previsionales propios: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Sin embargo, en el caso bonaerense, la magnitud de la deuda y el volumen del sistema la convierten en un actor central dentro de la discusión.
Desde el equipo económico de la provincia sostienen que los fondos no girados desde 2024 hasta la actualidad alcanzan los 2,3 billones de pesos, en el marco de una deuda total que la Nación mantiene con Buenos Aires por distintos conceptos y que supera los 15 billones. En esa cifra se incluyen obras públicas paralizadas, programas discontinuados, el Fondo de Transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otros ítems. Cada uno de esos reclamos derivó en una presentación judicial. En total, Kicillof acumula ocho demandas ante la Corte Suprema, aunque esta es la primera que logró activarse.
A la salida de la audiencia, el gobernador puso el foco en el carácter específico del reclamo. “Lo que estamos discutiendo hoy es la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir a las provincias”, explicó. Y recordó que ya son diez las provincias que alcanzaron acuerdos con la administración nacional, lo que refuerza la expectativa bonaerense de avanzar en una solución.
El punto central del encuentro fue el compromiso asumido por el Gobierno nacional. “Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, señaló Kicillof. Según detalló, los funcionarios de Economía y de la ANSES plantearon que se encuentran revisando los números y realizando auditorías, aunque el mandatario remarcó que ese proceso lleva más de dos años sin resultados concretos.
La tensión no se limita al plano previsional. Kicillof aprovechó la instancia para recordar que la provincia mantiene otros siete reclamos judiciales vinculados a obligaciones incumplidas por la Nación. “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de 15 billones de pesos: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, afirmó. En ese marco, vinculó la situación con el impacto de la política económica nacional: “Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios”.
En paralelo, el gobernador abrió otro frente de conflicto con la administración libertaria al referirse al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar. Según denunció, la participación de la Nación en ese programa se redujo significativamente desde el cambio de gestión. “El gobierno nacional transfería más de un 30% históricamente, pero ahora están transfiriendo una suma que no llega al 15%”, advirtió. El reclamo ya fue formalizado a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
Kicillof también detalló el esfuerzo fiscal que viene realizando la provincia para sostener la asistencia social en un contexto de creciente demanda. “En el caso de los comedores escolares hay una deuda de 220 mil millones de pesos pero, a pesar de esto, con recursos propios afrontamos los aumentos”, señaló, en referencia al incremento del 30% que el gobierno bonaerense dispuso para los comedores y otras prestaciones sociales.
La audiencia en la Corte dejó, al menos por ahora, una promesa y una fecha. El 10 de junio será el próximo punto de encuentro entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, en una negociación que combina disputa judicial, presión política y una cifra que, en palabras del propio Kicillof, sintetiza la dimensión del conflicto: más de 2,3 billones de pesos en juego. Mientras tanto, el reclamo bonaerense sigue su curso en el máximo tribunal, con la expectativa de que el compromiso asumido por el Gobierno se traduzca en una propuesta concreta.
