21/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La Cámara de Diputados debate este miércoles una agenda que incluye propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar, medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. Las iniciativas presentan fuertes diferencias sobre el alcance de los derechos sociales, las obligaciones financieras y las sanciones penales.
La propiedad privada y la Ley de Tierras vuelven al centro del debate
La Cámara de Diputados analiza el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llega con media sanción del Senado después de que la oposición eliminara disposiciones vinculadas con la Ley de Manejo del Fuego y la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El Gobierno busca restablecer las restricciones a la extranjerización de tierras, luego de que crecieran las objeciones a la posibilidad de ampliar la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. La propuesta contempla un límite del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además de un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, junto con restricciones en espejos de agua y zonas de frontera.
El proyecto también modifica la Ley de Expropiaciones y las normas sobre desalojos. En materia de expropiaciones, el dictamen de mayoría fija un límite del 30% de indemnización por lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado. La oposición cuestiona esta modificación porque considera que puede subordinar el interés público a los criterios económicos de las empresas privadas.
En los casos de usurpación, la iniciativa habilita a los jueces a disponer la entrega inmediata del inmueble y a intimar su devolución dentro de las 72 horas, a pedido del propietario y con documentación que acredite la titularidad.
Para los desalojos por falta de pago, los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar sus deudas después de recibir la notificación correspondiente.
El texto incorpora un protocolo de vulnerabilidad que contempla una alternativa habitacional transitoria, por un plazo máximo de 10 días, cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.
También modifica la denominada Ley Pierri para facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única a familias que acrediten 10 años de posesión pacífica. Además, reconoce la ocupación temporánea anormal por 90 días, prorrogable una sola vez ante circunstancias graves de necesidad pública.
Discapacidad: el oficialismo impulsa una ley permanente
El oficialismo busca avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una propuesta que conserva buena parte de los beneficios previstos en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para establecer un régimen permanente.
La iniciativa cuenta con un dictamen acordado con sectores aliados, entre ellos Argentina Federal y el MID. La Libertad Avanza sostiene que su propuesta constituye una alternativa superadora, mientras que distintos bloques opositores reclaman extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Entre los puntos que se mantienen figura la compatibilidad entre una pensión contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El proyecto también contempla un nomenclador único, la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones según la movilidad jubilatoria y la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para quienes reciben la pensión correspondiente.
En materia presupuestaria, establece que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. Además, crea auditorías periódicas con cruces de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER.
A pedido de bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.
La oposición reclama mantener la emergencia para facilitar respuestas judiciales urgentes frente a las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las deudas con los prestadores. También advierte que la propuesta oficialista endurece requisitos, delega aspectos centrales en la reglamentación y podría permitir suspensiones de pensiones a partir de cruces de datos.
Otro de los cuestionamientos se refiere al financiamiento: los opositores sostienen que la iniciativa no garantiza el pago de las deudas con prestadores ni la actualización de los aranceles, cuyo atraso señalan en 30,67%.
Endeudamiento familiar: el oficialismo apuesta a la transparencia
La Cámara también analiza dos propuestas diferentes para enfrentar el endeudamiento de los hogares.
El dictamen del oficialismo, con apoyo del PRO y la UCR, se centra en la transparencia crediticia, la educación financiera, la prevención del fraude digital y la protección de los consumidores. Sin embargo, no establece tasas máximas ni planes específicos de refinanciación para los deudores en situaciones críticas.
La iniciativa busca mejorar la información sobre los créditos al consumo, especialmente los de corto plazo, que suelen tener tasas más elevadas. También incorpora mecanismos de precancelación de deudas, trazabilidad de las obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo de cada usuario en bancos y plataformas.
En contraposición, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone declarar la emergencia financiera durante 180 días y establecer un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas.
El esquema alcanzaría a personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes, según el texto, a $3.265.010.
Además, establece que las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos del deudor. La adhesión se tramitaría ante el acreedor y, si este no acepta la gestión, podría intervenir el Banco Central.
La propuesta opositora también plantea limitar los intereses según el Costo Financiero Total, permitir una rentabilidad moderada para los acreedores y condonar el 100% de los intereses punitorios, sin eliminar el capital adeudado. Incluye, además, medidas contra las cobranzas abusivas y herramientas de educación financiera.
Medicamentos de alto riesgo: buscan evitar otra tragedia como la del fentanilo
Los diputados debatirán un proyecto consensuado por unanimidad para crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con especial atención a los medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa, impulsada principalmente por la diputada Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, surge tras la crisis sanitaria iniciada en abril de 2025 por el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas, según el texto.
El informe final de la Comisión Especial Investigadora creada por Diputados recomendó establecer mecanismos de trazabilidad para los medicamentos críticos.
El proyecto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los medicamentos inyectables parenterales y sus materias primas. También exige notificar de inmediato el uso de fármacos de alto riesgo, los brotes infecciosos intrahospitalarios y los eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública.
La iniciativa contempla un registro digital de cada etapa de la cadena, desde la importación y producción hasta la distribución y administración del medicamento al paciente.
Ante sospechas de contaminación o eventos adversos, se activará un protocolo que obliga a notificar simultáneamente a Nación, las provincias y la ANMAT dentro de las 24 horas.
El nuevo sistema funcionará bajo la órbita de la ANMAT y permitirá ordenar el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un máximo de seis horas.
El proyecto también incorpora sanciones por falsificar u omitir información de trazabilidad o incumplir órdenes de inmovilización. Las penalidades previstas incluyen multas, suspensiones, clausuras definitivas y decomisos, con aplicación federal y coordinación a través del Consejo Federal de Salud.
Vandalismo rural: proponen penas de hasta ocho años de prisión
La agenda legislativa incluye un proyecto impulsado por el PRO y respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal.
La iniciativa, cuyo autor es el diputado Martín Ardohain, propone sancionar la intrusión en establecimientos rurales y los ataques contra la producción agropecuaria.
El ingreso a un campo, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluir a terceros podría castigarse con penas de un mes a un año de prisión.
En los casos de destrucción o daño del ciclo productivo, las materias primas, la infraestructura agropecuaria o los cultivos almacenados, el proyecto establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño.
La propuesta alcanza también a los cereales y oleaginosas sin cosechar, así como a los productos recolectados que se encuentren en parvas, bolsas, silobolsas, tolvas u otras instalaciones de almacenamiento.
