21/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:Federico Sturzenegger. Imagen: Web.
El Gobierno nacional tomó una nueva deuda de hasta US$ 300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un programa que busca reducir en aproximadamente 21.000 puestos de trabajo la planta de empleados estatales. La medida quedó habilitada mediante el decreto 1177/2026 y se vincula con el plan de retiros voluntarios impulsado por el Ministerio de Modernización, encabezado por Federico Sturzenegger.
La decisión abre un interrogante sobre el costo del ajuste: el Estado se endeuda en dólares para financiar la salida de trabajadores que cobran sus salarios en pesos. Mientras el Ejecutivo busca reducir el gasto público, el nuevo programa incorpora compromisos financieros que deberán afrontarse durante los próximos años.
Una deuda a largo plazo para reducir el empleo público
El programa de retiros voluntarios fue habilitado mediante el decreto 1023/2026 y está destinado al personal de planta permanente de distintos organismos estatales. El mecanismo contempla una compensación económica para quienes adhieran, por lo que su implementación requiere recursos específicos.
El Gobierno ya había intentado avanzar con una iniciativa similar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pero el directorio rechazó la propuesta por no contar con fondos para financiar las desvinculaciones. Esta vez, el Ejecutivo recurrió al BID para obtener el dinero necesario.
De acuerdo con los datos difundidos sobre la operación, el préstamo de hasta US$ 300 millones constituye el primer tramo de una línea de crédito que podría alcanzar los US$ 800 millones. El financiamiento contempla desembolsos durante cuatro años y un plazo de devolución de 25 años, con cinco años y medio iniciales sin amortización de capital.
Además, la tasa de interés es variable y está vinculada a la referencia SOFR del mercado financiero en dólares, más un margen del BID. Por ese motivo, el costo definitivo de la deuda dependerá de la evolución de las tasas y de las condiciones financieras aplicables.
El BID tiene entre sus objetivos declarados promover el desarrollo económico y social, reducir la pobreza y la desigualdad y fortalecer el crecimiento sostenible en América Latina. Sin embargo, en este caso, los recursos se utilizarán para financiar un programa asociado a la reducción de la planta estatal argentina.
Así, la política de reducción del empleo público queda acompañada por un nuevo compromiso de endeudamiento externo. El impacto final dependerá de la cantidad de trabajadores que adhieran, las condiciones de las desvinculaciones y el costo financiero que termine afrontando el Estado.
ATE rechazó el programa y convocó a movilizarse
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la iniciativa y advirtió que forma parte de una nueva etapa de reducción de la estructura estatal. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, rechazó que el mecanismo sea verdaderamente voluntario y denunció presiones sobre los trabajadores.
“Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, afirmó Aguiar al cuestionar la decisión del Gobierno.
El dirigente sindical también sostuvo que el país debería recurrir al financiamiento para impulsar su desarrollo y no para reducir puestos de trabajo. Además, anunció una movilización a la Quinta de Olivos para protestar contra el programa y llamó a los empleados públicos a no adherir.
Desde ATE advirtieron que el deterioro salarial, la reducción de personal y el debilitamiento de distintas áreas estatales pueden generar condiciones que empujen a los trabajadores a aceptar las desvinculaciones. Por eso, el sindicato considera que el carácter voluntario del régimen debe analizarse en el contexto de las condiciones laborales y económicas que atraviesa el sector público.
La Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo también alertó sobre las consecuencias que podría tener la reducción de personal. Según el gremio, cada puesto eliminado no solo implica una disminución de la nómina estatal, sino también la pérdida de experiencia, conocimientos y capacidad operativa para sostener políticas públicas y garantizar derechos.
El debate queda planteado entre el objetivo oficial de reducir el gasto y el costo económico e institucional de las desvinculaciones. Mientras el Gobierno busca avanzar con el ajuste, el financiamiento externo elegido para sostener el programa suma una nueva obligación de deuda a largo plazo.
