21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Referentes de ATRADIS y Padres TEA Salta advirtieron que las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027 podrían profundizar las diferencias en el acceso a terapias, transporte y apoyos para personas con discapacidad. El principal foco de preocupación está puesto en el futuro del nomenclador y en cómo se definirán los valores de las prestaciones.
El proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso propone modificar aspectos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos el esquema de actualización de los aranceles y el mecanismo de valores de referencia para las prestaciones. La iniciativa generó cuestionamientos de organizaciones, familiares y prestadores en distintos puntos del país.
La advertencia desde Salta
En la provincia, Ademar Anachuri, referente de ATRADIS, y Luis González, de Padres TEA Salta, expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener los cambios si finalmente son aprobados.
Según explicaron, una de las principales modificaciones discutidas es la eliminación del esquema que establece valores uniformes para las prestaciones, lo que podría otorgar mayor margen a las obras sociales y prepagas para definir cuánto reconocen por determinados servicios.
El proyecto contempla modificaciones al régimen vigente de prestaciones y elimina mecanismos vinculados con la actualización de los aranceles. Organizaciones del sector sostienen que esto podría generar diferencias entre los valores reconocidos por distintos financiadores.
“Discapacidad para ricos y para pobres”
González planteó que el cambio podría afectar especialmente a las familias que no tienen capacidad económica para afrontar diferencias de costos.
“Vamos a volver a esto de que quien tiene plata podrá acceder a las prestaciones y quien no la tenga va a desaparecer de las terapias, de la escuela y de la vida”, sostuvo el referente de Padres TEA Salta, según consignó Nuevo Diario.
Su preocupación se centra en que las familias podrían quedar obligadas a buscar alternativas si una obra social no reconoce el valor que un prestador necesita para sostener una determinada terapia o servicio.
Para González, el nomenclador cumplía precisamente la función de establecer un marco común de valores para evitar que el acceso a una prestación dependiera de la capacidad económica de cada familia.
Terapias, transporte y acompañamiento
Anachuri también cuestionó la posibilidad de que los valores queden sujetos a negociaciones particulares entre prestadores y financiadores.
“El Gobierno quiere liberar el nomenclador y hacer que las obras sociales paguen lo que quieran”, afirmó durante una entrevista en FM Pacífico, según publicó Nuevo Diario.
El referente de ATRADIS advirtió que la situación podría repercutir en servicios fundamentales para las personas con discapacidad, como transporte, terapias, acompañamiento y apoyos para la inclusión escolar.
En ese escenario, sostuvo que quienes cuenten con una cobertura más amplia o recursos económicos podrían mantener determinadas prestaciones, mientras que las familias con menores ingresos tendrían mayores dificultades para cubrir eventuales diferencias.
Qué plantea el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo incluye cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, se propone eliminar el mecanismo de actualización mensual de los pagos a prestadores vinculado a la inflación y modificar el esquema de aranceles.
De acuerdo con el análisis de Chequeado, la iniciativa elimina el principio de un precio único para las prestaciones y plantea un esquema en el que los prestadores determinen sus costos mientras los financiadores puedan establecer límites de cobertura.
Estos puntos generaron rechazo entre organizaciones del sector, que advierten que podrían producir diferencias en el acceso a las prestaciones según la cobertura de cada persona.
El Gobierno analiza cambios
La discusión todavía no está cerrada. Tras las críticas que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto, el Gobierno nacional comenzó a analizar modificaciones al texto con el objetivo de alcanzar un acuerdo parlamentario.
Por eso, los cambios cuestionados por las organizaciones forman parte actualmente de un proyecto que todavía debe atravesar el debate legislativo y que podría sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación.
Mientras tanto, en Salta las familias y los prestadores siguen atentos a la discusión. Para los referentes consultados, el punto central es evitar que la capacidad económica de cada hogar termine determinando qué terapias, apoyos o servicios puede recibir una persona con discapacidad.
