13/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Escuela fantasma. Ilustrativa. Web.
El trabajador del Ministerio de Educación de Salta cuestionó los nombramientos vinculados a la denominada Escuela Fantasma y la designación de una familiar de la ministra Cristina Fiore en la Junta Calificadora. También apuntó contra la falta de controles, reclamó avances en la investigación judicial y advirtió sobre el impacto de estas situaciones en el sistema educativo provincial.
Las designaciones irregulares, la falta de transparencia en los nombramientos y el funcionamiento de los organismos de control del sistema educativo salteño volvieron a quedar bajo cuestionamiento. Eduardo López, trabajador del Ministerio de Educación, denunció que existen mecanismos que permiten designar personas por fuera de los procedimientos establecidos y advirtió sobre la falta de avances en la investigación por la denominada Escuela Fantasma.
En una entrevista con Mabel Corrales, en el programa Qué Parte No Entendiste???, López se refirió a dos situaciones que involucran al Ministerio de Educación: la investigación por la Escuela 7160 y la designación de una familiar de la ministra Cristina Fiore en un cargo de secretaria, sin respetar el procedimiento previsto para la cobertura de esos puestos.
Escuela Fantasma: 300 designaciones bajo cuestionamiento
López recordó que el sistema de designación docente funciona mediante cuadros de puntaje, en los que se consideran los títulos y los antecedentes de formación de cada aspirante. Este mecanismo permite establecer un orden de mérito y garantiza que los cargos se cubran siguiendo criterios establecidos.
Sin embargo, sostuvo que ese procedimiento no se habría respetado en el caso de la denominada Escuela Fantasma.
El entrevistado mencionó que la denuncia fue impulsada oportunamente por la docente Celia Alancay y que posteriormente una auditoría de la Sindicatura General de la Provincia habría ratificado irregularidades vinculadas con certificados y documentación que no contaban con los controles correspondientes.
Según López, alrededor de 300 personas habrían sido designadas por fuera del sistema habitual y cobraban salarios asociados a una institución cuya existencia no se correspondía con una escuela que funcionara efectivamente.
El trabajador cuestionó que las designaciones no hayan pasado por la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, organismo encargado de evaluar antecedentes, establecer puntajes y publicar los órdenes de mérito para que los docentes puedan realizar los reclamos correspondientes.
También apuntó contra la falta de avances de la investigación judicial y cuestionó que, hasta el momento de la entrevista, no se conocieran resultados concretos de la causa que involucra a la institución.
En ese contexto, reclamó explicaciones políticas y cuestionó que la ministra Cristina Fiore no hubiera presentado su renuncia frente a la gravedad de las denuncias.
La designación de una familiar de Cristina Fiore
Otro de los episodios abordados fue la designación de una familiar de la ministra de Educación en un cargo de secretaria de una institución secundaria.
López explicó que tanto los cargos de secretario como los de prosecretario son considerados funciones docentes y, por lo tanto, deben cubrirse mediante los mecanismos de puntaje y orden de mérito.
En ese sentido, recordó que existe un decreto firmado durante la actual gestión provincial, identificado en la entrevista como el 195/2023, que establece los procedimientos para estas designaciones.
El cuestionamiento no estuvo centrado en la trayectoria laboral de la persona designada, sino en que no se habría respetado el procedimiento establecido para acceder al cargo.
El entrevistado sostuvo que debía intervenir la Junta Calificadora y conformarse el correspondiente cuadro de puntaje para garantizar que todos los docentes interesados tuvieran las mismas posibilidades de acceder a la vacante.
La denuncia administrativa, según explicó, apunta precisamente a que esos pasos no se habrían cumplido.
«La ministra mezcla las cuestiones»: el debate por las escuelas sin alumnos
Durante la entrevista también se refirió a las declaraciones de Cristina Fiore, quien había señalado que existen otras instituciones educativas que funcionan sin alumnos y cuyos docentes cumplen tareas en otros establecimientos.
López rechazó que esas situaciones puedan equipararse con lo denunciado en la Escuela Fantasma.
Explicó que existen escuelas rurales con una matrícula reducida o incluso sin alumnos, pero que cumplen funciones importantes para las comunidades donde están ubicadas.
En esos casos, sostuvo, la presencia de docentes puede contribuir a mantener la población rural y garantizar la presencia del Estado en territorios alejados.
Para López, una escuela rural que cumple una función social y territorial no puede compararse con una institución que, según su denuncia, habría sido utilizada para realizar nombramientos sin una prestación efectiva de servicios.
También mencionó situaciones en las que docentes rurales brindaron protección y seguridad a integrantes de comunidades vulnerables, como ejemplos de la importancia que puede tener la presencia de una institución educativa más allá de su matrícula.
ADP y los nombramientos: cuestionamientos al funcionamiento gremial
El entrevistado también apuntó contra el funcionamiento de los gremios docentes y planteó la necesidad de diferenciar las situaciones de quienes cumplen tareas sindicales de aquellas en las que existirían personas que cobran salarios docentes sin prestar servicios en establecimientos educativos.
En particular, mencionó a la Asociación Docente Provincial (ADP) y cuestionó que existan personas que perciben salarios del sistema educativo mientras desarrollan actividades dentro de la estructura gremial.
López consideró que estas situaciones deben analizarse por separado y reclamó que las organizaciones sindicales asuman sus responsabilidades frente a las irregularidades.
«Los gremios no hacen de gremios y los gobiernos no hacen de gobiernos», afirmó al cuestionar los vínculos entre las estructuras sindicales y las autoridades provinciales.
En su interpretación, estos acuerdos terminan perjudicando a los trabajadores y afectan la transparencia de los mecanismos de designación.
Falta de personal en las escuelas: perceptores y trabajadores de maestranza
Más allá de las denuncias por nombramientos irregulares, López advirtió sobre otro problema que atraviesa el sistema educativo salteño: la falta de personal en las instituciones.
Señaló especialmente la escasez de perceptores, trabajadores que cumplen funciones fundamentales en la organización escolar, el seguimiento de los estudiantes y la prevención de situaciones de violencia durante los recreos.
Según explicó, contar con la cantidad necesaria de personal permitiría mejorar el funcionamiento cotidiano de las escuelas y atender situaciones que requieren intervención y acompañamiento.
También mencionó la falta de trabajadores de maestranza, particularmente en establecimientos del interior provincial.
En ese sentido, recordó que representantes de esas localidades habían reclamado nombramientos y que se les había prometido una respuesta para el día 11, pero que, según indicó, el compromiso no se había concretado.
López sostuvo que mientras existen denuncias por designaciones que habrían vulnerado los procedimientos administrativos, numerosas escuelas continúan esperando personal necesario para garantizar su funcionamiento.
La entrevista dejó planteados interrogantes sobre los mecanismos de control del Ministerio de Educación, el papel de la Junta Calificadora, la responsabilidad de las autoridades y el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
Para el entrevistado, el problema de fondo es la necesidad de recuperar criterios transparentes en la administración educativa y garantizar que los cargos se cubran respetando la carrera docente y las normas vigentes.
