20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei, el abrazo con Adorni, y detrás «La Pepona». Imagen: AFP.
El respaldo cerrado del poder económico al gobierno de Javier Milei comienza a mostrar fisuras. Sin estridencias públicas, pero con conversaciones cada vez más inquietas en despachos empresariales y reuniones reservadas, el denominado Círculo Rojo empezó a incorporar un nuevo factor de preocupación al diagnóstico económico: la combinación entre recesión, deterioro social y denuncias de corrupción que rozan a funcionarios clave.
El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en un símbolo incómodo. En voz baja, empresarios y consultores lo definen como una “corrupción artesanal y mal armada”. La frase circula con insistencia en ámbitos donde, hasta hace poco, predominaba una defensa cerrada del oficialismo. La estrategia, sin embargo, es la cautela: puertas afuera se relativiza el tema o directamente se lo minimiza; puertas adentro, el análisis es otro. Allí se empieza a leer que las irregularidades no son un fenómeno aislado, sino parte de un cuadro más amplio de debilidad económica y desgaste político.
Ese combo —corrupción más crisis— es el que inquieta. Según relatan quienes participaron de encuentros recientes entre empresarios, consultores y referentes opositores, el impacto no se concentra en los sectores más vulnerables, sino en la clase media, el segmento que en los últimos meses aceleró su deterioro y comenzó a deslizarse hacia la pobreza. La narrativa del ajuste como virtud, que el Gobierno convirtió en bandera, pierde eficacia frente a un escenario que no muestra mejoras concretas en la vida cotidiana.
Los datos empiezan a reflejar ese cambio de clima. Una encuesta de la consultora Opina Argentina indicó que la corrupción creció seis puntos en abril como principal preocupación social y alcanzó el 36 por ciento de las menciones, desplazando al desempleo (29 por ciento) y a la inflación (14 por ciento). En ese desplazamiento se sintetiza el problema central: la emergencia de una “corrup-crisis” que erosiona la credibilidad del Gobierno y pone en tensión su capacidad de sostener liderazgo.
El malestar no se limita al frente externo. Dentro del propio Estado, el impacto del ajuste convive con cuestionamientos crecientes. Trabajadores que enfrentan recortes y pérdida de poder adquisitivo también empiezan a dudar del rumbo. En ese contexto aparece una iniciativa que refleja el clima interno: un boletín oficial impulsado por la Jefatura de Gabinete, del que no es posible desuscribirse, destinado a difundir “buenas noticias” entre empleados públicos y ordenar el relato hacia adentro. El mensaje es claro: reforzar la narrativa oficial en medio de un escenario adverso.
Mientras tanto, el caso Adorni genera tensiones incluso entre aliados históricos. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, recibió fuertes cuestionamientos internos por mostrarse junto al funcionario en medio de la polémica. El enojo en el sector agropecuario no es menor: el Gobierno descartó la baja de retenciones en el corto plazo, y el escándalo sumó irritación a un vínculo ya desgastado.
En el ámbito empresarial, algunas voces salieron a relativizar el caso. Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, sostuvo tras un encuentro con Adorni que las denuncias responden a intentos de “debilitar la gestión” y las calificó como una “desprolijidad menor”. Una defensa que contrasta con el tono mucho más duro que ese mismo sector supo adoptar frente a otros gobiernos.
Otro núcleo de respaldo se ubica en el ecosistema de empresas tecnológicas. Desde allí, figuras como Marcos Galperín optaron por trivializar el tema en redes sociales, apelando a ironías y mensajes que buscan restarle gravedad al escándalo. Sin embargo, incluso dentro de ese espacio surgen dudas. Algunos empresarios reconocen que Adorni aparece “golpeado” por la situación, aunque consideran que su permanencia es preferible a una salida que podría profundizar la debilidad política del Gobierno.
La preocupación no se agota en la cuestión institucional. En paralelo, la economía real empieza a mostrar señales de tensión. En el sector retail, fuentes empresariales confirmaron remarcaciones de precios de hasta el 6 por ciento promedio en listas recientes. El movimiento rompe la inercia de meses anteriores, donde los aumentos seguían de cerca la inflación. Ahora, las empresas anticipan un escenario de costos en alza y buscan recomponer márgenes en un contexto de consumo deprimido.
El diagnóstico es claro: con salarios en caída y ventas estancadas, algunas compañías optan por ajustar precios para compensar lo que no logran por volumen. La dinámica tensiona el frente inflacionario y complica la estrategia oficial. A eso se suma el impacto de tarifas crecientes sobre la estructura de costos, que presiona sobre toda la cadena productiva.
El deterioro del mercado interno también se refleja en decisiones más drásticas. En la industria aceitera, por ejemplo, la caída del consumo —que ronda el 10 por ciento interanual— llevó a redefinir la estrategia: cerca del 30 por ciento de la producción se destinará a exportaciones a granel, evitando costos de procesamiento y apostando a mercados externos como la India. De los seis millones de toneladas procesadas, 4,5 millones se orientan al exterior, y tres millones corresponden a aceites que ya no encuentran salida en el mercado local.
En este contexto, el Gobierno intenta sostener su relato. Desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Guillermo Devitt, se distribuye el boletín “Hablemos con datos”, que resalta indicadores favorables y omite los negativos. Allí se destacan la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria y una inflación núcleo del 2,5 por ciento, en un intento por reforzar la idea de un rumbo económico controlado.
Sin embargo, el contraste entre el discurso y la realidad empieza a generar ruido incluso en los sectores que hasta ahora acompañaban sin fisuras. La combinación de recesión, caída del consumo, tensiones sociales y denuncias de corrupción configura un escenario que inquieta al establishment. En ese marco, la pregunta que empieza a circular ya no es solo económica, sino política: cuánto margen tiene el Gobierno para sostener su programa sin un respaldo más amplio y en medio de un clima que empieza a volverse adverso.
