12/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Eduardo Enrique Massera. Imagen: Web.
Eduardo Enrique Massera había pedido autorización para viajar por España, Francia e Italia, pero el TOF 5 rechazó el planteo. El 23 de septiembre comenzará el juicio por el presunto desapoderamiento de bienes de personas secuestradas y desaparecidas en la ESMA.
Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del exjefe de la Armada Emilio Eduardo Massera, no podrá concretar el viaje por Europa que había solicitado realizar junto a su esposa. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 rechazó el pedido de autorización y, al mismo tiempo, avanzó con la preparación del juicio oral en el que deberá responder por su presunta participación en una estructura vinculada con el desapoderamiento de bienes de personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar.
El proceso comenzará el próximo 23 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py y tendrá como acusados a Massera y a varios integrantes del grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La decisión del tribunal llegó después de que la defensa de Massera solicitara autorización para que pudiera realizar un viaje que incluía Madrid, el sur de Francia e Italia. El planteo fue presentado como una oportunidad que podría ser el “último viaje” del acusado junto a su esposa debido a una enfermedad que, según su abogado, podría evolucionar negativamente.
Sin embargo, el pedido no contaba con algunos datos que el tribunal consideró relevantes. La defensa no había precisado las fechas concretas de salida y regreso ni los lugares donde Massera se alojaría. El planteo indicaba que esos detalles serían comunicados si finalmente se autorizaba el viaje y se compraban los pasajes.
El fiscal Félix Crous rechazó el pedido
El fiscal Félix Crous se opuso a que Massera abandonara el país y recordó que sobre el acusado pesa una prohibición de salida de la Argentina.
Además de cuestionar la falta de información sobre el itinerario, el representante del Ministerio Público puso el foco en la situación patrimonial del imputado.
Crous señaló que el embargo que pesa sobre los bienes de Massera se encontraba desactualizado y que estaba fijado en apenas 500 mil pesos, una cifra que consideró insuficiente frente a las circunstancias del caso y a la posibilidad de que el acusado realizara una estadía prolongada en Europa.
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del TOF 5, coincidieron con la postura del fiscal y rechazaron la autorización solicitada.
La salud de Massera también fue analizada
La defensa había utilizado el estado de salud del acusado como uno de los argumentos centrales para solicitar el viaje.
Massera tiene actualmente 75 años y cumplirá 76 el próximo mes. Su abogado sostuvo que la enfermedad que padece podría agravarse y que el viaje junto a su esposa tendría un significado especial.
El tribunal, sin embargo, advirtió que en el expediente no existía una evaluación realizada por especialistas designados judicialmente.
Los magistrados señalaron que la documentación presentada consistía en un certificado de una médica particular, sin una evaluación pericial que permitiera establecer con precisión la gravedad de la situación y si un viaje internacional resultaba aconsejable.
Incluso señalaron que, si el estado de salud de Massera fuera efectivamente tan delicado como planteaba su defensa, un viaje de esas características podría resultar contraproducente.
La audiencia preliminar será el 16 de septiembre
El rechazo del viaje se produjo mientras el TOF 5 avanza con la organización del nuevo juicio.
El tribunal fijó para el miércoles 16 de septiembre a las 10 una audiencia preliminar que se realizará de manera presencial y virtual. Allí se terminarán de definir aspectos relacionados con el desarrollo del proceso.
Una semana después, el 23 de septiembre, está previsto el comienzo del juicio oral en los tribunales de Comodoro Py.
El TOF 5 ya solicitó a la Secretaría General de la Cámara Federal de Casación Penal que asigne una sala para llevar adelante las audiencias.
El proceso buscará determinar la responsabilidad penal de los acusados por hechos vinculados con la apropiación y el desapoderamiento de bienes pertenecientes a víctimas de la represión ilegal.
Quiénes estarán sentados en el banquillo
Junto con Massera hijo deberán afrontar el juicio varios integrantes reconocidos del grupo de tareas de la ESMA.
Entre los acusados aparecen Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic.
Según la información judicial citada en la investigación, con excepción de Rolón y Azic, los demás se encuentran detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Azic cumple arresto domiciliario y recientemente fue denunciado por un supuesto intento de mantener un beneficio previsional mediante la presentación de un concubinato que habría sido utilizado para evitar la baja dispuesta por la Prefectura.
El juicio reunirá así a varios represores que ya fueron investigados y condenados en otras causas vinculadas con el terrorismo de Estado, aunque en este expediente se analizará específicamente su presunta participación en el desapoderamiento de los bienes de las víctimas.
La situación particular de Eduardo Massera hijo
La acusación contra Massera hijo tiene una particularidad respecto de la de otros imputados.
Eduardo Enrique Massera no integraba formalmente el plantel estable del centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA, pero la investigación sostiene que habría formado parte de la asociación ilícita que participaba del secuestro de personas y del posterior desapoderamiento de sus bienes.
La causa recoge diferentes testimonios de sobrevivientes que afirmaron haberlo visto en espacios vinculados con la estructura represiva.
Uno de ellos es Alfredo Buzzalino, quien lo ubicó en sectores por donde también se movía Jorge Acosta.
El periodista y sobreviviente Juan Gasparini declaró, por su parte, haber visto a Massera hijo en el sótano de la ESMA o en el sector conocido como “la capucha”, lugares asociados con la tortura y el cautiverio de los secuestrados.
Según el testimonio de Gasparini, en ese ámbito circulaba la versión de que Massera concurría por cuestiones relacionadas con la administración y el financiamiento del centro clandestino.
Se trata de elementos testimoniales que forman parte de la investigación y cuya valoración definitiva corresponderá al tribunal durante el juicio.
Chroma SA y el uso de bienes apropiados
Otro de los aspectos que aparecen en el expediente está relacionado con Chroma SA, una productora audiovisual que funcionaba en un inmueble ubicado en Besares 2025.
Según los testimonios incorporados a la causa, ese inmueble había sido previamente sustraído y la empresa fue utilizada por integrantes de la estructura represiva.
La sobreviviente Marta Álvarez declaró ante la Justicia que Massera hijo estaba involucrado en los aspectos legales relacionados con el funcionamiento de ese negocio.
Álvarez recordó haberlo visto en varias oportunidades en Besares y sostuvo que también concurría acompañado por el abogado Rafael Ayerza.
En su declaración, la sobreviviente afirmó que Massera tenía conocimiento de la situación del inmueble y de las condiciones en las que se encontraban las personas que trabajaban allí.
La acusación sostiene que algunos de los negocios montados por los represores utilizaron mano de obra de personas secuestradas, en un mecanismo que habría permitido convertir bienes y recursos obtenidos ilegalmente en activos económicos.
Las oficinas de Cerrito
Los testimonios también ubican a Massera hijo en las oficinas que su padre había instalado en Cerrito 1136, después de su retiro de la Armada.
Ese lugar habría sido utilizado por Emilio Massera mientras mantenía actividad política y empresarial.
La periodista y sobreviviente Miriam Lewin también recordó la presencia de Eduardo Enrique Massera en esas oficinas.
En su declaración, Lewin señaló además la relación que mantenía con Jorge Radice, uno de los acusados en el proceso.
Según ese testimonio, ambos tenían un rol relevante en el funcionamiento de las actividades vinculadas con Emilio Massera y actuaban como una suerte de filtro frente al excomandante de la Armada.
Radice aparece nuevamente en la investigación por su presunta participación en el esquema de desapoderamiento y administración de activos.
La investigación por los terrenos de Chacras de Coria
Uno de los capítulos más relevantes del expediente se vincula con propiedades ubicadas en Chacras de Coria, Mendoza.
La investigación fiscal sostiene que el proceso comenzó el 10 de enero de 1977, cuando integrantes de un grupo de tareas de la ESMA irrumpieron en un estudio jurídico ubicado sobre la avenida Santa Fe, en Buenos Aires.
El objetivo de aquel operativo habría sido localizar a integrantes de la estructura financiera de Montoneros.
A partir de ese procedimiento se habría puesto en marcha una estructura destinada no solamente a secuestrar a las personas buscadas, sino también a apropiarse de sus bienes.
La fiscalía sostiene que el entramado societario utilizado posteriormente permitió que propiedades pertenecientes a las víctimas terminaran vinculadas con personas relacionadas con la estructura de poder construida alrededor del exjefe de la Armada.
El papel de Misa Chico SA
Dentro de ese entramado aparece Misa Chico SA, una sociedad que habría intervenido en la transferencia y administración de propiedades ubicadas en Mendoza.
Según la acusación fiscal, Eduardo Massera era titular del 90% de las acciones de la empresa, circunstancia que constituye uno de los elementos considerados por los investigadores para atribuirle una participación en el mecanismo de desapoderamiento.
Al solicitar la elevación de la causa a juicio, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que Massera hijo habría cumplido una función concreta en la etapa destinada a completar la apropiación de los terrenos.
La hipótesis fiscal apunta a que los bienes de las personas desaparecidas terminaron integrando el patrimonio de quienes participaron o se beneficiaron de la estructura represiva.
Será ahora el tribunal el encargado de determinar si esa hipótesis puede ser acreditada con las pruebas reunidas durante la investigación.
Un juicio centrado en el patrimonio de las víctimas
El proceso que comenzará en septiembre tendrá una característica particular dentro del amplio universo de causas por crímenes de lesa humanidad.
Además de analizar las responsabilidades individuales de los acusados, el expediente pone el foco en una dimensión económica de la represión: el robo, la apropiación y el lavado de los bienes de las personas secuestradas y desaparecidas.
La investigación judicial plantea que el mecanismo represivo no se limitó al secuestro y la tortura, sino que en determinados casos habría incluido la utilización de los bienes de las víctimas para generar negocios y ampliar el patrimonio de los represores o de personas vinculadas con ellos.
Los testimonios de sobrevivientes, la documentación societaria y las operaciones relacionadas con diferentes propiedades forman parte de los elementos que serán analizados durante el debate oral.
Massera deberá afrontar el proceso en Argentina
Con el rechazo del pedido de viaje, Eduardo Enrique Massera deberá permanecer en el país mientras se pone en marcha el juicio.
Su defensa había intentado obtener autorización para que pudiera realizar una estadía de varias semanas en Europa, pero el TOF 5 consideró que no estaban dadas las condiciones para permitir su salida.
La próxima fecha clave será el 16 de septiembre, cuando se realice la audiencia preliminar. Siete días después, el 23 de septiembre, comenzará el debate oral.
A casi cinco décadas de los primeros hechos investigados, la Justicia deberá establecer si Eduardo Enrique Massera y los demás acusados tuvieron responsabilidad penal en el desapoderamiento de los bienes de personas secuestradas y desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado.
Por ahora, las acusaciones deberán ser probadas durante el juicio. La decisión final estará en manos del tribunal.
