20/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cristina Fernández de Kirchner, presa política y del Poder Judicial. Imagen: Web.
Un explosivo informe del Consejo de la Magistratura de la Nación volvió a encender la polémica política y judicial alrededor de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Los datos oficiales muestran que la exmandataria cumple una prisión domiciliaria con restricciones más severas que las impuestas a condenados por narcotráfico y delitos de lesa humanidad, desatando nuevas denuncias de persecución judicial y “lawfare”.
El documento, elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública, expone una fuerte diferencia en las condiciones de control aplicadas a distintos detenidos federales. Mientras represores y narcos gozan en muchos casos de permisos de salida, visitas sin límites y escasos controles electrónicos, Cristina enfrenta restricciones excepcionales sobre sus encuentros, movimientos y actividades públicas.
Según el informe, sobre un total de 2.513 detenidos bajo prisión domiciliaria, apenas el 23,96% utiliza tobillera electrónica y solo el 1,76% tiene restricciones de visitas. Esto significa que el 98,24% de los detenidos puede recibir visitas sin limitaciones específicas.
En el caso de los acusados o condenados por narcotráfico, la diferencia resulta todavía más impactante. De 1.280 presos bajo arresto domiciliario, apenas ocho personas tienen restricciones de visitas, lo que representa apenas el 0,86% del total. Además, casi el 43% cuenta con permisos de salida para trabajar, estudiar, asistir a tratamientos médicos o realizar actividades familiares.
Los números vinculados a los represores condenados o procesados por delitos de lesa humanidad también generaron fuerte repercusión. Solo el 44,12% utiliza tobillera electrónica, mientras que el 84,38% no tiene limitaciones de visitas y más de la mitad dispone de permisos de salida autorizados.
En contraste, Cristina Kirchner enfrenta un régimen mucho más estricto desde noviembre de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal 2 endureció las condiciones de su arresto domiciliario en el marco de la causa Vialidad.
El tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso decidió limitar drásticamente las visitas luego de que la expresidenta recibiera en su domicilio a un grupo de economistas.
Desde entonces, Cristina solo puede recibir visitas durante dos horas, con un máximo de tres personas al mismo tiempo y apenas dos encuentros semanales. Además, el tribunal le prohibió “alterar la tranquilidad del vecindario o dar discursos públicos”, bajo advertencia de revocar el beneficio de prisión domiciliaria.
La defensa de la exmandataria intentó revertir las restricciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron el planteo y dejaron firmes todas las medidas.
El informe fue impulsado por dirigentes del kirchnerismo como Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, quienes denunciaron una evidente “doble vara judicial”.
La difusión de los números volvió a recalentar el debate sobre el funcionamiento de la Justicia Federal y las acusaciones de persecución política contra la ex presidenta, en un clima de creciente confrontación entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial.
