20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Muchas personas se encuentran hoy en situación de calle a lo largo y ancho del país, la Capital Federal, no es la excepción. Imagen: Web.
La política social de la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo que vuelve a poner en el centro de la escena a los sectores más vulnerables. Esta vez, no por una ampliación de derechos, sino por una iniciativa que apunta en sentido inverso: trasladar los paradores para personas en situación de calle fuera del territorio porteño. La definición no surge de un documento técnico ni de un trascendido, sino de una confesión directa de una funcionaria del propio gobierno de Jorge Macri.
La revelación se produjo durante un encuentro con vecinos de Balvanera, en el marco del programa “La Seguridad en tu Barrio”, realizado el jueves 9 de abril en el Centro Galicia. Allí, Patricia Cuellar, jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad porteño y mano derecha del ministro Horacio Giménez, expuso sin rodeos el rumbo que evalúa la administración local.
“Hay un proyecto de llevar los centros de inclusión fuera de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Cuellar frente a los asistentes. La frase, lejos de pasar desapercibida, encendió alarmas por el sentido de la medida: desplazar a las personas en situación de calle fuera del distrito en lugar de abordar la problemática dentro de la Ciudad.
La propuesta se inscribe en una serie de decisiones que, según distintos sectores, profundizan el enfoque restrictivo hacia poblaciones vulnerables. En paralelo a esta iniciativa, la gestión de Jorge Macri avanzó con limitaciones en la atención de bonaerenses en hospitales públicos porteños, en medio de un enfrentamiento político con el gobernador Axel Kicillof.
El planteo de trasladar paradores fuera de la Ciudad aparece así como parte de una lógica más amplia, donde la solución parece orientarse a correr el problema del territorio antes que resolverlo. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad no brindaron precisiones sobre cómo se implementaría la medida ni en qué lugares se instalarían los nuevos centros. Consultados sobre si se ubicarían en el conurbano, en el interior bonaerense u otras jurisdicciones, no hubo respuestas.
Durante el mismo encuentro, Cuellar también expuso la mirada oficial sobre la magnitud del fenómeno. Según la funcionaria, actualmente hay más de 5.000 personas en situación de calle que se alojan en paradores y alrededor de 1.500 que rechazan asistir a esos espacios. Las cifras contrastan de manera significativa con los relevamientos realizados por organizaciones sociales.
El 3er Censo Popular de Personas en Situación de Calle, llevado adelante en 2025, registró 11.892 personas viviendo en espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica un aumento del 64 por ciento respecto de 2019 y da cuenta de una crisis habitacional en expansión.
La distancia entre los números oficiales y los de las organizaciones no es un detalle menor. Sobre esa diferencia se construyen diagnósticos y, en consecuencia, políticas públicas. Mientras el Gobierno porteño plantea una cifra que reduce el alcance del problema, los relevamientos independientes describen una realidad mucho más extendida y compleja.
En ese contexto, la propuesta de trasladar paradores fuera de la Ciudad generó rechazo entre vecinos y organizaciones. Algunas voces plantearon alternativas que apuntan en otra dirección. Valeria Guzmán, vecina de Balvanera, propuso utilizar las viviendas ociosas que existen en el distrito para alojar a personas en situación de calle. “Podrían adaptar varias de ellas y que la gente duerma cómoda en esos lugares”, señaló.
El planteo no surge en el vacío. Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, Social y Urbano (CEDESU), en la Ciudad hay más de 228 mil viviendas ociosas, una cifra que creció un 14 por ciento en un año. El dato expone una paradoja estructural: miles de personas sin techo conviven con cientos de miles de propiedades vacías.
La iniciativa del PRO, en ese marco, no aparece como una respuesta a esa contradicción, sino como un intento de reconfigurar el mapa urbano desplazando a quienes quedan fuera del sistema. La lógica que se desprende de la propuesta es directa: sacar de la vista una problemática que crece al ritmo de la crisis económica.
El episodio en Balvanera también dejó al descubierto la ausencia del ministro Horacio Giménez, quien debía participar del encuentro pero no asistió por “problemas de agenda”. Su lugar fue ocupado por Cuellar, quien terminó explicitando una política que hasta ahora no había sido presentada de manera formal.
La discusión sobre qué hacer con las personas en situación de calle vuelve así a instalarse con fuerza, pero desde un ángulo que reabre un debate de fondo: si el Estado debe garantizar derechos dentro de su territorio o si puede optar por desplazar a quienes los necesitan. En esa tensión, la propuesta de trasladar paradores fuera de la Ciudad se convierte en un símbolo de una política que prioriza la expulsión por sobre la inclusión.
