05/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Imagen aérea de parte de la Hidrovía. Web.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al anunciar la preadjudicación del contrato al consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la empresa argentina Servimagnus. La decisión fue adoptada tras la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas y abre ahora una instancia de siete días para que los competidores puedan presentar eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva.
La medida representa un avance clave para una de las infraestructuras más estratégicas de la Argentina. La Hidrovía Paraná-Paraguay concentra gran parte del comercio exterior del país y constituye la principal vía de salida para las exportaciones agroindustriales, minerales y productos manufacturados.
Según informó el Ejecutivo, la recomendación de adjudicación surge del análisis realizado sobre las propuestas presentadas en la licitación. El procedimiento incluyó la evaluación técnica de los proyectos, la revisión de antecedentes empresariales y el análisis económico de las ofertas. Para la elaboración de los criterios de selección se contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que colaboró en la definición de estándares de evaluación y transparencia.
Durante la etapa técnica, la propuesta de Jan de Nul obtuvo una ventaja significativa sobre sus competidores. La empresa alcanzó una puntuación superior a la de la firma belga DEME NV, que quedó relegada en el proceso de selección. En la evaluación económica, ambas compañías lograron el mismo puntaje, por lo que la diferencia final estuvo determinada por el desempeño técnico de cada propuesta.
Por otra parte, la oferta presentada por DTA Engenharia fue descartada debido a incumplimientos vinculados a requisitos exigidos en el pliego licitatorio, entre ellos la presentación de garantías obligatorias para participar del concurso.
Desde el Gobierno destacaron que antes de emitir el dictamen se realizó una revisión integral del procedimiento administrativo y legal, verificando el cumplimiento de la normativa vigente y de las recomendaciones internacionales en materia de contratación pública.
La administración de Javier Milei también remarcó que durante el desarrollo de la licitación no prosperaron las denuncias judiciales impulsadas para frenar el proceso y aseguró que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones formales durante las etapas previas.
Ahora se abre un período de siete días corridos para que los oferentes puedan cuestionar el dictamen de preadjudicación. Una vez concluido ese plazo y resueltas las observaciones que eventualmente puedan surgir, el Estado nacional estará en condiciones de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.
La futura concesión tendrá a su cargo las tareas de dragado, balizamiento, señalización y mantenimiento de la vía navegable. El Gobierno sostiene que el nuevo esquema permitirá reducir costos operativos para los usuarios, mejorar la eficiencia logística y modernizar los sistemas de gestión y control de una ruta comercial considerada vital para la economía argentina.
No obstante, el proceso continúa generando debate político y empresarial. Mientras el oficialismo destaca la transparencia de la licitación y la participación de organismos internacionales en la supervisión, distintos sectores mantienen cuestionamientos sobre las condiciones de la concesión y el impacto que tendrá la administración privada de una de las rutas comerciales más importantes del país.
