12/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Cinco personas llegan a juicio por el presunto desvío de fondos del Juzgado Contravencional N°1 de Jujuy. Matías Yebara, el único imputado con prisión preventiva, denunció que fue golpeado y torturado en el penal tras comunicarse con la prensa. Además, aseguró que su declaración como «arrepentido» fue utilizada para proteger a funcionarios y dirigentes políticos.
El escándalo por el presunto desvío de fondos del Juzgado Contravencional N°1 de Jujuy llega a una instancia clave. Este jueves comienza el juicio oral contra cinco personas acusadas en una causa que investiga un supuesto circuito de recaudación irregular mediante multas contravencionales, remates de vehículos y animales.
En la antesala del debate, Matías Yebara, el único imputado que permanece detenido con prisión preventiva, denunció que fue golpeado, sometido a vejaciones y torturado dentro del Servicio Penitenciario N°4 de Alto Comedero. Según su relato, los hechos ocurrieron después de que intentara comunicarse con una periodista para contar su versión de la causa.
El proceso comenzará a las 8.30 y tiene previstas seis jornadas de audiencias: los días 12, 16, 17, 24, 27 y 30 de noviembre. El tribunal estará integrado por María del Rosario Hinojo, como presidenta, junto a Felicia Barrios y Mario Puig. El fiscal será Diego Funes.
Además de Yebara, serán juzgados otros cuatro acusados, identificados por sus apellidos: Aguayo, Ramos, Rodríguez y Taritolay, quienes llegan al debate en libertad.
Una causa que destapó una presunta «caja negra»
La investigación comenzó en 2024 y se profundizó durante 2025. El expediente puso bajo sospecha el manejo de los fondos recaudados por el Juzgado Contravencional N°1 y la existencia de un presunto circuito paralelo de recaudación que habría involucrado multas, remates y expedientes tramitados de manera discrecional.
El caso también provocó consecuencias institucionales. En 2025, el entonces juez contravencional Matías Ustárez Carrillo renunció y posteriormente fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El sistema contravencional jujeño depende del Ministerio de Seguridad. El Código Contravencional comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2016, durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el presunto funcionamiento de un mecanismo de recaudación mediante multas cuestionadas por su elevado monto y por su utilización contra distintos sectores de la protesta social. También se investigan posibles irregularidades en remates de motocicletas y animales, además de la derivación de expedientes para el cobro de multas.
La causa alcanza, según las denuncias incorporadas al expediente y los testimonios difundidos, a distintas gestiones políticas y funcionarios provinciales. Sin embargo, las responsabilidades que Yebara atribuye a esas personas deberán ser investigadas y acreditadas judicialmente.
Yebara denunció golpes y torturas dentro del penal
Desde su lugar de detención, Yebara difundió un extenso audio en el que cuestionó la investigación y afirmó que el juicio está atravesado por irregularidades.
«Yo ya sé lo que me espera en el juicio. Ya sé que todo está organizado para una condena hacia mi persona», sostuvo.
El detenido relató que el jueves anterior mantuvo una comunicación telefónica con una periodista, pero que la llamada fue interrumpida por agentes penitenciarios. Luego, según denunció, fue sancionado y trasladado a una habitación sin cámaras de seguridad, donde habría sufrido golpes, vejaciones y amenazas.
«Me encuentro en un total estado de indefensión y violación a mis garantías constitucionales», afirmó al cuestionar las condiciones en las que llegará al debate oral.
También aseguró que presentó reclamos ante el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación, pero que hasta el momento no obtuvo respuestas.
Afirma que lo utilizaron como «arrepentido» para proteger a funcionarios
Yebara, quien trabajaba por cuenta propia en el Juzgado Contravencional y anteriormente había integrado la Policía, cuestionó el acuerdo que —según afirmó— había mantenido con la Fiscalía para declarar como arrepentido.
Sostuvo que su testimonio no fue respetado y que terminó siendo utilizado como un «chivo expiatorio» para evitar que se investigara a funcionarios y dirigentes de mayor jerarquía.
En su denuncia mencionó al fiscal general Sergio Lello Sánchez, al fiscal Diego Funes y a la funcionaria Serrano Antar, y afirmó que no se cumplieron los compromisos que, según su versión, se habían establecido durante su declaración.
«La fiscalía hizo y deshizo, avasallando todos los derechos fundamentales que me asisten», manifestó.
Las acusaciones contra exfuncionarios y dirigentes políticos
En su exposición pública, Yebara apuntó contra distintos integrantes de las administraciones provinciales y sostuvo que el Juzgado Contravencional funcionaba como un supuesto ente recaudador paralelo.
Entre las personas que mencionó figuran el exgobernador Gerardo Morales, el exministro de Seguridad Guillermo Corro, la actual diputada nacional Inés Zigarán, el juez contravencional Rodolfo Fernández y el exmagistrado Matías Ustárez Carrillo.
También nombró al legislador provincial Adriano Morone y al exjefe de los fiscales Sergio Lello Sánchez, a quienes atribuyó distintos niveles de responsabilidad en el funcionamiento del sistema que denuncia.
Yebara aseguró que los remates de motocicletas y animales, así como el destino de los fondos provenientes de las multas, respondían a decisiones de funcionarios de mayor jerarquía.
«Yo no podía hacer un remate de 200 motos y entregar las motos a cada persona. No podía hacer el remate de más de 150 animales. Todo eso lo hacían el ministro de Seguridad, el gobernador, el juez contravencional», afirmó.
Además, acusó a Lello Sánchez de haber archivado expedientes después de que denunciara las presuntas irregularidades. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia pública del imputado y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judicialmente comprobadas de las personas mencionadas.
Restricciones y nuevas denuncias en el Servicio Penitenciario
El detenido también denunció que las autoridades penitenciarias le impiden comunicarse libremente con sus familiares y que fue sancionado por hablar con la prensa.
Según su relato, permanece acompañado por dos celadores durante las llamadas telefónicas y llegó a estar incomunicado durante 24 horas.
«Me metieron a la celaduría en el lugar donde no hay cámara de seguridad. Me hicieron vejaciones, tortura y amenazas para que yo no hable», denunció.
Por último, responsabilizó por cualquier situación que pudiera ocurrirle dentro del penal al ministro de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola; al jefe del Servicio Penitenciario, Félix Armando Guevara; al gobernador Carlos Sadir y a los directivos encargados de su custodia.
El inicio del juicio abre una etapa decisiva para esclarecer el presunto desvío de fondos del Juzgado Contravencional. Al mismo tiempo, las denuncias de torturas formuladas por el único detenido suman un nuevo capítulo de gravedad institucional a una causa que ya involucra cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Justicia y el poder político en Jujuy.
