21/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Axel Kicillof. Imagen: Web.
En medio del ajuste y los recortes, la pulseada entre la Provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada sumó un capítulo clave. El gobernador Axel Kicillof salió de la Corte Suprema con una certeza: el gobierno de Javier Milei tendrá que presentar el próximo 10 de junio una propuesta concreta para pagar los fondos que recortó a la caja de jubilaciones bonaerense.
La audiencia dejó expuesta una deuda que escala sin freno. La Provincia reclama más de 2 billones de pesos por transferencias previsionales que Nación dejó de enviar. “Estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia”, remarcó Kicillof, y recordó que otras provincias con sistemas propios ya recibieron fondos mientras Buenos Aires sigue esperando.
El conflicto llegó a la Corte tras meses de reclamos sin respuesta. En la segunda audiencia, el máximo tribunal forzó un compromiso: en la próxima cita, el Gobierno nacional deberá detallar montos y condiciones de pago. Hasta ahora, la única explicación oficial fue la realización de “auditorías”, un argumento que no logró convencer a los jueces.
El detalle de la deuda revela el alcance del recorte. Incluye anticipos impagos, actualizaciones pendientes y diferencias acumuladas desde 2018. En febrero de 2024, el monto rondaba los 681 mil millones de pesos; hoy supera los 2,2 billones. Una cifra que tensiona las cuentas provinciales y pone en jaque al sistema previsional.
La delegación bonaerense llegó con respaldo técnico y político: el ministro de Economía Pablo López, la titular del IPS Marina Moretti y el asesor general Santiago Pérez Teruel. Del lado nacional, participaron el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el secretario Legal y Administrativo José Ignacio García Hamilton, junto a asesores de ANSES.
Pero el reclamo bonaerense no se limita a este expediente. Kicillof advirtió que la deuda total de Nación con la Provincia supera los 15 billones de pesos, una cifra que equivale a casi un tercio del presupuesto provincial. En ese paquete se incluyen siete demandas judiciales por recortes en fondos clave: desde el financiamiento docente hasta el transporte, pasando por obras paralizadas y transferencias previsionales.
El trasfondo es político y económico. La Provincia denuncia un esquema de ajuste que, combinado con la caída de la recaudación, asfixia sus cuentas. A eso se suma un sistema de coparticipación que, según remarcan, deja a Buenos Aires en desventaja: aporta el 38% de la recaudación nacional, pero recibe apenas el 7%.
La Corte ahora obliga a la Casa Rosada a mover ficha. Con una deuda multimillonaria en discusión y un calendario judicial en marcha, el Gobierno ya no puede dilatar el conflicto. El 10 de junio deberá mostrar números. Y en esa mesa no solo se juega un reclamo financiero: también se expone el costo político del ajuste.
